En el caso de corrupción que estalló hace más de un año en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), solo una mujer, hasta ahora, está pagando con cárcel. Se trata de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, hoy recluida y convertida, según su defensa, en el “eslabón más débil” de un proceso en el que la Fiscalía no ha logrado llegar a un acuerdo con ella.
Su equipo jurídico sostiene que Ortiz está enfrentando la investigación sin garantías reales y bajo una presión desproporcionada por parte del ente acusador. La exfuncionaria, se declaró inocente de los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos imputados por la Fiscalía.
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Los reclamos de la defensa quedaron consignados en una carta enviada directamente a la Fiscalía, en la que los abogados de Ortiz denuncian que ni siquiera están siendo notificados oportunamente sobre las citaciones, incluidas las audiencias para discutir la ampliación de la medida de aseguramiento que mantiene a la exfuncionaria en prisión.
El abogado de Ortiz denunció que ella fue llevada a un escenario de acercamiento judicial donde entregó una matriz de colaboración, construida junto con investigadores y fiscales, utilizando información extraída de su propio celular. Sin embargo, afirma la defensa, una vez la Fiscalía obtuvo los datos sensibles que buscaba, no hubo ningún acuerdo.
“Cuando obtuvieron la información salieron a los medios a calificar su comportamiento de ‘deleznable’”, asegura la defensa, que denuncia además que la entidad se niega a devolver la información privada aportada por Ortiz, pese a los requerimientos formales.
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