En los últimos cinco años, cerca de 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido arrancados de sus casas, sus escuelas o sus comunidades para engrosar las filas de grupos armados.
A partir de 2023 este delito empezó a aumentar, hasta alcanzar en 2024 los niveles más altos jamás documentados en un período tan corto. Así lo advierte Human Rights Watch (HRW) en un extenso informe que le pide al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella una política integral de seguridad y justicia para frenar el reclutamiento forzado de menores.
La organización cruzó los registros de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía General de la Nación, dos fuentes que, pese a sus diferencias metodológicas, coinciden en un punto: el despegue comenzó a inicios de 2023 y la tendencia se mantuvo en niveles extremadamente altos durante todo 2024.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía, en 2023 se registraron 824 víctimas de reclutamiento en el país para pasar en 2024 a 1.557 registros. Esto representa un aumento del 88,9 % en un año.
El Cauca, epicentro de una guerra por los niños
El departamento del Cauca concentra el 57 % de todos los casos registrados en Colombia. Y es que apenas 20 municipios —el 1,8 % del total nacional— agrupan el 61 % del reclutamiento documentado en el país, y 14 de esos 20 municipios quedan dentro del Cauca.
Detrás de ese mapa hay un actor dominante. Las disidencias de las Farc, y en particular el Estado Mayor Central (EMC), son responsables del 74 % de los casos documentados entre 2021 y 2025 en todo el país.
En ese departamento, en 2022 fueron reclutados 17 niños, la cifra saltó a 237 en 2023 y volvió a escalar hasta 290 en 2024. Solo en 2025, el EMC concentró el 43,4 % de todos los reclutamientos reportados en Colombia, más que cualquier otro grupo armado.
Cada vez más niñas son reclutadas
Uno de los hallazgos del informe tiene que ver con el género de las víctimas. Durante décadas, las niñas fueron una minoría dentro del reclutamiento armado: representaban el 31,8 % de los casos vinculados a las antiguas FARC y el 34,3 % de los del ELN.
Esa proporción, sin embargo, empezó a crecer de forma sostenida desde 2021 y en 2025 llegó a un máximo histórico: el 43 % de todas las víctimas documentadas en el país fueron niñas.
Dentro de los grupos armados, ellas no solo comparten el destino de sus compañeros varones —entrenamiento militar, combate, trabajo forzado—, sino que además quedan expuestas a formas específicas de violencia basada en género, incluidos abusos sexuales, según documenta HRW.
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