El presidente Gustavo Petro anunció a través de su cuenta en X que el contrato de concesión del Canal 1 “llegó a su fin” y ordenó abrir un nuevo proceso licitatorio, pese a que la vigencia del actual se extiende hasta 2027.
“Llegó al final el contrato del Canal 1, hay que proceder a la licitación, es la ley”, apuntó Petro.
El pronunciamiento del jefe de Estado se dio pocas horas después de que Plural Comunicaciones, consorcio a cargo del canal, emitiera un comunicado en el que denunció una persecución sistemática por parte de diferentes entidades del Estado.
Lea más: Canal 1 denuncia persecución sistemática del Gobierno Petro tras investigación de la SIC: “se inscribe en un patrón de hostigamiento”
La empresa cuestionó especialmente la investigación abierta por la Superintendencia de Industria y Comercio contra Canal 1 y Caracol Radio, por una presunta integración empresarial que no habría sido notificada previamente.
Según Plural Comunicaciones, la actuación de la SIC “desconoce los hechos” y hace parte de un “patrón de hostigamiento” que involucra también al Ministerio de las TIC. La compañía advirtió que estas presiones buscan debilitar a un medio de comunicación independiente.
Esta no es la primera vez que el Gobierno plantea la apertura anticipada de un nuevo proceso de concesión. En agosto, durante un consejo de ministros televisado, Petro ya había solicitado al entonces ministro TIC, Julián Molina, iniciar una nueva licitación por supuestas irregularidades en la operación del canal.
Entérese: SIC inició investigación a Caracol Radio y Canal 1 por presunta integración empresarial no autorizada
El Canal 1 es propiedad del Estado, ocurre que entregó mediante proceso de licitación la administración y programación del canal a los privados de Plural Comunicaciones. Por tanto, los contenidos que se emiten allí son independientes al Gobierno de Gustavo Petro.
Días antes, el Mintic había enviado un requerimiento a Plural Comunicaciones en el que señalaba modificaciones accionarias sin autorización previa y presuntos incumplimientos en la actualización del Registro Único de Operadores. Frente a esto, el consorcio respondió que dichos cambios son legales y que el propio Ministerio les había indicado que no era necesario reportar movimientos internos de socios.
Desde entonces, la administración de Canal 1 ha advertido que estas acciones constituyen un intento de “expropiación” y aseguran que continuarán defendiendo su permanencia hasta el final del contrato vigente.
“Esta actuación no solo desconoce los hechos, sino que además se inscribe en un patrón de hostigamiento reiterativo de diferentes autoridades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio, entre otros, que continúan la presión política, con el propósito de debilitar a un medio de comunicación libre y democrático”, había dicho Canal 1.
Regístrate al newsletter