La segunda vuelta presidencial dejó mucho más que un resultado ajustado. El más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), publicado a finales de esta semana, recoge un sentimiento que seguramente usted pudo percibir e, incluso, se sigue sintiendo: polarización, un lenguaje cada vez más confrontativo y, en muchos casos, abiertamente violento.
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De acuerdo con la organización, la campaña estuvo marcada por decenas de investigaciones disciplinarias a funcionarios públicos por presunta intervención indebida en la contienda y un debate digital tóxico sin precedentes.
“Vamos a dar la batalla por la vida (...). Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Quizás recuerde este o uno de los muchos episodios en los que el presidente Gustavo Petro habría dado su respaldo público a su candidato, Iván Cepeda.
Siguiendo esa pauta, al menos 196 funcionarios habrían incurrido en conductas similares, pues ya están siendo investigados por la Procuraduría. De ellos, 13 fueron suspendidos. Entre los investigados figuran miembros del gabinete, embajadores, autoridades territoriales y directivos de entidades públicas.
Uno de los casos más recientes es el del superintendente de Salud, Daniel Quintero. El mismo día de las elecciones, el exalcalde de Medellín—quien hace cuatro años fue suspendido por participar en política tras publicar el video del “cambio en primera”—afirmó: “Tengo la certeza de que los votos están en las urnas y hay que ir a buscarlos. (...) Tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente”.
En la lista de funcionarios investigados también aparecen los ministros de Salud, Guillermo Jaramillo, y del Trabajo, Antonio Sanguino, además de siete embajadores. Entre los suspendidos provisionalmente figuran nombres cercanos al Gobierno, como Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd, y Alfredo Saade, embajador de Colombia en Brasil.
El informe dice que el tema representa un riesgo para que la competencia electoral se desarrolle en igualdad de condiciones, pues se utilizan la investidura del cargo, recursos públicos o canales institucionales para favorecer o perjudicar una candidatura.
“El presidente de la República mantuvo un papel de centralidad (...). Esto llevó incluso a que un juez de la República le ordenara abstenerse de utilizar su investidura para participar en política”, recordó la MOE.
Y es por eso que la organización “le puso tarea” al Congreso. Entre sus recomendaciones, plantea que el Legislativo reglamente de forma clara cuáles son los límites de participación política de los funcionarios públicos, con el fin de evitar que esas reglas queden sujetas a interpretaciones.
Así fue subiendo el tono de la conversación en redes
A través de eMonitor+, una plataforma desarrollada junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la MOE monitoreó la conversación digital durante la segunda vuelta.
Entre el 11 y el 16 de junio fueron analizadas 27.305 publicaciones, de las cuales 653 fueron revisadas manualmente: el 95,3 % correspondía a formas de comunicación tóxica. Los insultos directos representaron casi la mitad de los casos (43,6 %); seguidos por mensajes altamente polarizantes y las expresiones degradantes.
Y es que incluso desde las mismas campañas, el debate dejó de girar alrededor de propuestas para centrarse en ataques personales y criminalización del adversario. Entre las publicaciones revisadas que estaban dirigidas contra organismos electorales, cuatro de cada cinco (83 %) tuvieron como blanco a la Registraduría, mediante acusaciones de fraude sin evidencia y ataques contra el registrador, Hernán Penagos.
Aunque la jornada del 21 de junio transcurrió sin alteraciones significativas del orden público, el ambiente en redes sociales siguió un camino muy distinto. La MOE recopiló más de 20.000 publicaciones en X y Facebook de ese día y concluyó que la conversación escaló a partir de insultos.
El informe presenta también alertas por noticias falsas, ataques a medios de comunicación y advertencias sobre los gastos de campaña. Pero más allá de esos datos, lo cierto es que la confrontación pasó al plano de la gente.
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