Hace una semana, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, le envió una carta al mandatario electo, Abelardo de la Espriella, en la que le propuso sostener una reunión institucional para presentar los avances del tribunal, exponer los principales retos que enfrenta y abrir un canal de diálogo con la próxima administración. La respuesta ha sido el silencio.
“Hasta el momento no hemos tenido respuesta; yo en mi carta insistí que, en el marco de la Constitución, de la separación de poderes y con pleno respeto a la autonomía judicial, porque somos jueces, ante todo, podemos tener un diálogo institucional, constructivo, formal sobre la JEP dentro de las competencias y separación de poderes”, dijo Ramelli en conversación con Caracol Radio.
La invitación y el respectivo silencio institucional llegan en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de la justicia transicional. Aunque De la Espriella no ha planteado expresamente eliminar la JEP, durante la campaña y después de su elección ha cuestionado su funcionamiento.
Por ejemplo, la ha calificado como un “tribunal de venganza” y ha defendido que los exintegrantes de las Farc deben cumplir penas de cárcel, una postura que supone un cambio frente al modelo de sanciones propias previsto por la jurisdicción.
Más recientemente, al anunciar que desmontará la Consejería para la Paz, el presidente electo aseguró: “Se acaba el comisionado para la Paz porque no habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno. Y a partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad”.
En conversación con EL COLOMBIANO, Ramelli explicó: “Nosotros lo que esperamos es sostener un diálogo técnico, con argumentos, con cifras y con resultados, con el equipo que el señor presidente electo designe. Estamos prestos a establecer ese puente en un contexto de colaboración armónica entre las ramas del poder público”.
Según lo que explicó el magistrado, es importante que el nuevo Gobierno conozca las sentencias, imputaciones a máximos responsables, renuncias condicionadas a la acción penal, medidas cautelares restaurativas, concesión de amnistías, atención a víctimas y asesoría jurídica a comparecientes.
Actualmente, el tribunal le brinda asesoría y soporte jurídico a más de 17 mil comparecientes, además, le da garantías de derechos humanos a más de 439 colectivos conformados por 300.000 personas y 15.000 víctimas acreditadas individualmente en los 11 macrocasos que se desarrollan en aquella institución.
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“Estaría acabando con todo, la JEP no es un edificio de funcionarios, es una reconciliación. Si acaban con la JEP, acaban con los encuentros casi imposibles entre víctimas y comparecientes, sería negarles la posibilidad a los colombianos de la reconciliación”, le dijo Ramelli a Caracol Radio.
En ese sentido, el magistrado ha recalcado varias veces los logros de la JEP, entre ellos el esclarecimiento de patrones macrocriminales, la reconstrucción de la verdad en casos individuales, actos de reconciliación entre víctimas y responsables y la seguridad jurídica otorgada a quienes comparecen ante el sistema.
Todos esos avances fueron reconocidos el pasado 15 de julio en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además, los gobiernos siguientes también deberán garantizar la financiación para que se puedan llevar a cabo las sanciones impuestas recientemente contra el último Secretariado de las Farc por más de 21.000 secuestros y contra 12 exintegrantes de la Fuerza Pública por 135 ejecuciones extrajudiciales (“falsos positivos”) cometidas en el departamento del Cesar.
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Ese punto se encuentra en peligro. “Nosotros tenemos un presupuesto que, entre otras cosas, se brinde apoyo psicosocial a las víctimas”, le dijo el magistrado al medio citado.
En ese sentido, Ramelli no solo instó a Abelardo de La Espriella a aceptar el encuentro con la JEP, sino que también invitó a la ciudadanía colombiana a consultar los testimonios de las personas inmersas en el Tribunal y el avance en los casos.
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