La Corte Constitucional de Ecuador suspendió el decreto con el que el presidente Daniel Noboa pretende convocar a una constituyente para reformar la Carta Magna con leyes más duras contra el narco.
Aunque la decisión es temporal, mientras evalúa cinco demandas de inconstitucionalidad, ahonda aún más la crisis entre el mandatario y el alto tribunal que ha puesto freno a varios proyectos del Ejecutivo por considerar que violan derechos fundamentales entre otros argumentos.
“La Corte no es enemiga del pueblo. Nada más alejado de la verdad. Es guardiana de sus derechos”, indicó en un comunicado el tribunal que ha enfrentado masivas protestas lideradas por el mandatario contra sus magistrados.
Noboa propuso crear una Asamblea Constituyente vía consulta popular que redacte una nueva Carta Magna con leyes más severas para enfrentar las numerosas bandas narco que encienden la violencia en el país.
Ecuador era una isla de paz entre los mayores productores de cocaína, Colombia y Perú, pero los últimos seis años los homicidios se dispararon más de 600%.
En junio, el Parlamento de mayoría oficialista aprobó una reforma constitucional sobre el restablecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada en referéndum.
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Los electores deberán decidir si están o no de acuerdo en eliminar de la actual Carta Magna la prohibición de establecer estas bases como la que hasta 2009 tuvo Estados Unidos para actividades antidrogas en Manta (suroeste).
Días atrás, el presidente intentó esquivar a la Corte haciendo un llamado directo a la consulta popular sin previa revisión de los jueces sobre la conformación de una Asamblea Constituyente.
Noboa propone que esté integrada por 80 miembros elegidos en las urnas durante una consulta en noviembre.
La Constitución de Correa (2007-2017) prohibió la presencia de bases y tropas militares extranjeras en la nación. Durante una década y hasta 2009, Estados Unidos utilizó una pista de la Fuerza Aérea local en el puerto de Manta (suroeste) para actividades antidrogas.
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Noboa ha planteado para la consulta una serie de preguntas como si aplicar o no la castración química a los violadores o la reapertura de casinos, pero la Corte Constitucional las ha rechazado al considerar que incumplen normas y derechos fundamentales.
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