Gustavo Petro saldrá dentro de poco de la Casa de Nariño, pero no necesariamente del poder. Su candidato, Iván Cepeda, lidera las encuestas previas a la jornada electoral, lo que anticipa la continuidad de las políticas de su jefe político y la ejecución de su plan de Gobierno. La conclusión no es exagerada. Petro, en su condición de presidente, reactivó en la recta final de su mandato el discurso de acudir a una Constituyente para implementar sus reformas, una línea que no es ajena a Cepeda.
Sin mayor claridad sobre su alcance, el candidato planteó el “acuerdo nacional” como su principal apuesta, una hoja de ruta basada en la construcción de consensos amplios. Insiste en que buscará entendimientos con todos los sectores, incluido el uribismo. Sin embargo, este planteamiento abre un debate de fondo sobre los mecanismos institucionales que propone para convertir esos consensos en normas.
Cepeda plantea que el punto de partida de su propuesta no será la imposición de reformas, sino una convocatoria amplia. “Va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza. Sentémonos a hablar y vemos”, afirmó en entrevista con El Tiempo.
Aseguró que existen condiciones para alcanzar entendimientos incluso en escenarios de alta polarización: “He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos... entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas (...) Hay muchas heridas, muchos problemas, muchos prejuicios... pero creo yo que incluso en esa otra orilla hay también un amor por este país”.
Ese planteamiento se queda en el terreno del discurso del diálogo, pero la pregunta de fondo aparece cuando se pasa de las palabras a los hechos. ¿Cómo se vuelven ley esos acuerdos?
Iván Cepeda no descarta una constituyente, aunque insiste en que no sería el punto de partida, sino el desenlace de ese proceso. “Puede ser que al final de ese camino, no al comienzo, sino al final, nos pongamos de acuerdo en que hay unos temas pactados, y viene un asunto que es cómo se implementa”, dijo.
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El problema es que ese “cómo” queda abierto y es justamente ahí donde se concentra la discusión.
Por un lado, menciona las reformas constitucionales o legales ordinarias. Pero también plantea una vía más expedita: “Para implementarlos hay que incorporarlos a la constitución y al orden legal... o simplemente con un decreto, fíjese usted, si todo el mundo está de acuerdo, le da facultades al presidente para que se haga un paquete de decretos ley, que tengan la fuerza de hacer válidos sus acuerdos”. Incluso, subraya la conveniencia de ese mecanismo: “Si es así, no hay ningún problema. Es más sencillo aún”.
El candidato rechaza de entrada el trámite en el Congreso. “Es un camino que, por mi experiencia, le digo, es muy engorroso”.
El punto clave está en esa frase de “si todo el mundo está de acuerdo”. Deja varias preguntas en el aire. ¿Quién define que ese “todo el mundo” sí está de acuerdo? ¿Quién se sienta en esa mesa y quién se queda por fuera? Porque el propio Iván Cepeda habla de convocar a los sectores “más representativos” y a los que se consideren relevantes, pero no queda claro quién hace ese filtro ni con qué criterios.
Y ahí es donde el tema deja de ser solo un llamado al diálogo y empieza a prender alarmas. Porque una cosa es sentarse a hablar y otra muy distinta es que de ese acuerdo salgan decisiones con fuerza de ley, incluso vía decretos firmados por el presidente.
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Así lo hizo en su momento el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez, cuando arrancó con leyes habilitantes que le permitieron gobernar por decreto en varios frentes. Con ese mecanismo fue concentrando poder y sacando adelante cambios de fondo sin pasar por el Congreso en el sentido tradicional.
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