Tras la primera sentencia emitida por la JEP —que sancionó la máxima pena para los responsables por secuestros y otros crímenes recurrentes—, Camilo Fagua Castellanos, coordinador de la Defensa de los Firmantes del Acuerdo de Paz habló con EL COLOMBIANO sobre lo que viene tras la decisión.
Esta semana, tras casi una década de haber firmado el acuerdo de paz, el país conoció el primero de 11 fallos sobre macrocasos que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitirá.
En esta ocasión, siete excomandantes de las Farc admitieron haber cometido crímenes relacionados al secuestro con fines de financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial.
Los comparecientes en la sentencia son: Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’.
La JEP les impuso la pena máxima que podían tener en la justicia transicional: ocho años de sanción propia. Es decir, los condenados no tendrán privación de la libertad en centro carcelario, sino que realizarán trabajos y acciones orientados a la reparación simbólica, reconstrucción del tejido social, restauración ecológica y dignificación de las víctimas.
Es un camino largo que necesitará garantías. Es por eso que, en entrevista con EL COLOMBIANO, Camilo Fagua Castellanos, coordinador de la Defensa de los Firmantes del Acuerdo de Paz dio claridades acerca de lo que se viene tras la decisión.
”Durante la Audiencia de Verificación del Macrocaso 01, realizada en Bogotá, el pasado 1 de agosto, se ratificó el compromiso de los Firmantes de Paz, de seguir en sus procesos de aporte a la verdad en los diferentes escenarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
No obstante, existen casos en los que verificar ciertos detalles, acciones o circunstancias, resulta humanamente imposible, pues quienes conocen de esos detalles, fallecieron antes de la firma del Acuerdo en el marco de la confrontación, fueron asesinados en el proceso de reincorporación o son personas de quien no se tiene rastro. Entendemos el dolor de las víctimas y la necesidad de tramitar ese dolor a través de la obtención de verdad, pero, desafortunadamente, en algunos casos esa verdad no puede llegar por falta de condiciones objetivas.
Importante recordar que la JEP, por medio de la Sala de Reconocimiento, hizo un proceso de contrastación en el cual seleccionó los casos más graves y representativos que ejemplifican los patrones y las conductas no amnistíales. Los comparecientes han atenido más de 400 versiones individuales y colectivas que atienden a las demandas de verdad de las víctimas”.
“No. Los 7 comparecientes que integraron el último secretariado de las extintas FARC-EP, reconocen la existencia de la política de secuestros. De esta práctica se generaron hechos graves denunciados por las victimas como la esclavitud, sin embargo, nunca obedecieron a políticas o directrices oficiales de la organización no configuraron jurídicamente el crimen. Los comparecientes han reconocido trabajo forzados y otros crímenes asociados”.
“La metodologías utilizadas por la JEP hasta el momento puede conducir a la impunidad. A la JEP le quedan menos de 10 años. De los 11 macro casos que investiga 8 de ellos relacionan a las FARC. Dejando a un lado los fenómenos de criminalidad estatal en Colombia.
Es necesario también que la JEP retorne a su misión esencial pactada en el Acuerdo: cerrar jurídicamente el conflicto, brindando seguridad jurídica a los firmantes de paz y garantizando, de manera integral, los derechos de las víctimas.
La fragmentación en la aplicación de justicia no solo debilita este propósito, sino que termina yendo en contravía de quienes más esperan verdad, reparación y no repetición”.
“En esta fase de implementación de las sanciones el Estado tiene un rol protagónico, ya que debe garantizar condiciones concretas, para poder desarrollar un ejercicio restaurativo-reparador de forma integral. Actualmente uno de los factores más preocupantes es la seguridad, pues a la fecha son más de 470 firmantes de paz asesinados.
La ausencia de garantías de seguridad obstaculiza el abordaje de las 4 grandes líneas de acción que componen las sanciones propias, ya que el trabajo en el territorio de la mano con las comunidades es el eje de la reconstrucción del tejido social.
Por otro lado, quedó cierta preocupación en materia presupuestal, tras las intervenciones, durante la Audiencia de Verificación, de las diferentes entidades estatales que participan directamente en la ejecución de las sanciones en sus diferentes líneas de acción”.
”No lo hemos definido”.
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