En una decisión que pone en jaque la transición del sistema de expedición de documentos de viaje propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó con “carácter de urgencia” la suspensión inmediata de los contratos que sustentan el nuevo modelo de pasaportes.
Esta petición fue elevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y busca frenar los efectos de los acuerdos suscritos entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, los cuales entraron en vigor el pasado primero de abril.
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Desde el Ministerio Público argumentan que hay ausencia de estudios de mercado previos que justificaran la modalidad de contratación directa utilizada para este proyecto.
Para la entidad, el proceso presenta graves vacíos en su planeación precontractual y en los documentos de justificación, lo que pone en riesgo el patrimonio público en un contrato que implica giros superiores a los 1,3 billones de pesos.
Además, la PGN ha sostenido a través del procurador delegado Marcio Melgosa varias irregularidades en la conformación de las alianzas, siendo una de ellas sobre la entidad extranjera, pues advierte que la Casa de la Moneda de Portugal opera como una empresa privada en su país de origen y no como una entidad pública extranjera, requisito indispensable para la figura de convenio interadministrativo utilizada.
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