La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de prisión al coronel en retiro del Ejército Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad penal en 72 casos de ejecuciones extrajudiciales, conocidos como falsos positivos, ocurridos cuando estuvo al mando del Batallón de Artillería La Popa No. 2, en Valledupar.
La decisión lo declara culpable como coautor mediato de homicidio en persona protegida, desaparición forzada y tortura, en el marco de un patrón de macrocriminalidad que involucró alianzas con estructuras paramilitares.
La condena contra Mejía es el resultado del primer Juicio Adversarial Transicional adelantado por la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo previsto para los comparecientes que no reconocen responsabilidad ni aportan verdad ante la Sala de Reconocimiento.
En este escenario, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) llevó el caso a juicio y logró probar su responsabilidad penal por 35 hechos representativos que dejaron 72 víctimas entre 2002 y 2003, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.
La magistratura concluyó que las víctimas eran en su mayoría campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, así como jóvenes desempleados, quienes fueron presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.
Para la JEP, los asesinatos no fueron hechos aislados, sino parte de una estructura criminal que operó de manera sistemática dentro del Batallón de Artillería La Popa bajo el mando del entonces coronel.
Un aparato ilegal para fabricar bajas
El fallo estableció que existió un ilegal aparato organizado de poder integrado por miembros del batallón, cuyo objetivo era producir resultados operacionales ficticios para inflar estadísticas de seguridad, generar una percepción artificial de control territorial y obtener reconocimiento de los altos mandos militares.
Para ello, se utilizó un “kit de legalización” con armas, uniformes y material de intendencia que permitía montar escenas de combates inexistentes.
La JEP identificó tres modalidades delictivas: alianzas con el frente Mártires del Cesar de las AUC, que entregaba civiles o cuerpos para ser reportados como bajas; ejecuciones directas de población civil señalada falsamente como “objetivo militar”; y asesinatos de combatientes heridos o personas que ya habían depuesto las armas, en abierta violación del Derecho Internacional Humanitario.
En uno de los episodios más graves, ocurrido en la Hacienda El Socorro, la orden fue explícita: “matar a todos, no dejar sobrevivientes”.
La sentencia también desmontó de manera frontal la versión oficial que durante años sostuvo que se trató de enfrentamientos armados. La magistratura concluyó que está probado que las víctimas no eran combatientes, sino personas que realizaban actividades cotidianas como recolectar café o cazar conejos, y que sus familias fueron engañadas con relatos de combates que nunca existieron.
Además de la pena ordinaria de 20 años de prisión efectiva, la JEP negó cualquier beneficio alternativo: Mejía no tendrá suspensión condicional de la pena, ni prisión domiciliaria, y se ordenó expedir orden de captura, la cual solo podrá ejecutarse cuando la sentencia quede en firme.
Mientras tanto, el coronel en retiro deberá permanecer sometido al régimen de condicionalidad, cumplir las obligaciones impuestas por la jurisdicción y no salir del país sin autorización previa.
El fallo también ordenó la revocatoria de condecoraciones y felicitaciones otorgadas por estos supuestos resultados operacionales, la realización de un acto público de petición de perdón en Valledupar en nombre de las Fuerzas Militares y el avance en la búsqueda, identificación y entrega digna de las víctimas que aún permanecen como no identificadas.
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