El polémico secretario jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo —ficha del ministro Guillermo A. Jaramillo— firmó el pasado 25 de julio una circular en la que le llama la atención a los ministros y altos funcionarios del Ejecutivo por demoras para objetar la ley.
Es decir, cuando el Congreso aprueba una ley de menos de 20 artículos, los ministerios tienen dos días hábiles para redactar sus objeciones y someterlas a consideración del presidente.
“Si no se cumplen esos plazos, se enviará el caso a “las instancias disciplinarias pertinentes (...) máxime cuando este incumplimiento le impida al presidente de la República cumplir con un mandato constitucional”, dice la circular revelada por El Espectador.
¿Cuáles son las leyes que no objetó el Gobierno a tiempo?
En concreto, hubo tres iniciativas que el Gobierno no objetó lo que hizo que el expresidente del Senado, Efraín Cepeda (Partido Conservador), objetara esas iniciativas, pues el jefe de Estado no cumplió con el plazo.
Se trata de una relacionada al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) —fondo cuestionado tras investigaciones de EL COLOMBIANO— otra sobre política pública a favor de los micronegocios barriales y vecinales y la tercera para incorporar los humedales al Sistema de Gestión de Riesgo.
¿Quién es Augusto Ocampo y qué polémicas carga?
Augusto Ocampo es un polémico abogado que fue el zar anticorrupción de la Alcaldía de Ibagué cuando gobernó el hoy ministro Jaramillo. También trabajó como director distrital de asuntos disciplinarios en la Alcaldía de Bogotá cuando el presidente Petro fue alcalde. Aparte de esos dos cargos, fue magistrado auxiliar y conjuez del Tribunal Superior de Bogotá y fue fiscal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pero en el petrismo lo recuerdan porque fue asesor legal de la Colombia Humana durante el paro de 2021. Allí lideró la iniciativa Primera Línea Jurídica que buscaba defender a personas detenidas durante las marchas.
También, archivos de prensa registran que en 2018 un medio local, El Olfato, denunció que al tiempo que la Alcaldía de Ibagué contrató a Ocampo como zar anticorrupción, también vinculó a su novia y a su hija en la Secretaría de Hacienda, que era la entidad encargada de supervisarlo.
Además, como funcionario de Petro en Bogotá, la Personería lo inhabilitó por 10 meses “por publicar en su cuenta de Twitter (hoy, X) expresiones irrespetuosas y calumniosas contra reconocidos periodistas del país y contra la veedora distrital, Adriana Córdoba”. También hizo comentarios ofensivos contra reconocidos periodistas. Luego fue absuelto en segunda instancia.
El pasado 19 de marzo, se conoció una decisión que también absolvió a Ocampo por un caso en el que había sido acusado y sancionado por presunta estafa. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué lo sancionó en febrero de 2024 con una inhabilidad de cuatro meses para ejercer como abogado. Esto, a raíz de una denuncia de un ingeniero que contrató a Ocampo en un proceso y dijo haberle pagado $10 millones de pesos, pero el litigante no presentó los documentos, lo que según él se habría constituido en una estafa.
Ocampo apeló la decisión y quedó absuelto en segunda instancia, a pesar de que la Comisión señaló que hubo falencias en el ejercicio profesional. El abogado demostró que solo le pagaron la mitad de los honorarios y que la radicación de esos documentos dependían del pago total, incluso negoció con su cliente para devolver el anticipo.
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