La jueza 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió no imponer medida de aseguramiento intramural contra los capturados por el presunto caso de corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército, una investigación que sigue en curso y que dejó a los procesados en libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La determinación judicial benefició a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, oficial de la Brigada de Aviación Nº 32 del Ejército Nacional, quienes continuarán vinculados al proceso penal.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en el contrato 012 de 2024, suscrito el 31 de diciembre de ese año entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company Inc., por un valor de 32,4 millones de dólares, cuyo objeto era el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 en sus distintas versiones.
Según la tesis del ente acusador, en la estructuración y ejecución del contrato se habrían presentado decisiones administrativas que derivaron en riesgos para los recursos públicos, entre ellas la modalidad de contratación directa, la flexibilización de requisitos técnicos y financieros, y la aprobación de modificaciones contractuales que cambiaron la forma de pago originalmente pactada.
Uno de los puntos centrales del expediente es el anticipo del 50 % del valor del contrato, equivalente a 16,2 millones de dólares, girado en abril de 2025, pese a que el avance físico del contrato, de acuerdo con informes oficiales, apenas alcanzaba un 8 %, concentrado principalmente en uno de los seis anexos técnicos.
La Contraloría General de la República, en un documento de advertencia fiscal dirigido al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, señaló que el contrato presentaba “un riesgo significativo de incumplimiento” y advirtió sobre la posibilidad de pérdida de recursos públicos, en especial del pago anticipado, al tratarse de una empresa extranjera sin activos conocidos en Colombia.
El órgano de control explicó que, en el seguimiento preventivo al contrato, se identificaron debilidades en las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras previas, así como contradicciones entre los conceptos que inicialmente calificaron a la empresa como financieramente solvente y las posteriores justificaciones usadas para modificar la forma de pago con el argumento de mitigar riesgos de liquidez del contratista.
La advertencia fiscal también dejó constancia de que varios anexos del contrato, relacionados con overhaul de aeronaves, motores y adquisición de repuestos, no registraban avances, mientras que los helicópteros y componentes permanecían en hangares del Ejército, pese a que el plazo de ejecución finalizaba en noviembre de 2025.
En el expediente reposan además comunicaciones internas en las que supervisores del contrato alertaron desde febrero de 2025 sobre retrasos, dificultades para exportar las aeronaves al exterior y posibles incumplimientos, y solicitaron iniciar los procedimientos contractuales correspondientes, decisiones que, según la Contraloría, se adoptaron de manera tardía.
La jueza, al resolver la situación jurídica, consideró que si bien los elementos presentados permiten mantener abierta la investigación, no se acreditaron los presupuestos necesarios para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que los procesados deberán atender los requerimientos de la justicia sin restricción de su libertad.
El proceso penal continuará mientras la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer responsabilidades individuales en la celebración, modificación y ejecución del contrato, un negocio que sigue bajo la lupa de los entes de control por su impacto fiscal y por las implicaciones operativas que tiene la disponibilidad de la flota aérea del Ejército Nacional.
Los antecedentes del cuestionado negocio
El contrato de los helicópteros Mi-17 se venció el pasado 15 de noviembre sin haber cumplido su objetivo, lo que aceleró la investigación de la Fiscalía.
Tal cual ha venido informando EL COLOMBIANO, esas aeronaves de fabricación rusa adquiridas en los 80 son muy importantes para el transporte de tropas, insumos y tareas logísticas, dada su capacidad superior de carga de hasta 5 toneladas y un pelotón de 24 soldados equipados.
Su mantenimiento se complicó en 2022, por las restricciones comerciales que EE.UU. y Europa le impusieron al Kremlin cuando invadió a Ucrania. En consecuencia, se congeló el contrato que Colombia tenía con la compañía rusa NHC Mil&Kamov S.A.
Pasados tres años, de los 20 Mi-17 con los que cuenta la Aviación del Ejército, solo cinco estaban activos, perjudicando las operaciones en el terreno, por lo que el MinDefensa suscribió un convenio por US$32,4 millones con la firma estadounidense Vertol Systems Company Inc.
La promesa era cerrar el año con 11 helicópteros en el aire, por lo que la cartera de seguridad entregó un anticipo del 50% del contrato.
Pese a esto, la empresa gringa incumplió. Según la Contraloría, apenas ejecutó el 8% de lo convenido, situación que provocó la apertura de una investigación preliminar de la Procuraduría.
El ministerio, por su parte, emitió una resolución multando a Vertol Systems por un monto de US$9 millones y exigiendo la devolución de los US$16 millones del anticipo.
Lo peor de todo, es que este grave desenlace ya parecía advertido. EL COLOMBIANO tuvo acceso a documentos oficiales en los que se aprecian presuntas irregularidades ligadas al proceso de contratación.
Tal cual consta en una denuncia instaurada en la Procuraduría, a principios de 2024 el Ministerio invitó a 10 empresas locales y extranjeras a evaluar el estado de las aeronaves en el Fuerte Militar de Tolemaida, para que enviaran su diagnóstico y cotización.
En octubre de ese año, indica el documento, y sin haber contestado a ninguna de las cotizaciones, el ministerio se inclinó por la firma estadounidense Mi-series Personnel & Parts LLC, sin presentar justificación alguna para haberla seleccionado por encima de las demás propuestas.
El 6 de noviembre de 2024 llegó a la Aeronáutica Civil una carta de NHC Mil&Kamov S.A., la firma desarrolladora de los helicópteros, alertando sobre esa posible negociación.
“La empresa Mi-series Personnel & Parts LLC no tiene una base legal para realizar reparación capital (overhaul) o modificación de los helicópteros Mi, no tiene convenios de acompañamiento para el diseño y el apoyo tecnológico con los fabricantes del helicóptero (...), no tiene personal capacitado ni certificado”, advirtió la misiva, firmada por A.M. Soldatov, diseñador jefe para los servicios de postventa y operación de NHC Mil&Kamov.
El Ministerio, y luego la Aeronáutica Civil, enviaron comisiones a EE.UU. para confirmar si la cuestionada empresa contaba o no con las capacidades para ejecutar el contrato, confirmando que no tenían los permisos en orden.
Ante tal riesgo, y frente a las quejas elevadas por las otras compañías oferentes, el Ministerio descartó a Mi-series Personnel & Parts LLC y optó a última hora por Vertol Systems, firmando un contrato el 31 de diciembre de 2024, en plena fiesta de Año Viejo.
Parece que el relajo se transfirió a la ejecución del convenio, porque mientras los abogados de ambas partes se enfrentan a demandas civiles por el incumplimiento, el 80% de la flota sigue varada en los hangares, poniendo en riesgo el despliegue militar contra los grupos armados ilegales.
Es tan crítica la situación, que al Ejército le toca poner en servicio el Mi-17 usado en la famosa Operación Jaque de 2008, en la que fueron rescatados 15 secuestrados que estaban en poder de las Farc en Guaviare.En ese entonces, el presidente Juan Manuel Santos anunció que, por su antigüedad, sería puesto en un museo, en homenaje al logro militar. Pero no, el vetusto aparato todavía no se jubila y su mantenimiento está embolatado.
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