La investigación contra el exembajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, sigue en curso en la Corte Suprema de Justicia, aunque a paso lento. Desde hace casi dos años el proceso se ha visto afectado por la ausencia de su abogado de confianza, situación que ha derivado en repetidos aplazamientos y en un choque con el alto tribunal sobre cómo garantizar el derecho a la defensa sin permitir dilaciones indefinidas.
La primera vez que Romero notificó que estaba sin abogado fue en diciembre de 2022, desde entonces el proceso ha avanzado con tropiezos. Cada vez que la Corte reanuda las diligencias, el exgobernador alega que no puede continuar porque su apoderado principal, el penalista Miguel Ángel del Río, no se encuentra disponible.
El pasado 8 de septiembre, cuando la Sala de Instrucción decidió retomar las audiencias, Romero pidió nuevamente el aplazamiento asegurando que Del Río estaba incapacitado por motivos de salud.
En esa diligencia, la Corte resolvió que el proceso no podía seguir detenido y designó a la abogada Ruth Marina Pulido como defensora de oficio. El tribunal explicó que esta figura permite garantizar la representación judicial en ausencia del abogado titular y así evitar que el juicio se prolongue indefinidamente.
La reacción de Romero fue inmediata. En plena audiencia manifestó su inconformidad y aseguró que no aceptaba la defensa de oficio porque en su criterio se trataba de acelerar a toda costa el proceso en su contra.
Aunque agradeció la disposición de la abogada, Romero insistió en que la etapa actual del juicio requiere la presencia de Del Río, como su abogado de absoluta confianza. También anunció que interpondría una acción de tutela e incluso acudiría a instancias internacionales.
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El exfuncionario reiteró que lo que está ocurriendo hace parte de lo que él denomina un “sicariato judicial”, un entramado que, según él, comenzó ocho años atrás bajo la gestión del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Señaló además que lo que ha hecho la Corte es un atropello sin precedentes que golpea su defensa.
La Corte investiga a Romero por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como gobernador de Nariño. En 2016 se autorizó la venta a crédito de 80.000 cajas de Aguardiente Nariño por más de 18.000 millones de pesos, negocio que hoy está bajo la lupa judicial.
Por estos hechos se le imputan los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales y falsedad ideológica en documento público.
El contrato fue suscrito mientras Romero se encontraba fuera del país, lo que dejó en manos del Secretario de Hacienda departamental la operación. La Procuraduría General de la Nación revisó lo ocurrido y en segunda instancia confirmó una sanción de suspensión por cuatro meses al concluir que Romero no ejerció la vigilancia ni el control debido sobre las actuaciones de su funcionario.
El debate se concentra en determinar si la ausencia del abogado es una circunstancia inevitable o si responde a una estrategia de Romero para frenar el proceso.
La decisión del alto tribunal de imponer un defensor de oficio busca destrabar el proceso. En la práctica, esta figura asegura el derecho a la defensa y al debido proceso, aunque Romero insiste en que se desconoce su derecho a elegir el abogado que lo represente, sin importar el tiempo que tarde en reincorporarse.
Por ahora, el juicio sigue aplazado. El exgobernador asegura que no existe una sola prueba en su contra, mientras el alto tribunal insiste en avanzar pese a los intentos de frenar las audiencias.
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