El Tribunal Administrativo de Cundinamarca no solo desarmó uno a uno los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre fraude electoral, sino que además cuestionó la veracidad de sus afirmaciones y dejó en evidencia que varias de sus denuncias se basaron en información inexacta.
En el documento que decreta las medidas cautelares y le ordena rectificar sus acusaciones de fraude electoral, la corporación controvierte la diatriba con la que el mandatario ha venido minando la credibilidad de la Registraduría. No es cierto, como sostiene, que haya habido fraude en las elecciones de 2014, 2022 y en las más recientes; y concluye que ninguna de esas afirmaciones se sostiene en los términos en que él las ha planteado.
1. El software electoral: hubo irregularidades, no fraude
Uno de los argumentos más repetidos por el presidente es que el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil no es confiable, basándose en el caso del partido MIRA de 2014. En ese proceso ante el Consejo de Estado, el partido alegó que había existido fraude electoral y que el software no era seguro. En ese caso, el Tribunal recordó que ninguna de esas acusaciones se logró probar como fraude.
La sentencia de 2018 sí encontró irregularidades en los datos, inconsistencias detectadas gracias a los registros del sistema, pero no evidenció un plan fraudulento ni fallas estructurales del software.
“El señor Presidente de la República no ha satisfecho la carga de veracidad que implica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión (sic)” , sostuvo el Tribunal.
2. Nadie ordenó cambiar el software
Otro de los puntos que desvirtúa la corporación, y que fue utilizado por Petro para sembrar dudas sobre el sistema electoral, es la afirmación de que el Consejo de Estado obligó a cambiar el software. Eso no es cierto. El Tribunal aclaró que en ningún momento se impartió una orden, lo que sí hizo el Consejo de Estado fue formular una recomendación orientada a fortalecer el sistema. Es decir, sugirió ajustes, pero en ningún momento dispuso la sustitución del software.
“Contrario a lo aseverado reiteradamente por el señor Presidente de la República no puede afirmarse de manera consistente con lo resuelto por el Consejo de Estado que la Organización Electoral y en particular la Registraduría hayan recibido una orden de adquisición de un software y en consecuencia hayan incumplido una orden judicial. La disposición de la alta corporación fue un llamado o exhorto no una orden compulsiva”, añade la corporación.
3. Elecciones de 2022: errores corregidos, no fraude
Sobre las elecciones al Senado de 2022, Petro ha insistido en que hubo fraude contra su coalición. “El Pacto Histórico tuvo cerca de 400 mil votos durante el escrutinio, y le fueron sumados al Partido de La U. El fraude pudo ser evitado”, reclamó el mandatario.
Respecto a esto, el Tribunal reconoció que hubo problemas en una etapa del proceso, específicamente en la transmisión de datos del preconteo. Pero también dejó claro que el sistema funcionó y permitió corregir esos errores. Por eso concluyó que no se puede hablar de fraude y que el presidente no cumplió con el deber de verificar bien la información antes de hacer esa afirmación.
4. Elecciones de 2026: el sistema sí respondió
En el caso de las elecciones del 8 de marzo de 2026, el presidente también habló de fraude. Para desmentir sus afirmaciones, el Tribunal se basó en los informes de misiones internacionales y la MOE que coincidieron en que el proceso fue transparente y confiable. El Tribunal resaltó que, a pesar de los cuestionamientos del mandatario, el sistema electoral funcionó bien y eso fue confirmado incluso por observadores externos.
“Considera el Tribunal que la jornada electoral adelantada el 8 de marzo de 2026, significó una constatación del buen funcionamiento de la Organización Electoral y de la Registraduría Nacional, como parte integrante de aquella”, se lee en la decisión.
5. Denuncias sin respaldo claro
Finalmente, el Tribunal revisó las supuestas gestiones del presidente para denunciar irregularidades. Encontró que, aunque se mencionan comunicaciones a otras entidades, no hay trazabilidad completa, faltan documentos clave, no se sabe qué pasó con esas denuncias y, además, no coinciden con lo que el presidente publicó en redes. En otras palabras, no hay claridad sobre si esas alertas realmente se tramitaron como se dijo.
Más allá de los puntos técnicos, el Tribunal le jala las orejas al mandatario. Le recuerda que no es cualquier ciudadano, por su cargo, tiene más responsabilidad al hablar, sobre todo en temas tan sensibles como las elecciones. Y que, teniendo acceso a información oficial, debe asegurarse de que lo que dice sea cierto antes de generar alarma.
“Petro cree que el presidente es un emperador”
El proceso se origina de una demanda presentada por el abogado Ramiro Bejarano, quien solicitó que el presidente rectifique o se abstenga de seguir difundiendo acusaciones de fraude electoral mientras no existan pruebas que las respalden. Tras conocerse la decisión del tribunal, el mandatario respondió que no se retractará, al considerar que hacerlo sería “arrodillarse”. En diálogo con EL COLOMBIANO, Bejarano sostuvo que el jefe de Estado actúa como un “emperador”, al desconocer decisiones de jueces y magistrados.
¿Es grave que el presidente no cumpla el fallo?
“La manifestación del presidente de que no va a cumplir el fallo, que no se ‘arrodilla’, e incluso que invoca la libertad de conciencia, es una grosería contra el Estado de derecho. El fallo le está diciendo algo muy claro: que sus afirmaciones sobre supuestos fraudes en elecciones pasadas no tienen sustento. Además, le recuerda que, aunque tiene derecho a la libertad de expresión, esta no es absoluta en el caso de un jefe de Estado”.
Si el presidente dice que no va a cumplir el fallo, ¿quién puede hacerlo cumplir?
“Ese es el problema. Existen instancias como la Comisión de Acusación, pero en la práctica el control es limitado. Sin embargo, hay caminos: por ejemplo, se podría pedir que entidades públicas como RTVC no difundan afirmaciones que contradigan una decisión judicial, y que organismos como la Procuraduría intervengan frente a funcionarios que lo hagan”.
¿Qué lectura hace del fallo desde el punto de vista institucional?
“Es una buena señal para la democracia. Que la justicia le diga al presidente ‘usted puede opinar, pero no puede mentir ni exceder los límites’ demuestra que hay controles funcionando. El doctor Gustavo Petro cree que el presidente es un emperador, porque él ejerce una especie de presidencia imperial, que él puede decir lo que quiera sin pruebas, como le parezca en gana, y que eso tiene que ser obligatorio. Y, además, lo peor, que no cumple las providencias judiciales. Eso es tan absurdo como si los ciudadanos dijeran: ‘mire, a mí no me gusta pagar impuestos y, entonces, ejerzo la objeción de conciencia para no pagar impuestos’”.
¿Qué hay detrás de este discurso sobre fraude?
“Busca generar presión sobre el proceso electoral, movilizar votantes por miedo a un fraude o, en el peor escenario, dejar abierta la puerta para cuestionar resultados si no le son favorables”.
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