El Ministerio de Salud dio a conocer una nueva política pública dirigida a mejorar la atención en salud mental y prevenir el suicidio. A través de la Resolución 347 de 2026 se puso en marcha la Estrategia Nacional para el Cuidado Integral de la Salud en Personas con Conducta Suicida.
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La iniciativa busca fortalecer la prevención, la identificación temprana de riesgos y la atención oportuna dentro del sistema de salud. Para ello, se plantean lineamientos que permitan mejorar la respuesta institucional ante situaciones de ideación suicida o intentos de suicidio en todo el territorio nacional.
El documento establece que la intervención debe realizarse mediante una coordinación más estrecha entre el sistema de salud, las autoridades territoriales y diversos sectores sociales. Con esta articulación se espera reducir las barreras de acceso y brindar acompañamiento oportuno a las personas que atraviesan situaciones de riesgo.
Uno de los componentes más relevantes de la resolución es la puesta en marcha del denominado Código Dorado. Este mecanismo permitirá activar de manera inmediata los protocolos de atención cuando se detecten casos relacionados con conducta suicida.
La activación de esa ruta implica que las instituciones de salud deberán garantizar una valoración prioritaria, atención con enfoque humanizado y seguimiento permanente a quienes presenten señales de riesgo. El objetivo es evitar que las personas queden sin apoyo en momentos críticos.
El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, afirmó que la estrategia representa un avance significativo en la política pública de salud mental. Según explicó, el nuevo protocolo permitirá que el sistema sanitario actúe con rapidez y sin obstáculos frente a episodios de ideación o intento de suicidio.
La estrategia parte de la premisa de que la conducta suicida responde a múltiples factores sociales, territoriales y comunitarios. Por esta razón, las acciones no se limitarán únicamente al ámbito clínico, sino que también incluirán medidas de prevención en distintos espacios de la vida cotidiana.
Entre los escenarios priorizados se encuentran instituciones educativas, lugares de trabajo, escuelas deportivas y artísticas, comisarías de familia, casas de justicia y otros espacios comunitarios donde se pueda detectar tempranamente a personas en riesgo.
La norma también promueve la participación activa de líderes comunitarios, organizaciones sociales, iglesias y redes de apoyo. Estos actores podrán contribuir a identificar señales de alerta y facilitar procesos de acompañamiento para quienes atraviesan dificultades emocionales.
Además, la resolución reconoce que la prevención del suicidio requiere una respuesta intersectorial. Por ello, la estrategia involucra a sectores como educación, trabajo, justicia y a las Administradoras de Riesgos Laborales, con el fin de abordar los factores sociales que inciden en la salud mental.
El nuevo protocolo contempla varias medidas concretas dentro del sistema sanitario. Entre ellas se incluyen la atención prioritaria en urgencias y consulta externa, la aplicación obligatoria de herramientas de tamizaje para detectar riesgo suicida, servicios de teleorientación en salud mental y el registro de casos en el sistema de vigilancia epidemiológica Sivigila.
Las entidades territoriales y las instituciones del sistema de salud tendrán un plazo de cinco meses para adoptar plenamente las disposiciones de la resolución. Con esta estrategia, el Gobierno Nacional busca avanzar hacia una respuesta más coordinada y centrada en las personas frente a los desafíos que plantea la salud mental en el país.
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