“El mercenarismo no es otra cosa que trata internacional de personas. Te manipulan, te llevan a otro país y te someten a condiciones precarias sin que cuentes con ningún respaldo legal”.
Con frases como esta, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares iniciaron una agresiva campaña publicitaria y legislativa contra este fenómeno, por el cual cientos de hombres y mujeres retirados de las instituciones castrenses son reclutados para participar en conflictos internacionales y grupos criminales.
La estrategia, que está dirigida a los uniformados de la Policía, la Armada, Ejército y Fuerza Aérea, apareció después de que el presidente Gustavo Petro anunciara que prohibiría esa actividad, debido al asesinato de varios exmilitares y expolicías colombianos en el conflicto interno de Sudán.
Esta semana, a través de las redes sociales y otros canales institucionales, el Gobierno inició una seria de publicaciones dirigidas a militares y policías, las cuales pretenden desestimular su participación en este tipo de negocios.
“Si te llegan con ese tipo de propuestas, di que no. El mejor camino siempre estará aquí, en tu patria y del lado de la legalidad”, reza uno de los mensajes, los cuales vienen acompañados con videos y gráficos elaborados con inteligencia artificial, los cuales muestran a uniformados desdichados por haber aceptado esas ofertas.
“El soldado verdadero no tiene precio. Sirve por deber, no por contrato. El mercenario vende su lealtad al mejor postor; el patriota la entrega solo a su bandera”, trinó al respecto el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez.
Informó que para este miércoles 22 de octubre estaba programado, en la plenaria de la Cámara de Representantes, el último debate del Proyecto de Ley 579/25, “por medio del cual se aprueba la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de ONU el 4 de diciembre de 1989”.
Sin embargo, la sesión fue levantada sin que lograra discutirse la iniciativa. El debate quedó programado para el próximo miércoles.
Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO sobre este asunto, con corte a diciembre de 2024 las autoridades contaba con información de 300 exmilitares y expolicías colombianos asesinados en el conflicto de Ucrania y Rusia, 22 muertos en el conflicto interno de Sudán, 17 encarcelados en Haití por un golpe de Estado y seis más desaparecidos en México a manos de carteles del narcotráfico.
“El mercenarismo debe prohibirse en Colombia. Los militares deben tener un mejor nivel de vida en Colombia, pero los dueños de la sangre joven derramada por dinero en pueblos extranjeros deben ser castigados penalmente. Le solicito a la Cancillería buscar caminos en África de retorno de nuestros jóvenes engañados”, trinó en ese entonces el presidente Petro.
Según fuentes del Gobierno Nacional, la Cancillería estima que unos 800 colombianos han trabajado de mercenarios en el extranjero entre 2020 y 2025, pero debido al subregistro, se cree que la cifra ronda los 3.000 en realidad.
Los servicios de los mercenarios colombianos son requeridos principalmente por 16 países: Estados Unidos y México (Norteamérica); El Salvador, Haití y Honduras (Centroamérica); Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Siria y Yemen (Asia); Sudán, Somalia, Libia y Nigeria (África); y Ucrania (Europa).
Algunos de esos países no son el destino principal del trabajo, sino el sitio donde los contratan para luego desplegarlos en otras regiones, lo que hace más difícil seguirles la pista.
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