Las víctimas acreditadas –en el proceso que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez– enviaron una carta a la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humano en los que alertan por las presiones que ha recibido la justicia en medio de esta decisión.
Los firmantes de la petición piden una “intervención urgente” para “salvaguardar la integridad del poder judicial” en Colombia. La petición ocurre en medio de los cuestionamientos de diversos sectores políticos y, hasta de Estados Unidos, por la decisión que encontró a Uribe Vélez como culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
“Advertimos sobre los intentos de interferencia en la función jurisdiccional, lo cual representa una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano”, alertó la bancada de víctimas.
El pronunciamiento de las víctimas ocurre en medio de los dardos que, desde Estados Unidos, han lanzado contra la decisión que adoptó la jueza Sandra Liliana Heredia.
Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, calificó el fallo de un abuso “fiscal y judicial” contra el expresidente Uribe y advirtió que la tradición de la independencia judicial en Colombia ahora estaba “manchada”.
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En esa misma línea, Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., afirmó que el único delito de Uribe había sido “luchar incansablemente” por la defensa de la patria. Añadió que la decisión de la condena fue adoptada por “jueces radicales”.