Un operativo conjunto de las autoridades ambientales y judiciales desmanteló recientemente un presunto centro de protección animal en Cundinamarca, donde centenares de caninos permanecían en condiciones críticas de salud y desnutrición.
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En el municipio de Carmen de Carupa, las autoridades rescataron a más de 300 perros que permanecían en condiciones precarias dentro de una vivienda. Según informó CityTV, una mujer fue judicializada por presuntamente utilizar una fundación de protección animal como fachada para albergar a los caninos en circunstancias que dañaban su bienestar.
De acuerdo con el reporte, durante las diligencias realizadas por las entidades competentes se constató que los animales permanecían hacinados en el inmueble. El hallazgo encendió las alarmas de las autoridades, que iniciaron de inmediato las acciones necesarias para garantizar la protección de los perros.
La inspección fue adelantada por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. El operativo permitió evaluar el estado de los ejemplares y recopilar elementos de prueba para establecer posibles responsabilidades.
Un falso hogar de paso
Las investigaciones señalaron que el lugar funcionaba como un supuesto hogar de paso para caninos rescatados del abandono. Sin embargo, las condiciones encontradas durante la intervención llevaron a las autoridades a abrir un proceso por presunto maltrato animal.
Según la información divulgada por la Fiscalía este jueves 4 de junio varios de los perros presentaban problemas de salud, lesiones visibles y signos de desnutrición. Además, algunos requerían atención veterinaria urgente debido al deterioro de su estado físico.
La entidad también indicó que los animales tendrían acceso limitado a recursos básicos como agua y alimento, situación que habría afectado su calidad de vida.
Otro de los aspectos analizados por los investigadores tiene que ver con las donaciones que recibía el establecimiento. De acuerdo con las autoridades, el sitio obtenía ayudas económicas y aportes destinados al cuidado de perros rescatados.
Imputación de cargos
Tras la recolección de evidencias, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía imputó cargos a María Constanza García Aguirre por el delito de maltrato animal. La actuación judicial se desarrolló como parte del proceso adelantado por las autoridades.
Durante la diligencia, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Por esta razón, el caso continuará su curso mientras avanzan las etapas correspondientes dentro del proceso penal.
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