El 2025 fue un año en el que el país miró hacia atrás en su historia, preguntándose si la estaba repitiendo. Solo en las últimas semanas Colombia volvió a vivir tomas a pueblos en Cauca que han durado toda la noche, como cuando en el gobierno de Andrés Pastrana las Farc acababan con municipios a golpe de bombas y fusil. El año deja más de 1.200 ataques terroristas y más de 559 secuestros, delitos que parecían del pasado.
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Ya desde junio, la violencia llegó a su cenit con el atentado mortal a Miguel Uribe Turbay en Bogotá. Además, queda un país tapizado en mata de coca, tanto que Estados Unidos nos descertificó en materia de lucha contra las drogas, la última vez que algo así sucedió fue durante el Gobierno de Ernesto Samper. ¿Cómo hablar de ser una “potencia mundial de la vida” en medio de escenarios violentos y crueles?
Estadísticas y testimonios ponen entredicho la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro al llegar al poder en 2022: desactivar la guerra. La forma de hacerlo, aseguró, sería implementando una de sus propuestas más ambiciosas: la política de ‘Paz Total’.
Se trató de un ecosistema de mesas de negociación que pretendía desmovilizar, no a uno, sino a todos los grupos armados ilegales de Colombia. Para 2025, ni el ELN ni las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias “Iván Mordisco”, hacen parte de las conversaciones.
En el caso del ELN –la que estaba llamada a ser la mesa central de la ‘Paz Total’–, el proceso quedó suspendido desde septiembre de 2024, después de que esa guerrilla atacó una base militar en Arauca, dejando dos muertos y 25 heridos. Y aunque el presidente Petro anunció que había voluntad de reanudar los diálogos, aquello quedó en el aire. Actualmente no hay un calendario, ni objetivos, ni resoluciones claras con el grupo armado.
Mientras tanto, pese a los cuestionamientos, las disidencias de alias “Calarcá” ocupan un lugar. No es algo menor: su presencia en la ‘Paz Total’ les otorga beneficios como un alto al fuego por parte de las Fuerzas Militares, así como un alto en los procesos de extradición y captura. Los subversivos, entre tanto, aprovecharon la inacción estatal para fortalecerse.
Tanto así que, sobre la mesa de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, reposa un grueso expediente llamado “Archivos de Calarcá”, con chats, audios y material que apuntaría a presuntos nexos entre funcionarios del Estado con los delincuentes. Según las denuncias, se habrían utilizado recursos públicos para transportar a los criminales, sus armas ilegales y los menores que reclutaron.
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La indignación sobre aquel hecho llegó por varios frentes. No solo se prendieron las alarmas por posibles filtraciones de inteligencia; sino que, por un lado, las disidencias de “Calarcá” siguen sonando como posibles responsables del magnicidio de Uribe Turbay, junto a la Segunda Marquetalia; por el otro, se habrían utilizado camionetas del Estado para transportar menores hacia la guerra.
Según la Defensoría del Pueblo, este delito tuvo una disminución de casos, pasando de 409 en 2024 a 194 en 2025. Sin embargo, hace poco más de un mes, las Fuerzas Militares atacaron un campamento disidencias de las Farc en zona rural de Calamar, Guaviare. En aquel bombardeo, siete menores de edad perdieron la vida.
Al conocer lo ocurrido, el presidente Petro aseguró que aquello fue un daño colateral, en pro del bienestar del Ejército: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (a los soldados del operativo). Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”. Aquellas palabras contradijeron lo que, como senador, defendió con vehemencia.
Durante la Presidencia de Iván Duque también murieron menores de edad tras ataques a grupos armados. En ese momento, Petro aseguró: “Si el gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad”. Con ese recuerdo, el mandatario se anotó otra promesa rota.
No solo eso. Aunque el presidente aseguró que el bombardeo al campamento con menores era necesario para salvaguardar a los soldados, en el resto del territorio colombiano decenas de ellos siguen perdiendo la vida en medio de ataques terroristas.
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Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le aseguró a EL COLOMBIANO: “Realmente lo que se ve con el cierre de año de la ‘Paz Total’ es que las autoridades siguen teniendo muy poca capacidad de incidencia en lo sucede en el territorio”.
Además, resaltó que, en relación a las mesas de negociación activas, algunas como la del Clan del Golfo, carecen de un marco jurídico sólido que las respalde, lo que genera “muchas dudas” sobre su viabilidad y futuro. Cuando este diario le consultó acerca del modelo de diálogo que parece funcionarle al Gobierno o donde hay mayor progreso, identificó al Estado Mayor de los Bloques como el grupo con el que han “avanzado”.
No obstante, Cajiao matiza este avance con varios puntos críticos: altibajos y falta de metas concretas, porque aunque se discuten temas como las “zonas de ubicación temporal”. Por ello, el investigador afirma que no se vislumbra un “punto de llegada” ni la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo durante lo que resta del actual gobierno.
Orden público
El 2025 cierra con un incremento considerable en el delito de secuestro, pasando de 313 casos en 2024 a 559 en 2025, un aumento cercano al 80%, como lo muestran cifras del Ministerio de Defensa. De manera paralela, las acciones terroristas pasaron de 1.126 a 1.273, un crecimiento que responde a una estrategia de visibilidad simbólica, particularmente en el suroccidente del país, en escenarios como Cali y Jamundí, donde los grupos buscan proyectar una imagen de fuerza ante la opinión pública.
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Cajiao plantea que esta tendencia se cruza con la paradoja entre la defensa de la vida promovida desde el diálogo y la persistencia del control armado en los territorios. Con corte a noviembre, los homicidios pasaron de 12.252 en 2024 a 12.484 en 2025 (tres cada dos horas), mientras que los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 173 a 181. Estas cifras refuerzan la idea de una violencia selectiva que sigue operando como mecanismo principal de control social.
En el mismo sentido, las masacres se mantuvieron estáticas, con 76 eventos reportados en ambos años con corte a diciembre, lo que evidencia que las dinámicas de control territorial no han cedido, pese a los ceses al fuego o a los acercamientos en curso. En contraste, se observa una divergencia entre los delitos de mayor visibilidad cotidiana y aquellos que sostienen la guerra.
Las denuncias por hurto a personas disminuyeron de 316.226 a 269.206, y la extorsión pasó de 13.802 a 11.273 casos. Para Cajiao, estos descensos podrían leerse como positivos, pero en el marco de la ‘Paz Total’ también pueden interpretarse como un desplazamiento de los grupos armados hacia rentas más lucrativas o formas de control que no siempre se denuncian.
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Descertificación
En la lucha contra las drogas, los datos muestran un cambio de estrategia. La erradicación de hoja de coca, en cifras del Ministerio de Defensa, cayó de 9.402 a 7.495 hectáreas, mientras que la incautación de cocaína aumentó de 889.201 a 920.848 kilogramos. Este contraste sugiere un Estado más concentrado en el eslabón final de la cadena, pero que deja márgenes de control territorial en la base productiva, donde los grupos armados mantienen su influencia sobre el campesinado cultivador.
El presidente Petro insiste en que las incautaciones han sido altas; sin embargo, en entrevista con EL COLOMBIANO, Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas y Economías Ilícitas de Indepaz, explicó en su momento que: “La incautación es una estrategia engañosa, ya que hay más incautación porque hay mayor producción de cocaína que antes, y terminan las incautaciones siendo funcionales a la regulación del precio de estas sustancias”.
Y aunque durante las primeras semanas el mandatario insistió en que era una medida injusta y de persecución por parte de Estados Unidos, en las últimas semanas aquellas quejas fueron reemplazadas por el silencio y, al final, aquel silencio fue llenado con una medida que anota otra contradicción para el presidente, además de ser otra promesa de campaña rota.
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El 22 de diciembre, el Ministerio de Justicia anunció que se reactivarán las fumigaciones con glifosato en Colombia. Se utilizarán drones que volarán a 1.5 metros del suelo y cada uno podrá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos, incluyendo los tiempos de recarga de batería necesarios.
Y así, el Gobierno Nacional cierra el año con varios problemas por solucionar. ¿Alcanzarán ocho meses?
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuántos secuestros se registraron en Colombia en 2025?
- Según cifras oficiales, en 2025 se reportaron 559 secuestros, un aumento cercano al 80% frente a 2024.
- ¿Por qué se cuestiona la política de ‘Paz Total’?
- Porque los principales grupos armados están fuera de las mesas, la violencia aumentó y no hay avances concretos hacia acuerdos definitivos.
- ¿Qué implicaciones tiene la descertificación de EE. UU.?
- Puede generar sanciones económicas, bloqueo de créditos internacionales y reducción de ayuda financiera para Colombia.
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