Estados Unidos mantuvo a Colombia entre los países que, según Washington, “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de lucha contra las drogas.
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La decisión fue comunicada ayer por el gobierno de Donald Trump y constituye la segunda vez consecutiva que Colombia recibe esta clasificación, después de que fuera incluida en esa categoria el año pasado en el gobierno de Gustavo Petro.
La determinación forma parte de la evaluación anual que realiza EE. UU. sobre los países considerados de importancia para la producción o el tránsito de drogas ilícitas.
En el caso de Colombia, Washington concluyó que durante el último año —sin contar agosto cuando ya estaba De la Espriella— no se hicieron esfuerzos sustanciales suficientes para cumplir con las obligaciones internacionales contra los narcóticos.
Ese detalle temporal es importante porque la decisión conocida este miércoles no constituye una evaluación de las primeras semanas del gobierno de Abelardo De La Espriella, sino del periodo que Washington acaba de examinar.
Por eso, aunque la Casa Blanca relacionó públicamente la situación anterior con el gobierno Petro, también dejó abierta la posibilidad de que Colombia salga de esta categoría en la próxima revisión si el nuevo Ejecutivo demuestra avances concretos.
El presidente Donald Trump dijo que podría reconsiderar la clasificación de Colombia si durante el próximo año el país logra avances en la erradicación de cultivos de coca y en el desmantelamiento de las organizaciones narcotraficantes.
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¿Qué significa “descertificado”?
La primera diferencia que conviene hacer es entre dos conceptos que suelen confundirse. Estados Unidos identifica cada año a los países que considera grandes productores o países de tránsito de drogas ilícitas.
Estar en esa lista no significa, por sí mismo, que el Gobierno de ese país haya fracasado en la lucha contra el narcotráfico. La propia legislación estadounidense explica que esa clasificación puede responder a factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan la producción o el tránsito de drogas.
Otra cosa es la categoría de “han fallado demostrablemente”, que se aplica cuando Washington considera que un país no ha cumplido suficientemente sus compromisos internacionales de lucha contra los narcóticos. Es esta segunda categoría la que afecta ahora a Colombia.
Y aquí aparece uno de los elementos más importantes para entender el alcance real de la decisión: la descertificación no equivale automáticamente a que Estados Unidos suspenda toda la cooperación con Colombia.
La legislación estadounidense permite que, aun cuando un país sea considerado incumplido, el presidente de Estados Unidos determine que mantener determinados programas de asistencia responde al interés nacional estadounidense.
Ese mecanismo se conoce como “national interest waiver”, que traduce “exención por interés nacional”. Eso es precisamente lo que ocurrió con Colombia.
La decisión, por tanto, contiene una paradoja que suele perderse en el debate político: Colombia permanece formalmente en la categoría de “fallo demostrado”, pero Estados Unidos mantiene abierta la cooperación porque considera que esa relación sigue siendo de interés para Washington.
En otras palabras, no se trata de una ruptura de relaciones ni del cierre de todos los programas estadounidenses de seguridad y lucha contra las drogas.
Washington mantiene la asistencia, pero deja constancia de que considera insuficientes los resultados colombianos y utiliza esa clasificación como mecanismo de presión. Por eso, más que pensar la descertificación como un “castigo” que desconecta a Colombia de Estados Unidos, resulta más preciso entenderla como un examen anual en el que Washington puede mantener la cooperación mientras exige resultados concretos.
¿Qué evalúa EE. UU.?
La discusión tampoco se reduce a cuántas hectáreas de coca se erradican. Washington está mirando el resultado de la política antidrogas en un sentido más amplio —y en el fondo más político—: la capacidad del Estado para reducir la producción de drogas y afectar las organizaciones que participan en su producción, financiación, transporte y tráfico.
El Gobierno de De La Espriella ha planteado que su estrategia estará concentrada precisamente en esos frentes: erradicación, persecución de las estructuras criminales, destrucción de laboratorios, afectación de sus finanzas, recuperación territorial y extradición de sus integrantes.
En sus primeros 36 días, según el balance oficial de la Presidencia, la Fuerza Pública reportó 75.613 kilogramos de droga incautados, 1.506 hectáreas de coca erradicadas y 73 extradiciones firmadas. Son cifras entregadas por el propio Gobierno y, por tanto, hacen parte de su balance oficial de gestión.
Pero esos números no constituyen por sí mismos la respuesta definitiva al examen estadounidense. El punto será determinar si esas operaciones producen efectos sostenidos sobre el negocio de la cocaína.
Erradicar miles de hectáreas puede ser un resultado operacional. La pregunta que seguirá Washington será qué ocurre después: si los cultivos vuelven a aparecer, si la producción se mantiene, si las organizaciones pierden capacidad financiera y territorial y si disminuye efectivamente la disponibilidad de cocaína destinada a los mercados internacionales.
Aumentaron los cultivos ilícitos
El nuevo gobierno recibe, además, un problema estructural. El monitoreo de cultivos de coca elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estableció que en 2024 había 261.386 hectáreas de coca en el país, un aumento de 3,5% frente a 2023. El dato es especialmente relevante porque muestra que la discusión sobre la política antidrogas no comenzó con la llegada del nuevo Gobierno.
La medición de 2024 corresponde al último dato consolidado disponible del monitoreo de Naciones Unidas y, por tanto, no permite atribuir automáticamente el resultado al Gobierno actual ni utilizarlo como una fotografía de la Colombia de septiembre de 2026.
Sí permite, en cambio, dimensionar el punto de partida del nuevo Ejecutivo. Ese es precisamente uno de los elementos que hará más compleja la evaluación: los indicadores de producción y cultivos tienen rezagos y no necesariamente reflejan de inmediato las operaciones realizadas durante unas pocas semanas de gobierno.
Colombia, entonces, no ha perdido automáticamente la cooperación de EE. UU., pero sí el reconocimiento de Washington como un país que cumple sus compromisos antidrogas.
De La Espriella recibe ahora la presión y la oportunidad de cambiar los resultados. La salida de la descertificación dependerá de que esos avances se traduzcan en resultados concretos y sostenidos contra el narcotráfico.
“Es resultado del desgobierno de los últimos cuatro años”
Tras confirmarse la decisión de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, la embajadora de Colombia en ese país, María Consuelo Araújo, aseguró que la medida responde a los resultados del gobierno anterior.
Esto, debido a que la evaluación comprende los últimos 12 meses, periodo que corresponde a la administración de Gustavo Petro.
“El resultado de dicha determinación es el claro resultado del desgobierno de los últimos 4 años (...) Desde el primer día, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha adoptado acciones concretas y decisivas para restablecer la seguridad, fortalecer la calidad del Estado, enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado”, dijo.
“Su gobierno ha establecido como prioridades la seguridad y el imperio de la ley”, agregó.
La embajadora destacó que la nueva administración comenzó su mandato con una agenda centrada en los temas que le importan a Estados Unidos, y por supuesto, al gobierno De la Espriella.
La estrategia, explicó Araújo, no se limita a la incautación de drogas, sino que busca intervenir las diferentes etapas de la cadena del narcotráfico, desde los cultivos ilícitos y los laboratorios hasta las rutas de distribución, las finanzas y las organizaciones criminales.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué decisión tomó Estados Unidos respecto a Colombia en la lucha contra las drogas?
- El gobierno de Estados Unidos mantuvo a Colombia en la categoría de países que “han fallado demostrablemente” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico. Es la segunda vez consecutiva que el país recibe esta clasificación.
- ¿A qué período corresponde esta evaluación de Washington?
- La decisión evalúa los resultados de los últimos 12 meses, correspondientes al periodo final del gobierno de Gustavo Petro, por lo que no constituye una calificación sobre las primeras semanas de la administración de Abelardo De La Espriella.
- ¿Pierde Colombia la ayuda financiera y la cooperación de Estados Unidos?
- No automáticamente. El presidente estadounidense aplicó una exención por interés nacional (
national interest waiver), lo que permite conservar la asistencia y los programas de seguridad como mecanismo de presión sin romper la relación bilateral.
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