Una pregunta asalta por estos días al sector salud, organizaciones y veedores: ¿podrá ser buen superintendente de Salud un exagente interventor de Nueva EPS que salió con cifras negativas? La pregunta —lejos de ser infundada— muestra los reparos que hay sobre la llegada a ese cargo de Bernando Camacho Rodríguez, quien tiene en su haber una larga trayectoria en el sector público, pero un ‘sambenito’ con la actualidad compleja que viven los pacientes de la mencionada aseguradora.
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Con la publicación de su hoja de vida en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, es un hecho que Camacho será el remplazo de Giovanny Rubiano en la Superintendencia de Salud. Sin embargo, su paso por Nueva EPS coincidió con un deterioro en cifras e indicadores. Hechos que, a la luz de su futura responsabilidad, dejan dudas sobre su idoneidad.
Cifras en rojo en Nueva EPS
Entre los hechos que rodean su gestión ante esa entidad se encuentra que para abril de 2025 (a un año de ser intervenida y a cinco meses de ser su interventor) la deuda de con clínicas y hospitales era de más de $5 billones y que le debía $600.000 millones a gestores farmacéuticos (a diciembre de 2024), de los cuales $200.000 millones corresponden a Audifarma.
Por la misma vía de números en rojo, es ineludible mencionar el informe que la Contraloría General de la República dio a conocer en septiembre de este año, en el que reveló que las deudas de Nueva EPS alcanzaban los $21,37 billones. El ente de control llegó a esa cifra después de recaudar información que comprende la vigencia de entre 2022 y el primer semestre de 2025: lapso que abarcó la gestión de Camacho como interventor.
Según lo revelado por el ente de control fiscal, esa EPS tenía anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024, los cuales pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones. Esto equivale a un incremento del 155 % y representa una variación significativa que, a juicio de la Contraloría, “afecta la situación financiera de la EPS”.
De igual manera, reportó un hallazgo de 22.737.247 facturas pendientes por procesar por $22,1 billones, así como uno de 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. “Al excluir los registros repetidos, existen facturas por $13,2 billones pendientes por procesar”, indicó.
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Entre tanto, un informe del observatorio Así Vamos en Salud señaló que la aseguradora (la de más afiliados en el país, con 10,8 millones) dejó de reportar información después de 2023, cuando registró pasivos por alrededor de $5,5 billones. Incluso, mencionó que si esa cifra incluyera en los consolidados de 2024 y 2025, el total de deudas del sistema de salud completo sería mayor.
Incumplimiento de tutelas
Las acciones de tutelas y la Nueva EPS no congenian. Al menos así ha sido en los últimos meses y con un incremento en el año y medio que lleva intervenida por la Supersalud. Esta situación no fue ajena a Bernardo Camacho.
En abril de 2025, el Juzgado 61 penal de Bogotá falló una tutela a favor del representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático), en la que le ordenó a Camacho contestarle dos derechos de petición que no le contestó.
Recién una semana después de esa orden sobre las solicitudes de Forero, el Juzgado Quinto Laboral de Montería ordenó cinco días de arresto contra Bernardo Camacho (así como contra el representante legal para asuntos judiciales y de tutela y contra el gerente zonal de Nueva EPS) por incumplir una orden judicial promovida y ganada por una mujer afiliada.
El 5 de agosto —días antes de ser removido como agente interventor— el Juzgado Primero Laboral de Sogamoso (Boyacá) le impuso dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes por incumplir otro fallo de la justicia que le ordenaba proteger el derecho a la salud de Eccehomo Castillo Pulido: un paciente de 75 años con cáncer.
La pretensión del usuario pedía acceso a medicamentos e insumos y que se le asignara una enfermera 24 horas para su atención en casa. (Leer fallo completo).
La trayectoria laboral de Bernardo Camacho
Bernardo Camacho es médico, especialista en gerencia de servicios de salud y tiene maestría en gestión de ciencia, tecnología e innovación.
Su experiencia en el sector público completa más de 34 años y en el sector privado más de ocho años. Fue profesional especializado en la Dirección de Provisión de Servicios de la Secretaría de Salud de Bogotá, entre 1983 y 2017; también fue gerente del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud de la capital, entre 2017 y 2024.
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