La amenaza se hizo realidad. Este miércoles el presidente Gustavo Petro, desde su despacho en la Casa de Nariño, con la bandera de “Guerra a muerte” de Simón Bolívar en su escritorio –foto que luego borró–, firmó el decreto que cita a la consulta popular.
Lo hizo antes de viajar a Cali a un evento anunciado a pesar de la ola de violencia que padece el país, particularmente en la región del Valle del Cauca y Cauca: 25 atentados en 24 horas con el lamentable saldo de cuatro policías muertos; lo hizo a pesar de que el pasado sábado intentaron asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay que lucha en una UCI tras recibir disparos en su cabeza y pierna; lo hizo a pesar de que la plenaria del Senado votó negativamente a la convocatoria el pasado 14 de mayo; lo hizo conociendo las advertencias de juristas independientes y críticas de oenegés progresistas; lo hizo, incluso, a pesar de los temores de miembros de su gabinete que fueron citados el fin de semana a firmar con la amenaza de que “el que no quiera firmar se puede ir”. Lo hizo, en suma, contra el equilibrio de poderes y la institucionalidad, que es la democracia liberal misma.
“He firmado el decreto que convoca a la consulta popular”, dijo el mandatario en la red social X y agregó una frase que suena a chantaje: “Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes. Enviamos el decreto de la Consulta Popular a la Corte Constitucional”.
¿Qué sigue ahora y cuáles son las instituciones que pueden evitar que el “decretazo” ya firmado prospere? Estas son cinco claves para entender un hecho inédito en la historia reciente del país.
Argumentos del Gobierno, ¿equivocados?
El Gobierno Petro fundamenta legalmente el “decretazo” en varios argumentos que hemos contrastado uno a uno. Primero, dicen que el Senado no se pronunció frente a la convocatoria de la consulta porque la votación del pasado 14 de mayo fue, según ellos, fraudulenta. Eso facultaría, bajo la interpretación del Ejecutivo, al presidente para decretar la consulta y las fechas que manejan, con base en la Ley 1757 de 2015, es que el vencimiento para emitir un concepto fue hasta el 1 de junio y que ocho días hábiles después, el 12 de junio, sería el plazo para firmar el decreto. Todo lo anterior tendría sentido si no fuera porque el Senado ya se pronunció el pasado 14 de mayo y votó 49 votos por el NO y 47 por el SÍ.
Segundo, el jefe de Estado dijo que un juzgado “estableció por fallo la violación del debido proceso legislativo y ordenó, sin que haya sido acatado, la apelación de la senadora María José Pizarro”. El mandatario se refiere a una decisión del juzgado sexto civil del circuito de Bogotá que ordena darle trámite a la apelación de la senadora del Pacto Histórico, pero no interviene en la votación de la convocatoria que, de nuevo, fue negativa. De hecho, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, informó que antes de ese fallo ya se le había resuelto a Pizarro su apelación.
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Tercero, el mandatario, en tono de chantaje, dijo que “a pesar que estaba dispuesto a congelar la consulta popular, si el Senado aprobaba la reforma laboral con los criterios concertados, incluso con los gremios, en la Cámara; el presidente del Senado decidió cerrar el Congreso y perder todo el martes, para que el presidente solo tuviera el día de mañana para usar la Ley 1757 (sic)”.
Este último argumento se puede contrastar más allá de lo jurídico pues no es cierto que se haya “cerrado el Congreso”. En cambio, pretender imponer una reforma como la laboral tal cual la quiere el Gobierno es desconocer la esencia deliberativa del Legislativo. Además, el país vive una coyuntura excepcional tras el atentado a Miguel Uribe y diversos sectores pidieron “bajarle al tono” a la pugna política y hacer acuerdos sobre lo fundamental. Nada de eso ha sucedido.
Los contrapesos que pueden frenar a Petro
En el anuncio de este miércoles, el presidente cierra su mensaje diciendo que enviaron el decreto firmado de la consulta popular a la Corte Constitucional. De entrada, el Ejecutivo no puede escoger el alto tribunal que examina sus actuaciones. Lo determina la Constitución.
En diálogo con este diario, el exregistrador Alfonso Portela, experto en derecho electoral, señala que “no tiene sentido radicar el decreto en la Corte Constitucional. En condiciones normales, un decreto de convocatoria de una consulta popular lo único que se hace es expedir el decreto y comunicarlo a la ciudadanía y al organismo electoral (Registraduría)”.
Precisamente, fuentes de la Registraduría le dijeron a EL COLOMBIANO que lo más probable es que el registrador Penagos no realice la consulta a pesar del decreto; pues se espera que haya primero la definición de un alto tribunal, bien sea la Constitucional o el Consejo de Estado. Ese sería otro freno al Gobierno.
Portela indica que si se trata de una demanda, el control de la legalidad del decreto le corresponde al Consejo de Estado pues es un acto administrativo. De hecho, la Sección Quinta de ese alto tribunal admitió una demanda contra la decisión del Senado de hundir la consulta y reconoció que el trámite de esta iniciativa radicada el pasado 1 de mayo “culminó” y el concepto desfavorable emitido se convirtió en un “acto definitivo” por parte del Congreso.
Además de los frenos del Consejo de Estado o de la Corte Constitucional —según la interpretación del Gobierno sobre este segundo tribunal— el otro gran freno podría ser la Registraduría.
El exregistrador Portela señala que de entrada la Registraduría “puede y debe abstenerse de aplicar un decreto viciado”. Entonces, según el experto, se deben corregir esos vicios antes que cualquier convocatoria para expedir el calendario y fijar los parámetros de la votación. “Siendo un hecho notorio que se está discutiendo la legalidad del decreto, que podría tener vicios de constitucionalidad, pues el registrador no tiene por qué proceder antes”.
De hecho, el procurador Gregorio Eljach también se ha opuesto al “decretazo” de la consulta popular: “Se negó formalmente y no cabe discusión jurídica”.
Oposición estalla: “Inicia la dictadura”
Los sectores de oposición e independientes reaccionaron con dureza al “decretazo”. Apenas horas después de que Petro firmó el documento, fue presentada una acción de tutela ante el Consejo de Estado buscando suspender el acto administrativo. Para los congresistas, tanto ese alto tribunal como la Corte Constitucional pondrán cerrojo para evitar el desafío institucional.
Para el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, con este hecho “inicia la dictadura de Gustavo Petro”. Incluso, el congresista llegó a advertir que en riesgo podrían estar las elecciones de 2026 que, a este paso, serían desconocidas por el jefe de Estado.
A su turno, el representante Christian Garcés (Centro Democrático) advirtió que el decreto es inconstitucional, por lo que acudirán al Consejo de Estado. “Pediremos su suspensión inmediata. Además, iniciaremos acciones penales contra los ministros que lo firmaron por prevaricato. Nadie puede pisotear la democracia impunemente”, dijo.
También desde el uribismo, el representante Hernán Cadavid insistió en que la expedición del decreto es “a todas luces ilegal” y desafiante de la institucionalidad colombiana. “Es un decreto que tiene un tono chantajista, extorsionista, de carácter totalmente ilegal y que pretende arrinconar y someter al Congreso en su autonomía”.
Por ello, insistió en que desde la oposición están listos para la confrontación política y jurídica. “Tenemos la esperanza de que la Corte Constitucional tome la decisión de controlar este exceso, nuevamente desafiante de la institucionalidad. Estamos absolutamente preparados, jurídicamente listos y completamente seguros que le van a llover demandas de las universidades, de la sociedad civil y de parte nuestra como partido de oposición. La contención y la pelea es jurídica”.
Por su parte, la bancada independiente –que agrupa a congresistas como Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza o Daniel Carvalho– exigió respeto por la separación de poderes y la Constitución. “El presidente Gustavo Petro sabe que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado van a tumbar este decreto, pero haciendo esto lo que necesita es alimentar su narrativa de la víctima, a quien no le dejan gobernar, pero a su paso lo que va dejando es la destrucción de la democracia”.
Oenegés rompen con Petro y se distancian
En medio de la controversia por la consulta por decreto, ayer se conoció un pronunciamiento conjunto de 24 destacadas organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas algunas afines a las banderas que políticamente ha defendido el presidente Petro. Lo anterior, evidencia el cortocircuito entre el jefe de Estado y sectores que otrora respaldaron sus posturas.
“Convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes. Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el presidente. Las reglas del procedimiento legislativo y los controles mutuos que ejercen las distintas ramas del Poder Público pueden parecer simples formalidades. Contrario a eso, su importancia es central para evitar que un régimen presidencial se convierta en un régimen autoritario”, advierten las organizaciones.
Entre los entes se cuentan DeJusticia, que fue clave para tumbar la reelección del expresidente Álvaro Uribe; Pares, que lideró investigaciones contra la parapolítica; Temblores, especializada en derechos humanos y que registró los casos de represión policial en el estallido social; la Comisión Colombiana de Juristas, dedicada a documentar los crímenes de Estado, o el Cinep, dedicada a profundizar las acciones a favor de la justicia agraria en el marco de la ecología integral.
Para las ONG, el respeto a los procedimientos, a la división de poderes y a los tiempos institucionales es la base sobre la que se construye la confianza democrática y se evitan los caminos autoritarios, incluso cuando estos se invocan en nombre de causas populares.
“El momento que atraviesa el país exige responsabilidad, mesura y diálogo. Las reformas sociales que Colombia necesita deben construirse con deliberación plural; con participación efectiva de todos los sectores sociales y políticos, y sin trampas o artilugios jurídicos que debiliten nuestras instituciones”, señalaron.
Qué sigue y las palabras de Miguel Uribe
Sin duda, el país está en una coyuntura que pone a límite al equilibrio de poderes y la institucionalidad por cuenta de la insistencia del Gobierno en hacer una consulta popular para presionar al Congreso y de paso tener una plataforma con el aparato estatal de cara a las elecciones de 2026.
El atentado contra Miguel Uribe Turbay recuerda las peores épocas contra la mafia, la guerrilla, los paramilitares y los excesos del poder.
Momentos antes de que atentaran contra su vida el sábado pasado, el senador y precandidato presidencial recibió información de la inminente firma del decreto convocando la consulta popular, como terminó sucediendo. En ese momento, indicó a su equipo grabar un video y publicarlo una vez se hiciera oficial la firma. Este miércoles, cumpliendo sus instrucciones, compartieron sus palabras: “Es un autogolpe de Estado, se trata de un acto abiertamente ilegal (...) nadie está por encima de la ley. La ley es para todos, sin excepción”, dijo Uribe Turbay anunciando algunas medidas.
