Una investigación de La Silla Vacía y Armando.info reveló que la hoy presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó dos bloques petroleros en ese país a cercanos al Presidente Gustavo Petro en 2025.
Los beneficiarios fueron Colven Business & Corp, una compañía relacionada con Danilo Romero Gómez —compadre del presidente Petro— y con familiares del cuestionado empresario catalán Manuel “Manel” Grau Pujadas, cercano a la primera dama Verónica Alcocer.
Tanto Romero como Grau tienen vínculos estrechos con la familia presidencial que trascienden la amistad pues ambos se han beneficiado de esa cercanía para emprender todo tipo de negocios y beneficiarse de contratos, según diversas investigaciones periodísticas.
En este caso, los contratos fueron adjudicados bajo la figura de Contratos de Participación Productiva (CPP), una modalidad implementada por Rodríguez cuando asumió el Ministerio de Petróleo en agosto de 2024 y que, tras una reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por la Asamblea venezolana, quedó blindada como mecanismo para atraer inversión privada en la industria energética del vecino país.
Lea aquí: El ‘roscograma’ que montó la primera dama, Verónica Alcocer, en el Gobierno de Gustavo Petro
La investigación de esos medios documenta cómo, a través de esa figura, la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó al menos 29 contratos sin detallar públicamente las compañías beneficiadas. Según Armando.info, los CPP han favorecido desde empresarios estadounidenses cercanos al presidente Donald Trump hasta aliados políticos del chavismo. El capítulo colombiano de esa historia apunta a una firma creada en Bogotá en octubre 2022: Colven Business & Corp, es decir, dos meses después que el petrismo asumió el poder en agosto de ese año.
¿Qué es Colven Business & Corp?
Colven Business & Corp, en 2025, consiguió dos CPP para la explotación de campos en Barinas y Apure, zonas cuyas reservas probadas suman 1.114 millones de barriles, más de la mitad de todas las reservas de Colombia.
Documentos obtenidos por esos medios indican que en 2024 la producción en Apure cerró en 5.100 barriles diarios y en Barinas en 8.100. Fuentes del sector petrolero consultadas por los investigadores estiman que, con inversiones relativamente bajas, podrían escalar a 50.000 barriles diarios en poco tiempo. A precios internacionales promedio, el negocio podría mover alrededor de 3,2 millones de dólares diarios en una fase inicial.
Lea aquí: La historia detrás de los enredos del compadre de Petro y la pareja de Ricardo Roa en los escándalos de Ecopetrol
La ubicación estratégica agrega un componente geopolítico: los bloques están a pocos kilómetros del campo Caño Limón, en Arauca, conectado por oleoducto al puerto de Coveñas. Expertos citados en la investigación señalan que, de existir acuerdos binacionales, bastaría una conexión corta para integrar la infraestructura.
El desafío mayor en esa zona es la presencia del ELN, grupo guerrillero con influencia histórica en la frontera colombo-venezolana.
Estados financieros débiles, contratos robustos
A pesar del tamaño del negocio, Colven no mostraba solidez financiera. Según sus estados reportados en Colombia, para 2024 tenía patrimonio negativo de 27.000 dólares y pérdidas por 54.000. Tampoco contaba con trayectoria comprobada en explotación petrolera.
Ese patrón coincide con lo documentado por Armando.info sobre otros CPP adjudicados por Rodríguez: empresas desconocidas, de reciente creación y con escasa experiencia.
En su página web —hoy inactiva— Colven se describía como una firma que “lidera la conexión estratégica entre Colombia y Venezuela”, con intereses en minería y transmisión eléctrica. Actas internas muestran que desde 2023 la compañía autorizó abrir sucursal en Venezuela con miras a ejecutar negocios energéticos en ese país.
El hilo que conduce a Danilo Romero
Danilo Romero Gómez, compadre de Petro y amigo suyo desde hace más de dos décadas, participó en la creación de Colven. Aunque afirma haberse retirado en octubre de 2024 y niega tener hoy participación en la firma, los registros societarios muestran que personas de su entorno familiar y empresarial continuaron vinculadas.
El representante legal actual es su sobrino, Diego Martínez Plata. También figura Hernando Villamizar Pinto, vinculado a otras empresas de Romero como Carbones de Toledo y Energía & Combustibles. Documentos ante la Cámara de Comercio fueron radicados por personas que trabajan o han trabajado en compañías del empresario.
Romero ha sido mencionado en distintos episodios políticos desde la llegada de Petro al poder: su nombre apareció en reuniones relacionadas con contratos de Cenit, filial de Ecopetrol, en medio de señalamientos sobre supuestas “deudas de campaña”. Él ha negado cualquier financiación irregular o influencia indebida.
Su cercanía con el presidente es pública: Romero pagó el viaje de Petro y su familia a Italia tras la victoria electoral de 2022 y ambos son padrinos cruzados de hijos.
“Danilo Romero subsidió durante muchos años a la familia Petro”, comenta una fuente que los conoce bien.
A su vez, Romero fue pareja de Carolina Plata, una de las mejores amigas de Verónica Alcocer, quien además es la ama de llaves de las casas de Presidencia como la de Cartagena o Hatogrande.
La red de conexiones familiares es mucho más amplia porque la hermana de Carolina, Martha Plata, se ha ganado la lotería de los contratos de arrendamiento con entidades que dependen de la Presidencia, según reveló también La Silla Vacía.
El hijo de Martha, a su vez, Óscar Rueda Plata, trabaja en Procolombia en China. Además, Rueda estuvo mencionado en otro escándalo donde también tienen intereses el grupo de amigos de la familia presidencial: la hidroeléctrica de Urrá.
En 2024 hubo una denuncia sobre presunto tráfico de influencias que salpicó al hijo adoptivo del jefe de Estado, Nicolás Alcocer Petro.
El paso de un vicepresidente de Ecopetrol
Pero volviendo al escándalo petrolero, otro nombre clave es el de Alfonso Camilo Barco Muñoz, actual vicepresidente financiero de Ecopetrol. Barco fue accionista y representante legal de Colven hasta pocos días antes de asumir su cargo en la petrolera estatal.
Barco sostiene que asesoró a Colven como independiente y que su llegada a Ecopetrol obedeció a un proceso competitivo. También afirma que al momento de su vinculación la empresa no había obtenido los contratos venezolanos.
El episodio abre interrogantes políticos sobre eventuales conflictos de interés, aunque hasta el momento no existen decisiones judiciales al respecto.
El componente panameño y los hermanos Grau
El 97% de Colven pertenece a Colenergy Group, empresa panameña creada en 2024 por el venezolano Jesús Velásquez, el catalán Gregorio Grau Pujadas y el sobrino de Romero.
Gregorio es hermano de Manuel “Manel” Grau Pujadas, empresario catalán nacionalizado colombiano de manera expedita durante el gobierno Petro y designado en la junta directiva de Cisa. “Manel” ha sido identificado como cercano a la primera dama, Verónica Alcocer.
Aunque Manuel Grau ha negado tener vínculos con los negocios de su hermano, correos electrónicos revelados por La Silla Vacía muestran que ambos fueron copiados en comunicaciones empresariales relacionadas con proyectos energéticos desde 2015.
El nombre de Jesús Velásquez también aparece como figura cercana al chavismo, según fuentes consultadas en la investigación. Velásquez fue accionista de empresas que contrataron con Pdvsa y participó en Energía & Combustibles, firma vinculada a Romero.
La adjudicación de estos bloques ocurre en un contexto de reapertura energética entre Colombia y Venezuela. En enero, el ministro de Minas, Edwin Palma, propuso públicamente que empresas colombianas participaran en exploración y transporte de crudo en el vecino país.
La reforma venezolana a la Ley de Hidrocarburos, promovida por Rodríguez, consolidó un esquema que en la práctica reabre el sector petrolero a privados, tras años de control estatal rígido. Para Washington, el petróleo venezolano vuelve a ser estratégico; para Caracas, representa una vía urgente de liquidez.
En ese escenario, la presencia de empresarios ligados al círculo presidencial colombiano adquiere una dimensión política delicada.
El nombre de Manuel Grau también enfrenta controversia en Bogotá. Más de 200 copropietarios del proyecto inmobiliario Torre Barcelona, en el centro de la ciudad, preparan acciones penales por presuntas irregularidades en la administración de recursos.
El edificio, diseñado como residencia estudiantil y hostal, fue comercializado desde 2016 con promesas de rentabilidad cercana al 7,9 % anual. Inversionistas afirman haber recibido alrededor del 3 %.
La operación estuvo a cargo de Smart Rooms Colombia S.A.S., luego The Spot Centro S.A.S., sociedades vinculadas al entorno empresarial de Grau. Los copropietarios alegan bloqueos de información y posibles inconsistencias en la distribución de utilidades.
La empresa operadora sostiene una versión distinta y afirma que hubo una “toma forzosa” del edificio por parte de propietarios en enero de 2025. También asegura que Grau ya no tiene vínculo directo con la operación.
Aunque el litigio inmobiliario es independiente del negocio petrolero en Venezuela, ambos episodios confluyen en un punto: el escrutinio público sobre empresarios cercanos al entorno presidencial en medio de negocios millonarios.
La investigación de La Silla Vacía y Armando.info no establece responsabilidades penales ni judiciales, pero sí expone una red de relaciones empresariales que conecta a contratistas venezolanos, empresarios colombianos cercanos al presidente y figuras del chavismo.
En el centro está una modalidad contractual —los CPP— que permitió adjudicar bloques petroleros estratégicos a empresas sin trayectoria consolidada, pero con conexiones políticas relevantes.
La pregunta que queda abierta es si estos negocios son simplemente el resultado de la reapertura económica entre dos países o si configuran un entramado de intereses donde la proximidad política facilitó oportunidades privilegiadas.
Mientras no haya investigaciones formales que determinen responsabilidades, el caso se mueve en el terreno político y ético. Pero en un país donde la campaña presidencial de 2022 sigue bajo revisión judicial, cualquier vínculo entre contratos energéticos internacionales y el círculo cercano del poder inevitablemente eleva el costo reputacional.
Regístrate al newsletter