Ni una bola de cristal podría vaticinar lo que le espera a la Nueva EPS, al menos, en los poco más de cuatro meses que le quedan al presidente Gustavo Petro de estancia en la Casa de Nariño.
Aunque en los planes del Gobierno está que esa empresa sea la gran aseguradora del país, como lo fue el Seguro Social, y para eso ha expedido dos decretos que la Rama Judicial detuvo, la realidad muestra que el presente de esta es todo menos buena.
De las últimas noticias que el país ha conocido sobre esa EPS es que el Jefe de Estado le habría pedido la renuncia al actual agente interventor, Luis Óscar Galves, la quinta persona en ese cargo desde que la Superintendencia de Salud la intervino en abril de 2024.
Si bien esa entidad publicó un comunicado de prensa aclarando que ni habría cambio en ese puesto ni se levantaría esa medida administrativa, llevar en la cuenta a cinco interventores en dos años, muestra que el tiempo promedio que ha tenido cada uno para trabajar ha sido de cuatro meses.
En diálogo con EL COLOMBIANO, el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, expresó que “sería el colmo” que cambiaran al funcionario que ocupe ese cargo hasta que termine la actual Administración. “Además de que esa empresa viene con problemas, cada interventor trae una cultura organizacional distinta, se esperaría que quede uno (hasta) que termine este mandato y que intenten darle oxígeno financiero para solventar la crisis que tiene”.
El lío por solucionar
El cambio cada cuatro meses de interventor, a la hora del té, es el menor de los inconvenientes de Nueva EPS. Al fin y al cabo, como explicó a este medio el economista de la salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez, sea quien sea el que esté ahí “va a tener problemas de plata y de deudas”, las cuales se conocen es por datos que publican gremios del sector de la prestación de servicios en salud.
Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) señala que la Nueva EPS fue la que tuvo un mayor incremento en su cartera, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con cerca de $1,7 billones en los regímenes contributivo y subsidiado.
“La forma en que el Gobierno aborda esa problemática es que la culpa será del interventor, así que no le veo una salida rápida a esa situación hasta cambie la Presidencia”, afirmó Rodríguez. Al menos con un cambio que no sea del continuismo del petrismo.
Y se conocen parte de las deudas con las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —hospitales y clínicas— por la vía mencionada debido a la ausencia de reportes recientes de esa aseguradora desde el primer trimestre de 2024, lo cual dificulta tener una fotografía completa en cuanto a lo financiero interno, como del sistema. Esa EPS concentra 11,5 millones de afiliados, equivalentes al 22% del total (corte a febrero de 2026).
Los últimos estados financieros disponibles de Nueva EPS muestran que, a corte del 30 de septiembre de 2023, sus resultados integrales (ingresos versus gastos) fueron de $54.127 millones, mientras que sus pasivos (deudas y obligaciones pendientes de pago) fueron de $6,6 billones.
Por otro lado, lo otro más cercano que se ha conocido fue por cuenta de un informe de la Contraloría General de la República, que advirtió que esa entidad tenía cuentas por pagar —con corte a marzo de 2025— por un valor acumulado de $21,37 billones. Una cifra que pone en evidencia que en menos de un año de intervención las deudas se incrementaron casi cuatro veces.
La ‘fuga’ de afiliados
Datos de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del sistema de salud muestran una realidad: la gente se está yendo de la Nueva EPS. La misma a la que el Gobierno Petro quiso meterle cerca de 2,6 millones de afiliados mediante el Decreto 182 de 2026, cuyos efectos suspendió el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En septiembre de 2025 esa aseguradora tenía 11.741.000 afiliados y, para diciembre, el número pasó a 11.648.000. En 2026, la cifra evolucionó a 11.580.000 en enero y luego a 11.513.000 en febrero (último mes del que hay cifras hasta ahora). Esto quiere decir que en cinco meses se han desafiliado 228.000 personas: que es casi la misma población de Dosquebradas (Risaralda) y Tuluá (Valle del Cauca).
Fuentes del sector salud le indicaron a este diario que una cifra de tal magnitud saliéndose de una aseguradora es, por decir lo menos, anormal en el sistema. Así que, entonces, ¿por qué el Gobierno Nacional insiste con decretos en llevarle más afiliados?
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Y no es solo contar eso. En medio de la crisis financiera del sistema de salud la entidad a la que más le pusieron acciones de tutela ante jueces de la República fue Nueva EPS. Según cifras de la Corte Constitucional, concentra el 12,6% de las tutelas radicadas en todo el país durante 2025.
Este lío lo tendrá que coger con pinzas el próximo presidente, desde una mirada continuista o desde una en la que se reconozca que no es solo una crisis de plata, sino humanitaria que está cobrando vidas y no solo en esa EPS.
Por eso, Rodríguez advierte que “el primer problema en abordar será saber cuál es la situación real de las deudas y su reconocimiento, así como con los estados financieros”. Y recordó que “a cada rato el Gobierno dice que encontraron facturas escondidas, pero no se ahonda más”.
“Habrá que hacer una auditoría seria para concretar el tema de las facturas y hacer un plan de pago de deudas con los principales proveedores e IPS para hacer un saneamiento”.
¿Qué dicen las auditorías sobre Nueva EPS?
A finales de febrero, la superintendente de Salud ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, le dijo a EL COLOMBIANO que esa entidad contrataría a una entidad internacional para hacer una auditoría forense.
Según dijo, ese proceso, una vez terminado, “nos va a mostrar a cuántos muertos les hemos pagado, cuántas facturas mellizas hay y todo lo que siempre hemos escuchado como parte del proceso que no es de ahora”.
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Ese mismo proceso dará luces sobre “tiempos reales para conocer los estados financieros, de qué forma va a trabajar y la posibilidad de que nos entreguen informes parciales”.
“Casi siempre le dicen a uno que entregan un informe al final, pero yo quiero pedirles, con todo respeto y todo reconocimiento por su trabajo, la posibilidad de que nos vayan entregando informes parciales”, dijo la funcionaria.
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