En varias zonas rurales del noroccidente del Huila ya no son las autoridades las que, según la Defensoría del Pueblo, fijan las “reglas de convivencia”.
La entidad advirtió que el Frente Ismael Ruiz y la Compañía Móvil Julián González, estructuras del Bloque Central Isaías Pardo del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), liderado por alias Iván Mordisco, han comenzado a imponer “manuales de convivencia”, horarios de movilidad y restricciones para el ingreso de personas foráneas como parte de una estrategia para consolidar su control territorial.
La advertencia quedó consignada en la Alerta Temprana 016 de 2026, emitida por la Defensoría del Pueblo para los municipios de Aipe, Neiva (zona occidental), Palermo, Santa María y Teruel.
El organismo alertó además sobre un alto riesgo de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por la expansión de estas estructuras armadas, que controlan corredores estratégicos entre Huila, Tolima y Cauca.
Según la Defensoría, ese dominio no solo se expresa a través de las armas.
La entidad aseguró que líderes comunales estarían siendo obligados a transmitir las órdenes del grupo armado a las comunidades, una situación que los expone tanto a amenazas de la organización ilegal como a procesos de estigmatización.
A ello se suman extorsiones contra caficultores, ganaderos, mineros de mármol y transportadores, quienes, según el documento, son citados en zonas rurales para acordar pagos bajo presión.
“(Los líderes sociales) son coaccionados para transmitir instrucciones del grupo armado a la comunidad, lo que los expone a estigmatización y amenazas”, dice la alerta.
La entidad también reportó que durante 2025 documentó al menos seis homicidios “ejemplarizantes”, cometidos, presuntamente, contra personas señaladas de incumplir las “normas” impuestas por el grupo armado.
Además, advirtió sobre otras conductas que podrían constituir infracciones al derecho internacional humanitario, como el uso de viviendas civiles durante enfrentamientos, la ocupación de centros educativos y la posible utilización de drones cargados con explosivos.
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La alerta señala que uno de los mayores riesgos recae sobre niñas, niños y adolescentes, quienes estarían siendo reclutados mediante promesas de dinero, regalos como motocicletas y celulares, y estrategias de captación a través de redes sociales.
También identifica como poblaciones especialmente vulnerables a los firmantes del Acuerdo de Paz y a las comunidades indígenas del pueblo Nasa, cuyo gobierno propio se vería afectado por el avance territorial de la estructura armada.
Ante este panorama, la Defensoría formuló 19 recomendaciones que le enviaron, directamente, a las autoridades.
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La entidad aseguró que, en caso de no acatarlas, los riesgos incluyen:
1. Presencia y accionar más robustos del Bloque Central Isaías Pardo para asegurar el control hegemónico de los corredores viales hacia el Tolima, logrando una consolidación de carácter subregional.
2. Uso de nuevos métodos de guerra, específicamente drones cargados con explosivos, con efectos indiscriminados sobre personas y bienes civiles.
3. Afianzamiento de las normas impuestas mediante el mantenimiento de “violencias ejemplarizantes” y amenazas contra quienes el grupo armado considere infractores.
4. Organización de nuevas compañías móviles (adicionales a la Julián González) para expandir el posicionamiento territorial hacia el centro y norte del departamento del Huila.
5. Persistencia del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) para ser trasladados a zonas de combate en Cauca o la Orinoquía como “carne de cañón”.
6. Extensión del control del autodenominado EMC sobre las comunidades del pueblo Nasa.
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