El nuevo ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, se pronunció sobre la muerte del menor Kevin Acosta en medio de una rueda de prensa y aseguró que el sistema de salud debe garantizar la atención sin condicionamientos relacionados con la conducta de los pacientes.
“El sistema de salud debe atender a todas las personas, porque está en medio de la garantía del derecho a la salud, independientemente, digamos, de las conductas que hayan asumido las personas con el cuidado o no de su salud, como en el caso de Kevin”, afirmó el ministro.
Cuervo fue enfático en que el eje del debate debe ser la protección del derecho fundamental a la salud. “¿Qué me interesa a mí? La garantía del derecho a la salud, y esa garantía del derecho a la salud no puede estar restringida ni condicionada, digamos, a comportamientos de los pacientes, en este caso, de las personas”, señaló.
Frente a las posibles fallas en la atención médica del menor, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que las responsabilidades deben ser determinadas por las autoridades competentes del caso, que en este en particular sería la Superintendencia Nacional de Salud.
“Para mí, lo que es importante y las responsabilidades que se puedan establecer sobre posibles fallas de atención médica del niño Kevin, creo que deben ser establecidas por la Superintendencia Nacional de Salud”, indicó Cuervo.
Responsabilidad de las investigaciones recaen en la Superintendencia de Salud
Al ser consultado por uno de los periodistas que se encontraban en la rueda de prensa, sobre si el ministro de Salud debería asumir algún tipo de responsabilidad política por lo ocurrido, Cuervo respondió que esa “responsabilidad” no recae exactamente en esa instancia. Sino que es más bien competencia de la Superintendencia de Salud.
Es más, recordó que el presidente dio instrucciones para esclarecer lo sucedido en medio del trastabillado Consejo de Ministros en la noche de este pasado martes.
“Ayer en el Consejo de Ministros, el presidente le dio la orden al Superintendente de Salud que hiciera una investigación exhaustiva para establecer las responsabilidades, bien sea de la EPS, bien sea de la IPS, por qué se terminó o por qué se restringió la entrega del medicamento y cuáles fueron las consecuencias”, confirmó Cuervo.
Además, determinó que para él esto constituye una “tragedia” y aseguró que “este tipo de cosas no pueden pasar”. Reafirmó su posición en que es el Sistema de Salud el que “tiene que dar una respuesta y cuando digo el Sistema de Salud son los actores que tienen que ver con el mismo”.
Ante la pregunta de si esa responsabilidad también cobija al ministro Jaramillo, Cuervo reiteró que esta responsabilidad debe recaer sobre “todo el Sistema de Salud”, que “tendrá que encontrar la forma de responder de acuerdo con sus competencias y sus funcionalidades”.
Las otras declaraciones en “discordia”
Estas no serían las primeras declaraciones que van en contraposición del Gobierno Nacional que ha dicho el recién posesionado ministro de Justicia. Por ejemplo, durante la semana pasada pidió publicar el informe de la UNODC sobre cultivos de coca, aunque planteó revisar y mejorar su metodología.
“Mi posición frente al tema es que yo creo que esa metodología, la de UNODC, la debemos mejorar, ¿sí? Se puede mejorar el escenario, por ejemplo, como opera UNODC (...). El problema de Colombia es que toda la operación está a cargo de UNODC”, dijo el ministro.
Este informe ya había sido desestimado por parte del presidente Gustavo Petro, quien aseguró a finales de enero de este año que este indicador “ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros, dado el oscuro método estadístico utilizado” y que es por esto que el país dejará de basarse en los indicadores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para medir los cultivos de coca de uso ilícito en Colombia.
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