El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, volvió a mostrar la templanza que ha caracterizado su relación con el Gobierno. En un acto solemne de la Rama Judicial, el magistrado recibió la distinción que le correspondía por mérito, pero rechazó que fuera un funcionario del Ejecutivo quien se la impusiera.
El gesto, sin precedentes, ratificó la posición que ha sostenido durante meses en defensa de la independencia judicial frente a las tensiones originadas por los señalamientos del presidente Gustavo Petro contra las altas cortes.
La condecoración José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial, otorgada cada año a funcionarios y empleados de la Rama que se destacan por su trabajo, es organizada por el Consejo Superior de la Judicatura y suele contar con la presencia de los presidentes de las cortes y otros servidores. La distinción tiene tres categorías —oro, plata y bronce— y la máxima suele ser entregada a los presidentes de los altos tribunales por sus aportes al derecho y la jurisprudencia.
En ese contexto ocurrió el episodio que marcó la ceremonia. Según asistentes, Ibáñez no rechazó la medalla, pues está asociada estrictamente al mérito judicial; lo que objetó fue que el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fuera quien se la impusiera. Por eso, en plena ceremonia se levantó de la silla y se retiró del recinto.
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La decisión estuvo ligada a un principio de coherencia institucional. Preservar la distancia entre el Ejecutivo y la labor del tribunal en un momento en el que el Gobierno ha cuestionado abiertamente decisiones judiciales.
La presencia de Idárraga en el evento no modificó la postura del presidente de la Corte Constitucional, quien mantuvo el protocolo de recibir la distinción, pero no de manos del Ejecutivo.
En sectores judiciales, el momento fue interpretado como un acto de consistencia institucional más que de confrontación. En medio de un panorama en el que las cortes han sido blanco frecuente de críticas desde el Gobierno. Ibáñez reforzó un mensaje que ha reiterado desde su llegada a la presidencia del tribunal y es que la autonomía judicial no se negocia, ni siquiera en los actos de carácter protocolario.
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