La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema decidió acusar este miércoles por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un exparlamentario por el caso de corrupción de la UNGRD y ordenó cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a los recién reelegidos congresistas Wadith Alberto Manzur y Karen Manrique.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
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En varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de esos créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en Córdoba, Arauca y Bolívar.
La Sala de Primera Instancia, además, se pronunció en el proceso contra Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán en libertad afrontando el caso.
La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
Para la Corte Suprema, en los encuentros documentados, se habrían definido los montos con los que representantes del ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función.
En ese sentido, la Sala concluyó que los procesados pudieron cometer el delito de cohecho impropio. Una vez quede ejecutoriada, la decisión será enviada a la Sala Especial de Primera Instancia.
La decisión se conoce a menos de una semana del reinicio de sesiones legislativas correspondientes al último año del Congreso elegido en 2022. La Corte notificará al Congreso de la decisión para que los investigados sean suspendidos del ejercicio de sus cargos.
Wadith Manzur, el pasado domingo 8 de marzo, fue elegido como senador con una de las mayores votaciones con 125.000 sufragios obtenidos por el Partido Conservador.
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Manzur llegó a la Cámara de Representantes en 2018 con 71.550 votos y fue reelegido en 2022. Durante su paso por esa corporación, integró la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y de Hacienda.
En 2023 también hizo parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), instancia en la que —según las investigaciones judiciales— se habría gestado uno de los capítulos del escándalo por el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Por su parte, Karen Manrique, con 5.640 votos, fue reeligida como representante por la curul de paz en el Arauca.
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Los señalamientos contra Wadith Manzur y Karen Manrique
El 12 de junio de 2024, en interrogatorio ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de Gestión del Riesgo, Olmedo López, mencionó por primera vez a Karen Manrique, representante a la Cámara, y a Wadith Manzur, del Partido Conservador.
La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”.
Olmedo López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo.
La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco surgió la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.
Ella habría sugerido un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur, también representante a la Cámara hoy bajo investigación, asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos presos por el caso.
Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.
Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara. Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos.
Olmedo López le explicó a la fiscal María Cristina Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp.
Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla.
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Agregó que estaba dispuesto a acudir nuevamente al Ministerio de Hacienda y recibir órdenes directamente del ministro si era necesario, pero mientras tanto, la gestión de cambios debía manejarla Benavides con Pinilla.
El director de la Unidad de Gestión del Riesgo dijo en el interrogatorio que después de eso recibió mensajes donde le pedían un espacio con la representante Karen Manrique para que la atendiera con comunidades de Arauca.
López dejó constancia de un mensaje enviado por ella: “Me escribe Karen Manrique, la representante a la Cámara, y me dice ‘doctor OLMEDO, buenos días, qué pena la molestia, si por favor nos regala un espacio en su agenda con las comunidades de la mesa de concertación del año pasado y me hace una llamada’”.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué es el caso de corrupción de la UNGRD?
- Es una investigación sobre el presunto desvío de recursos de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres mediante contratos y proyectos que habrían sido usados para beneficiar a políticos.
- ¿Por qué delito fueron acusados?
- Los legisladores fueron acusados por
cohecho impropio, relacionado con aceptar beneficios a cambio de decisiones dentro de su función pública.
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