Eran las 9:30 a. m. y todavía Juliana Guerrero, la exasesora del Ministerio del Interior, no había llegado a la citación para comparecer ante una denuncia que le radicó ante la Corte Suprema de Justicia a la Representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza. Ante esto, la congresista del Partido Dignidad y Compromiso, al salir del recinto, anunció que “no se realizó la audiencia de conciliación porque la señora Guerrero lamentablemente no asistió, a pesar de ser ella la denunciante”.
Esta polémica inició cuando Juliana Guerrero denunció a la congresista por delitos informáticos y calumnia, luego de que Pedraza cuestionara la hoja de vida y los títulos presentados por la joven para ser postulada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Y, expresó en sus declaraciones, que esto se podría tratar un “cartel de títulos universitarios”.
En contexto: Cara a cara en la Corte Suprema: Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza se enfrentan por denuncias académicas
Pedraza sostuvo que los recientes hallazgos de la Fundación Universitaria San José evidencian que Guerrero registró títulos fraudulentos ante las autoridades y obtuvo cargos públicos sin haber obtenido una titulación válida.
Además, Pedraza agregó que Guerrero habría pedido un aplazamiento: “Ella pidió un aplazamiento que fue negado por el magistrado de la Corte Suprema. Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte”.
Las declaraciones de la congresista
Tras la falta de asistencia de Guerrero en la audiencia de conciliación, Pedraza aseguró que con el paso de las semanas, han surgido nuevos elementos que podrían explicar esta decisión de la exasesora del Minsiterio del Interior.
“Cuando ella me denuncia, no se sabía que todo lo que pública se conoce: que no tiene Saber PRO, no tiene Saber TyT, que no está reportada en el SNIES, que la misma San José ha reportado que ella no fue a clase...”, dijo. Además, aseguró que tampoco habría “registro académico de su paso por la universidad Popular del César”.
Inmediatamente, por sus redes sociales, Jennifer Pedraza escribió que el conflicto legal que enfrenta con la exasesora no debe interpretarse como una disputa individual, sino como un asunto con implicaciones institucionales.
No obstante, sí insitió en que: “esto no termina aquí: no es un conflicto personal. Llamarlo ‘Caso Juliana Guerrero’ encubre a quienes tienen más poder y responsabilidad: el Gobierno Petro, MinEducación, MinIgualdad y la Fundación Universitaria San José”, señaló.
Según explicó, esta denuncia, que ha tomado mucha fuerza en la opinión pública, es una acusación sobre presuntas irregularidades en el acceso a un cargo público clave. “Esta es una denuncia a un nombramiento sin requisitos para un cargo que decide sobre los derechos de la juventud, y a un sistema que no garantizó calidad educativa”, dijo.
Y que, además, habría ocurrido “lo peor”. Expresó que todo se debía a “un Gobierno que ignoró el mérito, un Ministerio que falló en vigilancia, una universidad que entregó un título irregular y una persona que quiso aceptar un cargo sin idoneidad”.
De igual manera, reafirmó que sus denuncias derivaron en un proceso legal que considera injustificado: “Y señalarlo terminó convertido en un proceso judicial: una forma de intimidación hacia mí, en contra del control político y una afrenta a la democracia”, remató.
Por último, hizo un duro señalamiento al gobierno de Gustavo Petro: “Debemos exigir. Al Gobierno: nombren con mérito. A MinEducación: vigilen las universidades y protejan el esfuerzo estudiantil. A MinIgualdad: actúen con rigor”.
Contratos polémicos y tutela previa
A pesar de sus cuestionados títulos, de acuerdo con la Revista Semana, Guerrero ha firmado millonarios contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Universidad Industrial de Santander, cumpliendo funciones de asesoría, seguimiento y revisión Además, años atrás interpuso una tutela buscando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgara un esquema de seguridad debido a los riesgos que enfrentaba como líder estudiantil en el Cesar.
Según fuentes del Gobierno consultadas por EL COLOMBIANO, Guerrero mantiene un enfrentamiento legal con la universidad, insistiendo en que sí posee registros académicos. Por otro lado, la base oficial del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) no refleja matriculación en las carreras mencionadas, ni registros de notas. Tampoco se encontraron resultados de las Pruebas Saber Pro, que la joven admitió presentaría hasta el 8 de noviembre, una condición obligatoria para obtener el título.
No obstante, Guerrero ha asegurado que su prioridad es aclarar su situación académica y que no tiene interés en acceder a cargos públicos por ahora.
El proceso legal contunúa, ahora está en manos del magistrado de la Corte elegir si se archiva toda la investigación o se va a pedir algún tipo de pruebas más para indagar sobre la veracidad de las denuncias que Guerrero hace en contra de Pedraza.
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