Una jueza colombiana declaró esta semana al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable de fraude procesal y soborno en un caso que ha polarizado al país. Luego de confirmar la sentencia, Uribe enfrentará, en primera instancia, una pena de 12 años de prisión domiciliaria.
Luego de la lectura del fallo por parte de la jueza Sandra Liliana Heredia, sus abogados anunciaron que apelarán la decisión, lo que podría llevar el caso hasta las últimas instancias, es decir, a la Corte Suprema de Justicia.
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“Los enemigos políticos de Álvaro Uribe nunca le han perdonado haber ganado la guerra contra el narcoterrorismo de izquierdas durante su presidencia de Colombia (2002-2010)”, afirmó el reconocido medio de comunicación The Wall Street Journal de Estados Unidos en una de sus más recientes editoriales de opinión.
Este veredicto marcó un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento judicial del exmandatario, cuyo pasado político sigue generando intensas divisiones en Colombia. Mientras sus defensores hablan de una persecución política, sus detractores ven el fallo como un paso hacia la justicia en el país.
El origen del proceso se remonta a una denuncia de Uribe en 2017 contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de buscar testigos falsos en su contra.
Sin embargo, en 2018, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia no solo desestimó el caso, sino que decidió abrir una investigación contra Uribe por manipulación de testigos.
Argumentos clave en la defensa y la acusación
La Fiscalía, que llevó el caso, alegó que Uribe implementó una estrategia para “obligar a los testigos a retractarse de sus declaraciones y construir un relato exculpatorio que favorecía sus intereses personales”.
Las pruebas se basaron, en gran medida, en interceptaciones telefónicas y grabaciones de conversaciones entre el abogado de Uribe y un exparamilitar.
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“Los grupos de izquierda colombianos y sus simpatizantes políticos tienen buenas razones para resentirse con Uribe”, detalló el medio internacional. La defensa, por su parte, ha señalado que el proceso estuvo lleno de irregularidades.
Argumentan que se violó el debido proceso al excluir a los abogados de Uribe de las investigaciones iniciales y al usar como evidencia grabaciones que, según afirman, no deberían ser admisibles en un tribunal. También sostienen que la fiscalía seleccionó fragmentos de las grabaciones para tergiversar su contenido.
“Algunas de las idas y venidas sugieren una negociación para obtener asistencia legal, pero eso dista mucho de ser un soborno”, afirmaron los abogados, defendiendo la inocencia de su cliente y cuestionando la interpretación de las pruebas presentadas.
La posibilidad de que se revoque el fallo en la siguiente instancia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Sin embargo, para este medio internacional, el actuar del abogado de Uribe no fue descabellado.
“No es inusual que abogados colombianos visiten a presos en prisión para hablar sobre sus testimonios. Los exparamilitares suelen cambiar sus versiones, y es normal preguntar qué puede hacer el abogado por ellos”, expresó el editorial.
El contexto político detrás del caso de Uribe
Para el periódico estadounidense, Uribe, de 73 años, y quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, es una figura central en la historia reciente del país.
Durante su presidencia, “lideró una ofensiva militar contra las guerrillas de izquierda”, por lo que para ellos esto le valió una alta popularidad, pero también una fuerte oposición.
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Para el medio internacional, los críticos de Uribe señalaron que el veredicto es una consecuencia de sus acciones, mientras que sus simpatizantes lo ven como un acto de venganza política. “Los abogados del Sr. Uribe también insisten en que el fiscal seleccionó fragmentos de las grabaciones para engañar al tribunal y al público”, dijo el WSJ.
La decisión de la corte de apelaciones será crucial para definir el futuro político y judicial de Uribe, así como la percepción del Estado de derecho en Colombia.
“Estas son solo algunas de las violaciones del derecho del Sr. Uribe al debido proceso. La posibilidad de que este derecho sea restituido en apelación será una prueba crucial para el Estado de derecho en la democracia más antigua de Sudamérica”, concluyó el editorial.
Vea, Las pifias de la juez del caso Uribe:
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