La información que esa cartera consigna en sus transferencias nacionales señala que de esa suma ha ejecutado $1,17 billones, pero no hay rastro de datos que permitan ver en qué se usó el presupuesto
Parte de la estrategia del Gobierno del presidente Gustavo Petro para cambiar el sistema son los equipos básicos de salud (EBS). Esto consiste en que grupos de profesionales y técnicos del sector recorran zonas rurales y apartadas para llevar atención en salud a las comunidades y asegurar que la gente pueda acceder a servicios desde su casa.
Dicen que promueven el cuidado y previenen enfermedades para detectarlas y tratarlas a tiempo. Para impulsarlos, el Ministerio de Salud ha girado cuantiosos recursos en los últimos tres años, pero no hay rastro disponible de qué se ha hecho.
Desde agosto de 2022, el Gobierno ha asignado $8,21 billones para las transferencias presupuestales a las entidades territoriales —a los hospitales públicos— para contratar EBS en el país. Aunque el valor incorporado señalado es de $9,06 billones.
De ese valor, según la información consignada en la página del ministerio, se ha ejecutado $1,17 billones, lo que corresponde solo al 14,2 % del total; mientras que el valor pagado ha sido de $1,11 billones.
Este plan para implementar la atención primaria en salud, si bien es una estrategia con un fin loable de llevar atención en salud a las personas que viven en zonas alejadas, ha tenido críticas en su implementación por parte del actual Gobierno.
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Empezando por la falta de información disponible su ejecución y de los resultados en salud pública, así como por los líos legales para su financiación. Intentaron en 2024 usar recursos de la unidad de pago por capitación–UPC (dinero para atención de afiliados de las EPS), pero la Corte Constitucional tumbó el decreto que lo habilitaba.
En ese sentido, los beneficios y ejecución de qué se ha hecho con esos $8,21 billones está a ciegas para el país. En la página del Minsalud que muestra el componente financiero de las transferencias de esa cartera no hay información sobre los contratos y actos administrativos, los rendimientos financieros reintegrados, los soportes documentales de esos giros ni la retroalimentación y cierre.
Tampoco hay datos de seguimiento y reintegros de la plata que esa cartera ha destinado a los EBS. En esos espacios lo que aparece son las leyendas “sin datos” y “no se puede acceder a los datos”.
Lo anterior quiere decir que no se sabe al detalle cuántos equipos hay en el país (aunque el presidente Petro ha mencionado que son 10.000), a quiénes se contrató ni qué hicieron esos grupos de profesionales, pues no hay informes de gestión.
Los únicos datos disponible en el mencionado enlace es la pestaña llamada “asignación”. Allí se mencionan las entidades territoriales —entre alcaldías municipales, secretarías de salud y hospitales públicos (empresas sociales del Estado)— a los que se les ha asignado algún valor de la inversión total para los EBS en los últimos tres años.
Estos datos muestran que se le han asignado $5,33 billones a 3.229 entidades. De esa cifra, algunas han incorporado $3,36 billones. Es decir, el 63 %. No obstante, tampoco hay información disponible sobre la retroalimentación y el cierre que el Ministerio de Salud le ha dado a esas asignaciones.
Estos equipos están conformados generalmente por siete profesionales de salud, entre los que están un médico general, un enfermero jefe, una psicóloga y cuatro auxiliares de enfermería.
A cada uno le entregan un territorio o un microterritorio (un barrio) para hacer visitas domiciliarias. Allí a los ciudadanos les toman la presión arterial, el peso y la talla; así mismo, prestan servicios de planificación familiar, psicología y control de crecimiento y desarrollo, de adultez y de vejez.
Después de esa valoración, si las personas que se valoraron requieren un servicio en salud, el médico, enfermero o psicólogo, según la necesidad, se dirige a ese hogar.
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Los EBS los reglamentó el Gobierno de Gustavo Petro a finales de 2022 con dos resoluciones que dieron lineamientos para su operación y financiación. Se pagan con plata de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), del Presupuesto General de la Nación o de “cualquier otra fuente que se determine”.
Cada uno cuesta $51’738.430 al mes, según el ministerio. El documento de esa entidad que detalla la implementación de esta iniciativa habla de ocho personas que los conforman. Los mencionados anteriormente, más un líder comunitario o promotor.
El costo de los ocho suma $34,4 millones, a lo que se le suma $10,5 millones de transporte y $6,7 millones en gastos de operación. Sin embargo, con el valor del peso actual costarían $65’812.856.
EL COLOMBIANO le preguntó al Ministerio por qué no hay información sobre la ejecución de esos recursos, de los contratos y actos administrativos ni de los rendimientos financieros reintegrados para agregar un comentario oficial, pero al cierre de esta nota no se pronunciaron.
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