A pesar de ser el hijo mayor del presidente de la República, haber sido más de tres años diputado del Atlántico y presuntamente haberse enriquecido ilegalmente, Nicolás Petro Burgos no aporta un peso al sistema de salud del país. Lo anterior en razón a que es beneficiario y no aportante, según su estado de afiliación. No es un dato menor.
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Desde 1993 en Colombia hay dos maneras de afiliarse al sistema de salud: en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.
En el primero deben estar los trabajadores con contrato laboral, con contrato por prestación de servicios e independientes y los que aporten de manera voluntaria; en el segundo, deben estar la población más vulnerable y sin capacidad de pago, a quienes el Estado les subsidia su acceso a servicios de salud, por medio de recursos del presupuesto general, impuestos y los aportes de los del régimen contributivo.
En ese sentido, hay dos formas de estar afiliado: ser cotizante o ser beneficiario. Los cotizantes son todos los que están en el régimen contributivo —que aportan plata al sector— y los beneficiarios son los que tienen cobertura y acceso a servicios por medio de un contribuyente o del subsidio.
Estos últimos en el régimen contributivo son los familiares en primer grado de consanguinidad (padres e hijos), cónyuge e hijos menores de 18 años (o menores de 25 años que se dediquen solo a estudiar); mientras que en el subsidiado los beneficiarios son todos los adscritos a ese régimen y su grupo familiar.
En otras palabras, el cotizante es el que da plata al sistema para su sostenimiento y el que puede tener de beneficiario (que no aporta) a su familia o cónyuge.
Con esta explicación no deja de ser extraño, por decir lo menos, que el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos aparezca en la Base de Datos Única de Afiliados del sistema de salud como beneficiario, es decir, que no realiza aportes económicos al sector, sino que alguien de su familia lo tiene adscrito.
Si bien actualmente el también primogénito del presidente Gustavo Petro no tiene empleo conocido (por los líos judiciales que tiene), entre enero de 2020 y agosto de 2023 fue diputado de la Asamblea del Atlántico. A ese cargo renunció luego del escándalo por los dineros que presuntamente recibió de personas cuestionadas para la campaña de su padre en 2022.
Para el último año que estuvo en ese cargo —al que llegó por quedar en segundo lugar en las elecciones regionales de 2019— Petro Burgos recibía un salario de $26 millones y tenía derecho a primas y prestaciones sociales de ley, como lo explicó el entonces presidente de la Asamblea.
De hecho, en uno de los dos procesos que actualmente cursan en contra de él, que está en juicio, se le acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Si bien no ha sido condenado, las investigaciones apuntan a que el dirigente no pudo explicar cómo tuvo un incremento patrimonial que asciende a $1.053 millones, con los cuales compró un Mercedes Benz y una mansión en Barranquilla, cuyo costo no podía bandear con su sueldo como diputado.
“¿Por qué la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales no ha hecho nada? Vaya que un ciudadano de a pie haga eso para que vean cómo lo persiguen y lo sancionan. Es que son CONCHUDOS, tras de que destruyen el sistema de salud se aprovechan hasta el último límite”, señaló al respecto la candidata a la Cámara por Antioquia, Hannah Escobar.
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