La decisión de la Fiscalía, encabezada por Luz Adriana Camargo, de designar mediante la resolución 33 del 8 de septiembre a una fiscal de apoyo en la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, desató suspicacias en sectores políticos y judiciales. El movimiento ocurre justo cuando una fiscal delegada Lucy Marcela Laborde Betancourt, abrió una nueva investigación y anunció la formulación de cargos, lo que ha sido leído como un intento de influir en el rumbo del proceso.
Aunque María Isabel Ramírez Meléndez, la funcionaria de apoyo asignada tiene una amplia trayectoria en la entidad desde 1993, la coincidencia alimenta la percepción de maniobras internas que podrían incidir en el caso de mayor exposición mediática para la Fiscalía y para el propio Gobierno.
“(...) la Delegada para las Finanzas Criminales, en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideran procedente designar como apoyo a la doctora María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal 4 de la Delegada para las Finanzas Criminales, para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior de la noticia criminal” correspondiente al caso de Petro Burgos, según se lee en el documento conocido por EL COLOMBIANO.
La decisión se sustenta en varias normas vigentes citadas y pone como antecedente que la fiscal de “apoyo”, Ramírez Meléndez, fue asignada en mayo de este año “en calidad de Delegada para las Finanzas Criminales”.
La Fiscalía argumentó que la designación responde a factores administrativos y operativos, entre ellos “la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos”. En esa línea, la entidad sostuvo que la medida busca hacer efectivos principios como la celeridad, objetividad y eficiencia en la administración de justicia, además de garantizar el debido proceso y los derechos de quienes intervienen en el proceso penal.
¿Qué se sabe de la nueva fiscal de apoyo?
Aunque la Fiscalía no ha entregado mayores detalles sobre la asignación de apoyo en los procesos penales al hijo del presidente, cuyos avances han sido significativos, este diario conoció que la nueva investigadora ingresó a la Fiscalía General el 17 de febrero de 1993 como auxiliar administrativa. Desde entonces, ha ido ascendiendo hasta convertirse en fiscal especializada.
Ha liderado múltiples investigaciones contra el lavado de activos. Por ejemplo, fue la fiscal a cargo del proceso contra Omar Ambuila, el exfuncionario de la Dian que, a cambio de grandes sumas de dinero, permitió el ingreso ilegal de toneladas de mercancía por el puerto de Buenaventura. En ese proceso, Ambuila fue imputado por concierto para delinquir, lavado de activos, favorecimiento a servidor público y enriquecimiento ilícito.
Posteriormente, el exfuncionario fue solicitado por Estados Unidos a través del Distrito Judicial Centro de Florida. Su extradición se llevó a cabo en 2023 desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, por parte de las autoridades colombianas y el servicio de alguaciles U.S. Marshals.
Otro proceso liderado por la fiscal es el adelantado contra una red de lavado de activos de La Constru o Comandos de Frontera, que usaba ambulancias para legalizar dineros ilícitos. En este caso, se encontró que las disidencias de las Farc habían creado Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), adquirido ambulancias y otros bienes para constituir una estructura que brindara servicios médicos a poblaciones de Putumayo, Caldas, Nariño, Huila, Cauca y Valle del Cauca.
Este diario también conoció que no es la primera vez que Ramírez participa en el proceso de investigación al hijo del presidente. Meses atrás prestó apoyo en el descubrimiento probatorio contra Nicolás Petro “por lo voluminoso del expediente”.
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