EL COLOMBIANO tuvo acceso exclusivo a registros del expediente judicial completo que una Corte del Distrito Sur de Nueva York adelanta contra Álvaro Fredy Córdoba, condenado hermano de la exsenadora Piedad Córdoba, y otros dos acusados.
En el historial de actuaciones judiciales o criminal docket del caso, se evidencia un total de 81 actuaciones del proceso en ese despacho norteamericano. Se trata de un proceso que desnuda una operación encubierta de largo aliento de la DEA, diseñada desde Washington y coordinada a través de su oficina en Bogotá. La DEA no fue tras Córdoba de inmediato. Ese es uno de los hallazgos clave del expediente.
El caso del hermano de la exsenadora, fallecida el 21 de enero de 2024, vuelve a sonar debido a que el pasado 7 de enero el presidente Gustavo Petro, tras anunciar su primera llamada con Donald Trump, dijo ante sus seguidores en la Plaza de Bolívar: “Le dije que 700 traquetos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo”.
Sus palabras se dieron en medio de una semana que estaba marcada por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, en el marco de los señalamientos por hacer parte del sistema corrupto del Cartel de los Soles. En ese contexto, el mandatario dijo que Álvaro Córdoba quiere ser ahora testigo en Estados Unidos para intentar reducir condena.
Como se lee en los documentos obtenidos por EL COLOMBIANO, la operación de narcotráfico, simulada de la DEA, se fundamentó en una alianza estratégica entre disidencias de las Farc, el Cartel de los Soles y Venezuela como plataforma de salida para la droga hacia los Estados Unidos.
El vecino país no solo era el punto de origen de los cargamentos, sino también el espacio donde los acusados alegaban tener mayor influencia política. El plan principal consistía en establecer una línea de suministro de cocaína que iniciaba en Venezuela, pasaba por Centroamérica y México y terminaba en los Estados Unidos.
El primer contacto no fue Córdoba sino Libia Amanda Palacio Mena —condenada a 14 años de prisión—, quien se presentó como intermediaria y alardeó de supuestos vínculos con dirigentes políticos colombianos y con disidentes de las Farc.
Durante la investigación, que incluyó decenas de comunicaciones grabadas, Palacio Mena presentó a los informantes de la DEA a Álvaro Córdoba Ruiz. Según las fuentes, Córdoba habría accedido a utilizar sus “conexiones políticas y logísticas en Colombia” para apoyar la operación de narcotráfico de la supuesta red mexicana. Fue así entonces que el 17 de diciembre de 2021 se registró una reunión fundamental entre los acusados y un informante del Gobierno de los Estados Unidos.
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Aunque la defensa de Córdoba argumentó posteriormente que la grabación no estaba completa, este encuentro fue una pieza central de la evidencia recolectada por los agentes. Para concretar la alianza, ese día Córdoba Ruiz y sus coacusados vendieron a las fuentes de la DEA una muestra de cinco kilogramos de cocaína para demostrar la calidad del producto y su “confianza” para un negocio mayor. La caída de Álvaro Fredy Córdoba, entonces, fue el resultado de una operación encubierta de largo aliento dirigida por la DEA desde Bogotá.
Alberto Jaramillo Ramírez, sentenciado 12 años y 5 meses de prisión, por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, fue la bisagra operativa del entramado que rodeó a Álvaro Córdoba que, mientras aparecía como una figura de enlace político, Jaramillo asumió el papel clave en la logística criminal: fue quien negoció directamente con supuestos emisarios de un cartel mexicano —en realidad fuentes de la DEA— y ofreció acceso a proveedores, rutas, transporte y seguridad para cargamentos de cocaína a gran escala.
En comunicaciones grabadas por la agencia, Jaramillo se comprometió a activar sus contactos en Colombia, incluyendo estructuras asociadas a las FARC, y a garantizar la calidad del producto. Su captura en febrero de 2022, a solicitud de Washington, cerró el círculo de la operación que terminó llevando a prisión tanto a Álvaro Fredy Córdoba Ruiz como a Libia Amanda Palacio Mena, ambos condenados en Nueva York.
Álvaro Córdoba Ruiz fue quien introdujo a Jaramillo (un exoficial de la policía antinarcóticos) en el negocio de enviar el cargamento, presentándolo ante los agentes encubiertos de la DEA como una persona capaz de proveer tanto seguridad como fuentes de suministro de droga. En una tercera reunión, en septiembre de 2021, Jaramillo afirmó explícitamente que su “gente” eran miembros de “Los Soles”.
Esa conexión, entonces, no era circunstancial: Córdoba y Jaramillo mantenían una relación de confianza de muchos años. El propio Córdoba reconoció haber realizado varios “encargos” junto a Jaramillo anteriormente, lo que, según la Fiscalía estadounidense, demostraba una historia previa de colaboración en actividades ilícitas que incluían el acceso a contactos de este cartel.
Las fuentes definen al Cartel de los Soles, como quedó ratificado tras la captura de Nicolás Maduro, como una red de altos funcionarios venezolanos que abusan de sus posiciones para corromper las instituciones de Venezuela (incluyendo militares, inteligencia y el poder judicial) con el fin de facilitar la importación de toneladas de cocaína a EE. UU., trabajando en sociedad con las disidencias de las Farc.
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Aunque la defensa de Álvaro Córdoba ha intentado desacreditar la labor de la DEA alegando que los agentes habían orquestado una “inducción al delito o entrampamiento”, al dar instrucciones específicas para acercarse a él, el juez Lewis J. Liman denegó estas mociones, lo que desencadenó en que el 2 de enero de 2024 Córdoba Ruiz retirara su declaración de inocencia y se declarara culpable de conspiración para la importación de narcóticos.
Según el registro del proceso, tras serle denegada una revisión de sentencia, el antioqueño radicó una ofensiva legal y el 17 de noviembre pasado, bajo la figura de habeas corpus, dejó en firme el trámite para buscar anular o corregir su condena, por lo que el juez Lewis J. Liman, quien ha liderado el caso desde el inicio, ya ordenó a la Fiscalía de Estados Unidos responder a los reclamos de Córdoba en un plazo de 60 días, tras considerar que sus argumentos no carecen totalmente de mérito.
¿Álvaro referenció a su hermana Piedad Córdoba ante informantes de la DEA?
EL COLOMBIANO también accedió al memorando de sentencia firmado del fiscal Damian Williams, asignado para llevar la investigación del caso. El funcionario, en el texto del 19 de abril de 2024, detalló que la DEA acumuló más de 300 llamadas y reuniones grabadas durante más de un año.
Además, detalló que el proceso comenzó en marzo de 2020 con Libia Amanda Palacio Mena, quien eventualmente introdujo a Córdoba Ruiz en julio de 2021. El fiscal Williams describe a Córdoba Ruiz no como un participante menor, sino como una pieza indispensable para la conspiración porque en la primera reunión donde citaron a Córdoba Ruiz, él se presentó como el “hombre clave” de los contactos políticos.
“El acusado describió sus vínculos con su hermana, una poderosa política en Colombia llamada Piedad Córdoba, e indicó que, a cambio de apoyo financiero y político, ella ayudaría a facilitar una alianza para el tráfico de cocaína entre los acusados y la DTO (Transnational Organized Crime, en inglés) mexicana”, dijo en el escrito el funcionario judicial.
El fiscal indicó también que Córdoba prometió poner en contacto a las CS (“CS-1,” CS-2,” and “CS-3”, como cita el fiscal a los tres informantes infiltrados) con personas que pudieran proporcionar grandes cantidades de cocaína y seguridad para los cargamentos prometidos.
“Poco después de reunirse con las CS, el acusado cumplió en ambos frentes: presentó a las CS a Piedad Córdoba y a Jaramillo, un exoficial de policía que había trabajado para la Dirección Antinarcóticos de la Policía de Colombia y que podía ayudar a los acusados en el tráfico de cocaína”, se lee en el texto judicial.
Como deja por escrito el fiscal, Álvaro Córdoba fue quien introdujo a Alberto Alonso Jaramillo Ramírez (señalado en el escrito como un exoficial de la policía antinarcóticos), quien tenía los contactos directos para obtener la droga y garantizar la seguridad de los cargamentos.
Así fue la actuación de las fuentes infiltradas por la DEA
En la operación encubierta de la DEA que llevó a la captura y condena de Álvaro Córdoba, las fuentes confidenciales de la DEA, citadas por el fiscal como “CS-1, CS-2 y CS-3”, desempeñaron roles jerárquicos y operativos específicos para simular ser una organización de narcotráfico mexicano.
“CS-3” fue el primero en establecer contacto con Libia Amanda Palacio Mena en marzo de 2020. Su papel principal fue servir de puente, presentando a Palacio Mena a sus supuestos “asociados” del cartel mexicano para discutir nuevas rutas de suministro desde Venezuela en unas primeras reuniones en Medellín y Bogotá, incluyendo el encuentro con un químico apodado “Martin” para discutir la pureza y el procesamiento de la cocaína.
Después de ese paso, “CS-1”, el supuesto “jefe” del cartel azteca, fue crucial para atraer la atención de Álvaro Córdoba Ruiz, quien veía en este supuesto narco al financista que podría aportar apoyo económico a la campaña política de su hermana, Piedad Córdoba, a cambio de protección y logística, como lo deja consignado el fiscal William en el documento radicado ante el juez Lewis J. Liman Juez del Distrito Sur de Nueva York.
En septiembre de 2021, durante una reunión en la que Álvaro Córdoba le pasó su propio teléfono, “CS-1” habló directamente con Piedad Córdoba, como lo deja consignado el fiscal, quien lo invitó a una convención política en Bogotá. Tras eso, aquí es que entra en participación el otro informante, “CS-2” quien actuó como el teniente de “CS-1” y fue la fuente que mantuvo la relación más cercana y frecuente con Álvaro Córdoba Ruiz.
Fue quien discutió con Córdoba la necesidad de un “padrino” que brindara protección en Colombia y quien coordinó con Alberto Alonso Jaramillo Ramírez los detalles sobre la seguridad de los cargamentos. Otro de los informantes de la DEA fue quien viajó físicamente a una finca a las afueras de Medellín para recoger los cinco kilogramos de cocaína de muestra, mientras Álvaro Córdoba y Libia Palacio Mena esperaban a una corta distancia.
Tras recibir la droga, una de las personas encubiertas contó, junto a Córdoba y Palacio, 15.000 dólares proporcionados por un oficial encubierto de la policía colombiana para simular el pago de la muestra. En conjunto, estas tres fuentes actuaron como un espejo de una organización criminal real.
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