El poder presidencial en países como Colombia suele ser excesivo. Pero durante los últimos tres años y medio, y sobre todo en este 2025 que termina, varios personajes de la opinión pública demostraron que es posible hacerle contrapeso a ese poder a través de los caminos que ofrece la democracia y la institucionalidad.
Esa veeduría en varios sectores se hace más necesaria cuando el jefe de Estado es un líder como el presidente Gustavo Petro, quien constantemente justifica sus decisiones con la excusa de que no lo dejan gobernar.
Y esos sectores no solo son los poderes tradicionales como las ramas Legislativa y Judicial, sino que se extiende a los órganos de control como la Defensoría del Pueblo en cabeza de Iris Marín o el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el magistrado Benjamín Ortiz, ponente del fallo sobre las irregularidades y excesos de la campaña presidencial de Petro en 2022.
También desde las regiones, en los territorios donde no lleva el Estado, varios mandatarios le han puesto el pecho a las balas, literalmente, azotados por las bandas criminales y los grupos con los que el propio Gobierno negocia una paz que no se ha materializado.
Desde la sociedad civil, este año destacaron otros personajes como Denis Silva de Pacientes Colombia y Diego Gil, el director de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, quienes han padecido en carne propia la crisis del sistema de salud y ponen su conocimiento para fiscalizar a los responsables.
De igual manera, juristas de la talla de Mauricio Gaona han dado cátedra sobre la importancia del respeto por las instituciones, la ley y la democracia.
A todos ellos y ellas, gracias por su labor en favor del país.
El perfil independiente de Iris Marín en la Defensoría del Pueblo
A Iris Marín le preguntaron hace poco si no le daban miedo sus declaraciones. “Soy la defensora del pueblo, no puede darme miedo”, respondió. La frase resume su desempeño como jefa de la Defensoría del Pueblo. Aunque fue elegida con el respaldo del Gobierno, con el paso del tiempo marcó distancia y dejó claro que no sería una defensora “de bolsillo”.
Por el contrario, ha ejercido un seguimiento permanente a las actuaciones y omisiones del Estado, haciendo llamados públicos al mandatario, recordándole las obligaciones en materia de protección de derechos y de atención a la población civil. La Defensoría, bajo su dirección, se ha pronunciado de manera reiterada sobre el conflicto armado, los hechos de violencia en distintas regiones, las afectaciones a comunidades vulnerables y las violaciones a los derechos humanos, entre otros.
Mauricio Gaona y su análisis de la Constituyente y dictadura soft
Mauricio Gaona se popularizó en Colombia solo este año, cuando enfrentó en un intenso debate al entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Por primera vez en el país, una discusión de este tipo se hizo viral, sobre todo por su tono altamente técnico.
Desde entonces, el país supo del abogado. Pero Gaona no es un jurista que surge de la nada. Es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Mauricio Gaona se graduó de abogado en la Universidad Externado.
Ha orientado su carrera hacia el constitucionalismo, los derechos humanos y la enseñanza del derecho. Además de su visibilidad reciente, Gaona ha desarrollado una trayectoria profesional que incluye roles como asesor de la Fiscalía General, Contraloría y docente en instituciones académicas de alto prestigio.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia
El manejo del sistema de salud por parte del Gobierno Petro tuvo veedores y opositores técnicos que se la jugaron toda por los pacientes. Uno de ellos fue el vocero de la organización Pacientes Colombia —que agrupa a más de 200 asociaciones—, Denis Silva.
Con valentía enfrentó el oprobio y matoneo moral por redes sociales del Pacto Histórico y del Ministerio de Salud, desde donde le expusieron datos personales y lo señalaron de “mercader de la vida” y de “mercachifle”. Estuvo al tanto de la mesa técnica de la UPC (sobre la que siempre advirtió que no terminaría en decisiones concretas) y vigilante del avance de la fracasada reforma a la salud en el Congreso de la República.
Diego Gil, director ejecutivo de FECOER
La voz de los pacientes con enfermedades huérfanas se internacionalizó con Diego Gil. El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) fue a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra (Suiza) a denunciar la crisis que vive el sector en Colombia, sobre el cual dijo que “sigue colapsando”.
Bajo su batuta, Fecoer hizo la denuncia que refleja el panorama actual: entre enero y noviembre de 2025 murieron 2.033 personas con ese tipo de dolencias. “Hay muertes que se explican por la complejidad de sus condiciones, pero muchas ocurrieron en medio de demoras, interrupciones y fallas en el acceso que pudieron evitarse”, sentenció
Jorge Enrique Ibánez, el presidente de la Corte Constitucional que le pone los puntos sobre las íes a Petro
Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, no ha dejado pasar oportunidad para marcarle al presidente Gustavo Petro los límites institucionales del poder en Colombia. Desde su llegada a la cabeza del alto tribunal, ha insistido en que la separación de poderes no es una formalidad, sino un principio estructural del Estado de derecho que debe ser respetado incluso, y sobre todo, por el Ejecutivo.
Ibáñez ha hecho esa advertencia tanto en declaraciones públicas como en el contenido de las sentencias que ha acompañado o liderado desde la Corte. En ellas, el tribunal ha llamado la atención al Gobierno por omisiones en el cumplimiento de mandatos constitucionales y por eventuales extralimitaciones en el ejercicio de sus competencias. Sin acudir a un tono confrontacional, advierte que las políticas y decisiones del Ejecutivo están sujetas a control y deben ajustarse a los límites fijados por la Constitución.
Bajo su presidencia, la Corte ha reforzado su papel como contrapeso institucional, recordando que la acción gubernamental no puede desbordar las funciones asignadas ni sustituir a otras ramas del poder público. En ese escenario, Ibáñez se ha consolidado como una de las voces más firmes dentro del alto tribunal en la defensa del equilibrio entre poderes, un rol que ha adquirido especial visibilidad en el contexto de las reformas y decisiones impulsadas por el gobierno Petro.
El magistrado del CNE que reveló las trampas de la campaña del Pacto
Una niñez en el campo, en medio de precariedades de las que nunca reniega, forjaron el carácter y la disciplina de Benjamín Ortiz. Se trata nada menos que uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, en un hecho inédito, gestó la ponencia que terminó sancionando la campaña del hoy presidente Gustavo Petro por irregularidades en materia de financiación y violación de topes electorales. “Soñé que sería y hoy soy”, dijo Ortiz, nacido en la vereda Santa Teresa de Ibagué en Tolima.
Tras una infancia dedicada a actividades agrícolas que iban desde el cuidado de animales hasta la recolección de café, el hoy magistrado decidió dar el salto a la ciudad y no estuvo exento de dificultades. Sus estudios como abogado los costeó vendiendo frutas puerta a puerta e incluso, fue guarda de seguridad. “Orgullosamente”, destaca, que estos momentos que vivió fueron los cimientos de una carrera rigurosa, metódica y sobre todo, constante.
“Fueron el esfuerzo, la lucha y la absoluta convicción de que me resultaría posible superar ese pequeño mundo de casos y cosas que me correspondió transcurrir en mi cada vez más distante infancia y mi lejana juventud”, reconoció durante una entrevista con la Universidad de Ibagué. Lo cierto es que, sin integrar un partido de oposición —llegó al CNE con el respaldo del Partido Liberal en el Congreso—, Ortiz fue uno de los autores de la histórica ponencia que sancionó una campaña presidencial.
Su experiencia en derecho constitucional, electoral y administrativo fueron determinantes para que la Sala Plena del organismo decidiera sancionar, un hecho que, aunque tensionó aún más la arena política, sentó un precedente en materia de control y fiscalización política.
El valor de los alcaldes que gobiernan bajo fuego en Colombia
El incremento de la violencia armada asociada al conflicto interno, por cuenta de la fallida política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, convirtió a varios pueblos de Colombia en escenarios de guerra. Esta situación ha provocado que sus alcaldes tengan que “cogobernar” con grupos ilegales que no solo tienen azotadas a sus comunidades, sino que dominan vastos territorios en sus áreas rurales.
Entre esos casos, se destaca el del municipio de El Patía, en Cauca. Su alcalde Jhon Fuentes Quinayas está amenazado de muerte y el pasado 10 de junio las disidencias de las Farc detonaron un carrobomba que destruyó la sede de su despacho y afectó la subestación de Policía y 40 locales comerciales vecinos (foto). También está el caso de Argelia, Cauca, cuyo alcalde Osman Guaca Acosta no puede entrar, por el alto riesgo de seguridad, al corregimiento El Plateado, ni a los sectores La Montaña, Los Sanjuanes y las fronteras con El Tambo y López de Micay. Allí las disidencias de “Iván Mordisco” ejercen un violento control.
Camilo Castaño García, el alcalde Calamar, Guaviare, intenta lidiar con el terrorismo en un municipio catalogado como de “riesgo extremo” por la Unidad para las Víctimas. “El Gobierno Nacional no da respuesta de nada. No he recibido el primer mensaje por parte del ministerio de Defensa que diga: ‘Alcalde, nos solidarizamos con usted y qué podemos hacer’”, denunció en entrevista con EL COLOMBIANO.
En similares circunstancias trata de gobernar Jaison Mosquera, el alcalde de Istmina, Chocó, un pueblo afectado por la disputa entre el ELN y Clan del Golfo. “Solo el año pasado tuvimos 9 paros armados, 9 confinamientos y desplazamientos forzados de la gente”, dijo.
Andrés Forero, la apuesta máxima del Centro Democrático para el Senado
No es el quinto ni el décimo puesto, Andrés Forero será el candidato que ocupará el primer renglón del Centro Democrático en el tarjetón para las elecciones legislativas del Senado en 2026. Un lugar, que sin duda alguna, representa una responsabilidad importante para la derecha. Es férreo opositor del Gobierno Petro y ha liderado debates de control político, con énfasis en la defensa del sistema de salud, las pensiones y la generación de empleo.
Forero, cercano y amigo de Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), ha sido una de las caras más visibles de los últimos años en el partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe. Los pinitos que hizo para llegar a la Cámara por Bogotá, no los hizo de a poco. Antes, estuvo en el Concejo de Bogotá (2016-2021) y a su cargo como representante por Bogotá, no llegó ‘raspando la olla’. Fue la mayor votación del partido en esa instancia del Congreso, con 83 mil votos.
Jennifer Pedraza, la que encaró de frente a Juliana Guerrero
La carrera política de Jennifer Pedraza no es fortuita. Desde que estudió economía en la Universidad Nacional de Colombia, su activismo hace parte de lo que ella es. Durante su paso por los pasillos de esta institución, lideró los diálogos y movilizaciones nacionales y fue una cara reconocida durante el Paro Nacional de 2019 y 2021. Poco a poco, gracias a su compromiso y trabajo, se ganó su curul en la Cámara de Representantes.
Abanderada de la lucha feminista y defensora acérrima de la educación pública, Pedraza es una mujer que no le teme a los poderosos. Así lo demostró cuando fue una de las primeras que denunció de frente y sin titubeos, el entramado de Juliana Guerrero y su titulación falsa en la Fundación de Educación Superior San José. Al COLOMBIANO le dijo que iba a seguir en la lucha de este caso porque sospecha que se puede tratar de “un fenómeno generalizado de contratación de compra y venta de títulos”.
Daniel Briceño, el rostro joven y riguroso de la oposición
El ahora exconcejal Daniel Briceño es la muestra de que la juventud no es incompatible con el rigor y la firmeza. Con apenas 32 años, célebre por sus denuncias y alertas a través del sistema de contratación pública SECOP, Briceño dio el salto al Concejo de Bogotá y ahora busca llegar a la Cámara de Representantes.
Cuenta en su haber con más de 400 denuncias contra el Gobierno de Gustavo Petro, entre ellas, despilfarros y aparente tráfico de influencias. Solo en X (antes Twitter), el dirigente suma casi 242.000 seguidores, lo que evidencia los públicos que abarca y el impacto de sus alertas. Es hijo de una madre soltera, se crió en un barrio popular de Bogotá y costeó sus estudios universitarios a punta de Icetex.
Ese trasegar le permitió forjar un carácter y una determinación que le siguen abriendo espacios en política. Es, sin duda, un fenómeno tanto en la arena política como en las redes, siendo un símbolo de la derecha.
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