Las sombras de presunta corrupción están encima de una de las entidades promotoras de salud (EPS) que fue intervenida por la Superintendencia de Salud en los últimos cuatro años. Se trata de Asmet Salud, manejada por el Gobierno Petro desde mayo de 2023, en donde se conoció una denuncia penal por un presunto esquema de cobros de sobornos a clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud para agilizar el pago de obligaciones pendientes.
La denuncia señala que funcionarios de la entidad y personas externas habrían solicitado comisiones de entre el 15 % y el 16 % a cambio de facilitar desembolsos a prestadores. Incluso, algunos acreedores habrían tenido que pagar para conocer el estado de sus cuentas y la fecha estimada de los giros, según informó la Unidad Investigativa de Caracol Radio.
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El caso se conoce en un contexto de dificultades económicas para Asmet Salud, cuyos pasivos superan los $2,4 billones. A pesar de la intervención, los informes oficiales evidencian un deterioro financiero y operativo que ha motivado nuevas alertas de los organismos de control.
El principal denunciante es el representante legal de la empresa Onfarma, Sebastián Becerra, proveedor de medicamentos de alto costo para afiliados de la EPS en Caquetá. Según su testimonio ante la Fiscalía, una funcionaria cercana a la presidencia de Asmet Salud le habría solicitado una comisión del 16 % sobre los pagos que recibiera mediante giros directos de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), condición que, según afirma, debía cumplirse para agilizar el desembolso de una deuda cercana a los $4.000 millones.
La denuncia también advierte que los primeros acercamientos ocurrieron durante una reunión realizada en Pereira el 20 de enero de 2026 y que, posteriormente, la presunta exigencia fue reiterada mediante llamadas telefónicas y un encuentro en Barranquilla. Becerra aseguró que rechazó la propuesta, aunque, por recomendación de su abogado, mantuvo comunicación con la persona involucrada mientras recopilaba evidencias para entregarlas a las autoridades.
Según el relato presentado ante la Fiscalía, después de hacer creer que aceptaría el pago de la comisión, Onfarma recibió el 17 de febrero un giro por $2.500 millones, el mayor registrado desde el inicio de su relación comercial con Asmet Salud y superior al monto previamente conciliado y aprobado.
El empresario sostiene que, tras el desembolso, recibió mensajes en los que supuestamente le exigían cumplir con el acuerdo económico. También afirmó que le advirtieron que el pago habría podido reducirse si no existía la expectativa de recibir la comisión pactada.
Entre las pruebas entregadas por el denunciante figuran capturas de conversaciones de WhatsApp y documentos que, según su versión, evidenciarían un supuesto intento de modificar contratos para incluir sobrecostos en medicamentos no regulados. Todo el material permanece bajo análisis del ente investigador.
Alexandra Camargo Gutiérrez de Piñeres negó las acusaciones, tras ser consultada por Caracol Radio. La exasesora de la presidencia de Asmet Salud aseguró que nunca participó en solicitudes de dinero para agilizar pagos, afirmó que el número telefónico desde el cual se habrían enviado algunos mensajes no le pertenece y calificó como falsas las afirmaciones sobre un supuesto acuerdo con el denunciante.
Respecto al giro de $2.500 millones, la Adres explicó que los pagos directos se realizan con base en las postulaciones presentadas por las EPS y que la entidad no modifica los valores reportados. Entre tanto, el actual superintendente de Salud y el nuevo interventor señalaron que asumieron recientemente sus cargos y que aún revisan lo ocurrido con ese desembolso.
La situación de Asmet Salud también ha sido objeto de observaciones por parte de la Procuraduría y de la Supersalud. Los informes mencionan posibles irregularidades relacionadas con contratación, pagos anticipados, incrementos en remuneraciones directivas, procesos de auditoría y selección de prestadores, aspectos que ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y otros entes de control.
A la investigación por presunta corrupción se suma el complejo panorama financiero de la EPS. Documentos oficiales reportan un crecimiento significativo de la cartera vencida, embargos cercanos a los $330.000 millones y un aumento de las acciones de tutela presentadas por los usuarios debido a dificultades para acceder a servicios médicos.
El actual interventor de Asmet Salud, Mario Fernando Córdoba, reconoció que encontró una entidad con todas sus cuentas embargadas, retrasos en el pago de salarios, problemas en la auditoría de facturas y una relación deteriorada con la red de prestadores. Añadió que se adelantan acuerdos con las IPS para intentar recuperar la operación y levantar las medidas cautelares.
Mientras avanzan las investigaciones judiciales, organizaciones de pacientes sostienen que la intervención de la Supersalud no ha logrado mejorar la atención. En ese sentido, exponen que hay demoras en autorizaciones, dificultades para acceder a especialistas, escasez de medicamentos y problemas en la contratación de servicios esenciales, especialmente en departamentos como Cauca, Nariño y Caquetá.
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