Un grupo de ex jefes de Estado y de Gobierno de derecha y conservadores de América Latina y España solicitó a organismos internacionales, como la ONU y la OEA, que intervengan ante las presuntas violaciones de derechos humanos que afectan el proceso judicial del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
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En una carta enviada a Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y otros altos funcionarios internacionales, los firmantes demandaron que se protejan los derechos al debido proceso y a una defensa justa del exmandatario.
En la misiva, los firmantes señalaron que el caso de Uribe presenta una serie de irregularidades, las cuales incluyen interceptaciones ilegales de comunicaciones privadas, filtraciones de documentos procesales a la prensa y la utilización de testimonios cuestionados en su contra.
Además, destacaron que la Fiscalía General de la Nación cambió su postura en dos ocasiones respecto al caso, pasando de solicitar la preclusión por falta de pruebas a acusar al expresidente sin un fundamento sólido.
Expresidentes locales e internacionales que apoyan a Álvaro Uribe
Los expresidentes, entre los que figuran Mauricio Macri (Argentina), Iván Duque (Colombia), Guillermo Lasso (Ecuador), Felipe Calderón (México), José María Aznar (España), Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Mireya Moscoso (Panamá), entre otros, hicieron un llamado urgente para que se active un mecanismo de monitoreo internacional y se tomen medidas de protección, ante lo que calificaron como un “precedente nefasto” para el respeto de los derechos fundamentales en Colombia.
Los firmantes pidieron que se realicen recomendaciones urgentes y que se exija al Estado colombiano información detallada sobre los estándares procesales aplicados en el juicio, con el fin de evitar que se consolide una injusticia.
Según explicaron, el proceso judicial contra Uribe ha sido marcado por la falta de garantías legales, lo que podría sentar un precedente peligroso para el Estado de derecho en el país.
Uribe fue condenado este viernes a 12 años de prisión, tras ser declarado culpable de tres conductas de soborno en actuación penal, dos de fraude procesal y absuelto del delito de soborno simple.
Así lo estableció la sentencia leída por la jueza Sandra Liliana Heredia, en la que se le concedió al exmandatario el beneficio de prisión domiciliaria, quien deberá cumplir la determinación de inmediato.