El llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, para que aclare los señalamientos en su contra por las masacres en Ituango y la muerte del defensor de DD. HH. Jesús María Valle, pone de nuevo sobre la mesa algunos de los más graves crímenes que ha dejado el conflicto armado en Antioquia.
De acuerdo con la información consignada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 condenó al Estado colombiano por la complicidad y omisión de sus obligaciones en estos hechos, la primera de las masacres sucedió el 11 de junio de 1996.
Decenas de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) y del bloque Mineros incursionaron en el corregimiento La Granja, del municipio de Ituango, en el Norte del departamento, y recorrieron la cabecera urbana amenazando a la comunidad.
Cerraron los establecimientos comerciales y, con lista en mano, sacaron a varios pobladores de sus viviendas, acusándolos de ser auxiliadores de la guerrilla. A cinco de ellos los torturaron y asesinaron al frente de sus seres queridos, en distintos lugares.
Los matones volvieron a Ituango en 1997, y entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre se ensañaron contra los habitantes del corregimiento de El Aro, repartiendo golpizas, torturas y muerte.
Masacraron a 15 personas, incendiaron 42 viviendas, se robaron 1.200 cabezas de ganado y desplazaron a 1.400 personas, según un informe de la Agencia Nacional de Tierras.
La investigación posterior de Justicia y Paz demostró que José Higinio Arroyo Ojeda (“Ocho Cinco” o “Caballo”), un desertor de las Farc que se sumó a las filas de las autodefensas, fue uno de los que comandaron esas matanzas; también estuvo Isaías Montes Hernández (“Junior”), un mando medio paramilitar enviado desde Urabá.
El objetivo de los criminales era diezmar al bloque José María Córdova de las Farc, que tenía influencia en la región con varios frentes.
En los hechos participaron tres helicópteros, uno de ellos pilotado por el comandante paramilitar Salvatore Mancuso, desde el cual lanzó insumos y abastecimiento para sus huestes. También hubo sospechas de que otra de las aeronaves era de la Gobernación de Antioquia, aunque esto no se ha probado en las diligencias judiciales.
En ambas incursiones, nunca llegaron las Fuerzas Militares para proteger a la comunidad, como indica su misión constitucional.
Posteriormente a esas desgracias, se produjo el asesinato del abogado Jesús María Valle, quien fue concejal de Ituango, diputado de Antioquia y presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento.
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