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Formulan cargos a exsecretaria de Supertransporte por contratar esposo de directiva

El proceso se abrió por dos contratos de asesoría en derechos de petición y estudio de normatividad en esa entidad.

  • La conducta de la exfuncionaria fue calificada por la Procuraduría como gravísima a título de culpa gravísima. FOTO COLPRENSA
    La conducta de la exfuncionaria fue calificada por la Procuraduría como gravísima a título de culpa gravísima. FOTO COLPRENSA
hace 43 minutos
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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la exsecretaria general de la Superintendencia de Transporte, Estefanía Pisciotti Blanco, quien habría celebrado dos contratos con Fahid Name Gómez, quien se encontraba inhabilitado por ser esposo de una directiva de esa entidad para la época de los hechos.

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Según el Ministerio Público, los contratos bilaterales fueron suscritos en 2021 y 2022 y tenían como objeto asesorar a ese organismo en temas relacionados con política de derecho de petición y actualización y estudio de normatividad referente al sector tránsito, transporte e infraestructura.

Para el Ministerio Público, Pisciotti Blanco habría incurrido en falta disciplinaria al intervenir en la celebración de estos contratos de prestación de servicios pese a que, presuntamente, sobre el contratista recaía la inhabilidad originada en el vínculo matrimonial que existía con una servidora del nivel directivo.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal calificó provisionalmente la conducta como gravísima a título de culpa gravísima.

Vale recordar que, en otra decisión reciente de la Procuraduría, solicitó a la Superintendente Nacional de Salud ad hoc, Luz Marina Múnera, un informe exhaustivo sobre el estado real de la entidad promotora de salud, cuya intervención forzosa administrativa fue prorrogada en abril de 2025.

Asimismo, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social busca establecer si la Nueva EPS ha logrado superar las causales que motivaron su intervención o si, por el contrario, los problemas persisten.

En este sentido, la funcionaria deberá remitir de inmediato el concepto rendido por la Superintendencia para Entidades de Aseguramiento en Salud, precisando bajo qué condiciones se encuentra la administración tras el vencimiento del acto administrativo que sostenía la medida actual.

Dentro de las exigencias del Ministerio Público se destaca la necesidad de revisar los informes mensuales de la contralora designada para la administración de la EPS.

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