A poco más de cuatro meses de terminarse el periodo del presidente de Gustavo Petro, su Ministerio de Salud cayó en el colmo de los colmos: creó un “detector de mentiras” que dice mentiras. O al menos, manipula información para salvar de responsabilidad a esa entidad y al Gobierno con la crisis financiera y humanitaria que vive el sistema de salud.
En sus cuentas de X (antiguo Twitter) e Instagram, desde que inició el electoral año 2026, el ministerio inició una maniobra de contraataque a las críticas que le llegan constantemente a la entidad, a su cabeza —Guillermo Jaramillo— y hasta al Jefe de Estado.
Se trata, en palabras de los periodistas que trabajan en la oficina de comunicaciones y prensa del Minsalud, de “el Detector de Mentiras, un espacio para pasar del rumor al dato”. Son una serie de videos en los que una periodista sale intentando desmentir notas de prensa, críticas de la oposición a Petro y comentarios de expertos sobre el manejo que en este Gobierno le ha dado al sector con sus decisiones.
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Según conoció EL COLOMBIANO con fuentes de esa entidad, es una estrategia de respuesta oficial a las noticias que salen sobre los diversos temas de su responsabilidad. Estos son investigados por los periodistas que hacen parte de la mencionada oficina y tienen el visto bueno final y de aprobación de alguno de los viceministros: el de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego, o el de Protección Social, Luis Alberto Martínez.
En los videos sale una de las periodistas de la dependencia de prensa (cinco de los 47 que hay) hablando sobre el tema de coyuntura. Por ejemplo, en los últimos dos meses han publicado tres videos sobre los proyectos de reforma al sistema que el Gobierno ha presentado ante el Congreso, la crisis de la Nueva EPS y el número de tutelas que se han presentado por temas referentes a servicios de salud.
De hecho, desde finales de 2025 esa institución empezó a publicar videos respondiendo a los temas por los que les estén dando palo. No obstante, todos los contenidos tienen una cosa en común: manipulan datos, reproducen desinformaciones y sacan noticias de contexto.
Incluso, se estrenó en noviembre pasado con una respuesta al informe de la Defensoría del Pueblo llamado “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados. Un análisis con enfoque territorial en Colombia”.
En esa ocasión, el Ministerio de Salud se atrevió a decir que esa realidad mostrada en ese documento —que hablaba de las dificultades de los pacientes para acceder a los medicamentos— “no existe” y que “es fabricada”.
Para ello, hablaron de “conflictos de intereses” de algunos actores del sistema, pero no presentaron datos que soportaran esas afirmaciones. Así mismo, señaló que sus datos “comprueban” que entre 2022 y 2024 “la entrega de medicamentos de rango medio y alto costo aumentó”. La comunicadora que presentaba el video agregó que “hoy más colombianos acceden a tratamientos complejos que antes eran un privilegio de pocos”.
Sobre lo anterior usaron un recorte de prensa del periódico El Tiempo con esa afirmación, pero lo cierto es que lo señalado es un entrecomillado en ese sentido de un comunicado de prensa que esa entidad emitió el 10 de noviembre del año pasado. Además, no presentó datos que soportaran esa afirmación, a pesar de que expusieran que “son contundentes”.
De igual manera, mencionó un aparte del informe de la Defensoría para sostener que “la falta de transparencia y el mal manejo de los recursos dejaron una cadena de deudas históricas entre los actores del sistema, afectando la disponibilidad de los medicamentos”.
Para eso, el Minsalud resaltó una parte del informe que habla de las “deudas acumuladas de las EPS”, pero en el archivo no hablan de que sean las “deudas históricas”, sino de las actuales.
El párrafo completo señala: “como se mencionó, el sistema de salud en Colombia atraviesa un panorama desfavorable, que se explica, actualmente, en gran medida por la crisis financiera derivada de las deudas acumuladas de las EPS con laboratorios, distribuidores, hospitales, gestores farmacéuticos e IPS”.
El informe menciona más adelante a los equipos básicos de salud (EBS) impulsados por el Gobierno Petro, advirtiendo que el 50% de los recursos para ese programa se han destinado a los departamentos de Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Cesar, Santander y Cundinamarca, pero que en “regiones históricamente afectadas por inequidades, barreras y vulneraciones al derecho a la salud” como en La Guajira, Buenaventura y Casanare los recursos asignados “no superan el 4 % del total”. Lo anterior fue obviado en el video.
Hay más casos recientes en este Gobierno: basta voltear la vista a la cuenta de X de Petro. La última perla que publicó fue que, supuestamente, “la mayoría de las personas que murieron de covid murieron en sus casas y no fueron tratadas”.
Pero, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), las muertes que ocurrieron en casa o domicilio fueron 7.066, es decir, el 7% del total. De estas, 4.814 fueron confirmadas y 2.252 sospechosas.
Nombrar todos los casos —tanto de esa entidad, del ministro Jaramillo y hasta el presidente Petro— daría para un especial, pero en esta entrega EL COLOMBIANO presenta tres casos en los que el “Detector de Mentiras” del Minsalud ha mentido o desinformado en los últimos meses.
Crisis de Nueva EPS: dos años bajo control del Gobierno
En un video publicado el 21 de febrero pasado, el Minsalud sostuvo que “no corresponde a los hechos” decir que la crisis de Nueva EPS “empezó ahora o que la intervención debía resolverla de inmediato”. Para ello, recordó el juicio que enfrenta el expresidente de esa aseguradora, José Fernando Uribe, y cuatro exsocios más por la presunta alteración de los estados financieros entre 2019 y 2022.
Sin embargo, hay que decir que la justicia no ha dado sentencia y cargar contra los acusados la responsabilidad de la situación actual de la aseguradora es desconocer los hechos de los últimos dos años: fue la entidad a la que más entutelaron en 2025 (concentró 12,6% en ese año), desde que la intervinieron (abril de 2024) no presenta estados financieros y desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026 se desafiliaron 228.000 personas (cifra anormal de retiro, según expertos).
¿Esa tal disparada de tutelas en salud no existe?
El 24 de marzo el turno en el “Detector de Mentiras” fue para las tutelas interpuestas por vulneración al derecho a la salud. La presentadora dijo que en 2019, según la Defensoría del Pueblo, se interpusieron 620.257 tutelas y que “fue la cifra más alta hasta la fecha desde que existe este mecanismo”.
Finalmente, calificó de falso el aumento de esas acciones legales, pues “no son un fenómeno reciente ni exclusivo” del Gobierno de Gustavo Petro.
La mentira se cae de su peso porque esa cifra de 2019 corresponde al número total de tutelas, no solo las de salud, y porque esta se incrementó desde 2021, con 462.199, y avanzó a 633.704 en 2022, 742.920 en 2023, 912.614 en 2024 y 923.397 en 2025.
Nunca mencionan cómo subió en los años de Petro en el poder; tampoco, que en 2025, con 312.567, fue el derecho que mayor aumento en número de tutelas presentó, ni que la tasa de tutelas por cada 100.000 afiliados al sistema aumentó en un 57% entre 2023 y 2025, según cuentas del médico Andrés Salcedo.
“El sistema está en crisis porque no se aprobó la reforma”
La más reciente entrega data del pasado 31 de marzo. Allí, la periodista en cámara dijo que el Congreso “bloqueó” los dos proyectos de reforma al sistema y favoreció “el saqueo de los recursos”. Hasta lo culpó de ser el responsable de impedir que el sector “cambie y mejore”. Por eso, sostuvo que ambas reformas se hundieron en la Comisión Séptima y no “pudieron ser debatidas”.
Si bien es cierto que ambas se cayeron en esa corporación —pues previamente triunfó una ponencia que pedía archivarla—, sí se discutieron dos veces en la Cámara de Representantes, en donde también se votó en bloque en jornadas que se extendieron hasta doce horas.
Además, fue tal su debate dentro y fuera del Congreso, que varias las organizaciones de pacientes, grupos de expertos y académicos advirtieron que lo propuesto por el Gobierno acababa con el modelo de aseguramiento (que ha permitido una cobertura universal), terminaba con la libertad de elección y creaba más burocracia. Y aunque por la vía legislativa se hundió, con decretos y resoluciones (algunos detenidos por la rama judicial), Petro ha intentado implementarla de facto.
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