La hidroeléctrica Urrá confirmó un fuerte incremento en las descargas hacia el río Sinú debido al aumento extraordinario del caudal que ingresa al embalse, mientras se mantiene la alerta roja operativa. La decisión se produce en un contexto de lluvias atípicas que han dejado miles de familias afectadas en Córdoba y reavivan el debate histórico sobre el papel de la represa en la dinámica de inundaciones del departamento.
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En un comunicado emitido desde Montería el 15 de febrero de 2026, la empresa informó que los aportes hídricos crecieron de manera significativa en las últimas horas, obligando a elevar el volumen de agua liberado aguas abajo. La compañía solicitó a las comunidades ribereñas mantenerse evacuadas y seguir las instrucciones de los organismos de gestión del riesgo, mientras continúa el monitoreo permanente del embalse.
Aportes 69% más altos y embalse por encima de la cota
La situación ya había sido advertida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que reportó que el caudal de entrada pasó de 485 metros cúbicos por segundo a 823 m³/s en apenas 24 horas, un incremento cercano al 69%. El nivel del embalse se mantiene alrededor de 130,5 metros sobre el nivel del mar, aproximadamente dos metros por encima de la cota de rebose vigente.
La autoridad ambiental explicó que el proyecto ha operado bajo una condición excepcional, con descargas continuas por el rebosadero. Si las lluvias persisten y los aportes aumentan, los caudales liberados podrían incrementarse aún más, elevando el riesgo de inundaciones en municipios ubicados en la cuenca baja del Sinú.
En este escenario, la empresa reiteró que la alerta roja operativa continúa activa y enfatizó que las comunidades no deben regresar a las zonas evacuadas mientras se mantengan las actuales condiciones hidrológicas.
“Fue completamente atípico”: la magnitud según la UNGRD
La dimensión de la emergencia quedó retratada en una reciente entrevista de EL COLOMBIANO con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo.
“Lo que sucedió fue completamente atípico. Estamos en temporada seca. Entre el 1 y 2 de febrero cayó prácticamente toda el agua del mes. En la represa de Urrá hubo una precipitación que se calcula en 1.600% por encima de lo usual”, afirmó.
La magnitud de la emergencia invernal tiene su epicentro en Córdoba. Aunque el más reciente reporte situacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registra 94.431 familias damnificadas —254.531 personas— en 149 emergencias ocurridas en 17 departamentos del país, es este departamento caribeño el que concentra el mayor impacto. De las 11.216 hectáreas inundadas a nivel nacional, 11.077 están bajo el agua en territorio cordobés, lo que equivale al 98,76 % del total reportado.
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En Córdoba se contabilizan 70.424 familias afectadas, dos personas fallecidas y 10 heridas, en medio de 22 eventos registrados en 21 de sus 30 municipios. Las lluvias, atípicas para una temporada que suele ser seca, han dejado viviendas averiadas, cultivos perdidos y ganado expuesto a las crecientes. Montería, uno de los principales focos de la crisis, enfrenta además la presión adicional de las descargas controladas de la represa, que coinciden con el aumento extraordinario de los caudales por las precipitaciones.
Carrillo aseguró que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo activó evacuaciones tempranas y desplegó ayudas humanitarias, con más de 160 toneladas enviadas a Montería. También anunció la instalación de puentes semipermanentes en otras regiones afectadas.
¿Por qué hay inundaciones en temporada seca?
El IDEAM registró comportamientos climáticos atípicos en el Pacífico que alteraron los patrones normales de lluvia. Febrero suele considerarse un mes seco en la región Caribe, pero las precipitaciones extraordinarias desbordaron los cálculos habituales.
Carrillo insistió en que la variabilidad climática está haciendo más frecuentes los eventos extremos. “Los territorios se vuelven cada vez más vulnerables, porque están sometidos una y otra vez a sequías intensas o lluvias extraordinarias”, señaló.
Sin embargo, más allá de la coyuntura meteorológica, la crisis revive preguntas estructurales sobre la gestión del agua represada y el margen de maniobra que tiene la operación hidroeléctrica cuando los embalses se acercan a niveles críticos.
Urrá: una historia marcada por la controversia
La represa Urrá I, construida en el Alto Sinú e inaugurada en el año 2000, nació como un proyecto estratégico para la generación eléctrica en la región Caribe. Pero su historia está atravesada por profundas controversias ambientales, sociales y políticas.
El proyecto inundó cerca de 7.400 hectáreas, afectó territorios del pueblo indígena Embera Katío y generó tensiones en torno al proceso de consulta previa. La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-652 de 1998, reconoció vulneraciones a derechos fundamentales de la comunidad indígena.
Durante los años noventa, la zona estuvo marcada por la expansión del paramilitarismo y el desplazamiento forzado. El líder Embera Kimy Pernía Domicó, opositor a la represa, fue desaparecido en 2001; años después, jefes paramilitares admitieron su responsabilidad.
Más allá del conflicto armado, Urrá también ha sido objeto de críticas por sus impactos en la pesca, los ciclos ecológicos del río y las recurrentes inundaciones en el valle del Sinú. Para algunos sectores sociales, la represa alteró de forma permanente la dinámica hídrica de la región.
Entre la lluvia y las decisiones humanas
Hoy, mientras el agua cubre barrios y cultivos, la discusión vuelve a girar sobre el equilibrio entre generación energética y gestión del riesgo. Las descargas actuales responden a un aumento extraordinario de lluvias, pero la experiencia demuestra que la administración del embalse puede amplificar o mitigar los efectos de una temporada invernal.
El presidente Gustavo Petro ha pedido investigaciones para establecer responsabilidades en la gestión de la crisis, señalando que no todo puede atribuirse únicamente al clima.
En Córdoba, entretanto, la prioridad es inmediata: mantener a salvo a las comunidades, evitar retornos prematuros y garantizar ayudas oportunas.
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