La decisión responde a una tutela presentada por la Defensoría del Pueblo y busca garantizar los derechos de más de 2.300 personas afectadas por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN.
El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó falló a favor de una tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de cinco resguardos indígenas del municipio de El Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó.
La medida busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades El Doce–Quebrada Borbollón, La Puria, El Dieciocho, Río La Playa y El Fiera, que desde inicios de 2025 permanecen confinadas por la intensificación del conflicto armado.
Según informó la Defensoría, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han restringido la movilidad de las comunidades del pueblo Emberá Katío, limitando su acceso a alimentos, atención médica y medios de subsistencia.
La entidad advirtió que la situación vulnera derechos esenciales como la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la libertad de circulación, además de generar un riesgo particular para mujeres, niñas, niños y adultos mayores.
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El fallo judicial ordena a la Gobernación del Chocó y a la Unidad para las Víctimas coordinar acciones urgentes de asistencia humanitaria. Entre las medidas dispuestas se incluye el suministro de alimentos y la prestación de servicios de salud a 682 familias —unas 2.334 personas— pertenecientes a los cinco resguardos afectados.
La Defensoría subrayó que la falta de atención oportuna podría agravar el deterioro de las condiciones de vida en la zona.
La decisión también requiere la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para garantizar la protección de los menores de edad, ante el temor de las familias por posibles desplazamientos forzados y el riesgo de reclutamiento por parte de los grupos armados.
Algunos hogares, según el informe, han manifestado su intención de migrar hacia Medellín por miedo a quedar atrapados en medio de los combates.
De igual forma, el Ejército Nacional deberá brindar acompañamiento y seguridad a las comunidades, así como apoyo logístico a las instituciones encargadas de ejecutar las acciones humanitarias. La orden busca asegurar que los equipos de atención puedan ingresar a los territorios sin poner en riesgo a la población civil.
Para la Defensoría del Pueblo, el fallo constituye un paso clave en la protección de las comunidades indígenas que habitan las zonas más afectadas por el conflicto armado en el Chocó, una región donde la disputa entre grupos ilegales ha recrudecido en los últimos meses.
La entidad recordó que el confinamiento prolongado no solo impide el acceso a bienes básicos, sino que también amenaza la permanencia cultural y territorial del pueblo Emberá Katío.
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