Urabá todavía está a tiempo de hacerle frente a sus problemas de mayor envergadura, que aparecen hoy nuevamente sobre la mesa justo cuando la región se proyecta como el más moderno nodo logístico de Colombia.
Dentro de los desafíos mayúsculos que tiene la región está el de anticiparse para la transformación que sufrirá su territorio, que con la entrada en operación de su primer puerto deberá encontrar instrumentos para crecer de forma ordenada y darle por fin solución a rezagos de vieja data como la creación de un sistema de transporte público completo y eficiente.
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La región también tiene dentro de sus pendientes construir unas mejores redes de servicios públicos, como acueducto y alcantarillado, capaces de soportar el crecimiento residencial e industrial que se avecina, pero también de cerrar las profundas brechas que perviven entre el sector urbano y rural.
El florecimiento económico que se asoma también será la oportunidad para formalizar un mundo laboral en el que todavía el 43,3% de los jóvenes no está trabajando, ni estudiando; así como quitarle terreno a la pobreza y a la inequidad, porque una de cada tres personas todavía no puede cubrir sus necesidades básicas.
Capítulo aparte merece la desnutrición infantil, que en Urabá tiene uno de los balances más adversos del departamento, con 390 niños menores de cinco años con cuadros de desnutrición aguda y por lo menos 2 de cada 5 hogares clasificados como en inseguridad alimentaria.
A continuación hacemos un recuento de las tareas más urgentes para la región.
Serán 500.000 habitantes más para 2050: hay que reordenar el territorio y mejorar transporte
Las proyecciones demográficas posicionan al enclave Apartadó - Turbo como uno de los principales diez ejes urbanos del país que experimentará un especial crecimiento entre 2030 y 2050. Con una población urbana estimada en cerca de 200.000 habitantes para 2010, se espera que para 2025 la misma sea de 500.000 y para el 2050 unos 700.000 habitantes; lo que se traduce en un crecimiento de medio millón de habitantes.
Este repunte se prevé tan pronunciado que está incluso por encima de los cálculos que se auguran para otras regiones estratégicas del país, como por ejemplo el Eje Cafetero (0,2 millones), Bucaramanga (0,2 millones), Montería - Sincelejo (0,4 millones), Cúcuta (0,3 millones) y el eje Tunja - Duitama - Sogamoso (0,1 millones).
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Tal como ocurrió en su momento en el Valle de Aburrá, y también ocurre hoy en otras regiones como el Oriente antioqueño, esta explosión demográfica vendrá acompañada de un crecimiento de las ciudades, trayendo retos mayúsculos en materia de planeación y ordenamiento.
Uno de los primeros síntomas de que esa transición desde lo rural hacia lo urbano ya comenzó en Urabá la reveló en un reciente informe el programa Antioquia Cómo Vamos.
Si bien en la subregión las cifras dan cuenta de que 2 de cada 3 personas viven en el campo, durante la última década la economía ha comenzado a apuntar en otra dirección.
Tan solo durante el periodo 2015 a 2022, mientras la producción agrícola comenzó a reducirse gradualmente (pasó de producir $2,2 billones en 2015 a $1,5 billones en 2022), el comercio está creciendo (pasó de producir $1,1 billones en 2015 a $1,4 billones en 2022). En comparación con el resto del departamento, otro dato que da cuenta del crecimiento de Urabá es el sostenido incremento de su producción, que pese a verse duramente golpeada en la pandemia, desde 2021 comenzó a repuntar y se ubicó en 2022 en $7.5 billones, posicionando a la región como la tercera que más aporta a la producción de Antioquia (6%), superada por Oriente (10%) y el Valle de Aburrá (68%).
En un escenario de este crecimiento, se prevé que los principales centros urbanos de la región comiencen a crecer, lo que se traducirá en la exposición de más proyectos inmobiliarios y la exigencia de que la región tenga una robusta infraestructura en materia de elementos básicos, como servicios públicos domiciliarios y transporte.
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Tal como ocurrió alguna vez en Medellín y sus municipios vecinos, la problemática del transporte es una de las más complejas.
Y es que si bien la región tiene una amplia oferta para conectarse con Medellín y otras ciudades importantes, la oferta de transporte público para conectar entre sí a sus municipios se queda corta ante las necesidades de la población, generando una gran dependencia al vehículo particular (principalmente las motocicletas), al servicio de taxis o en su defecto otras alternativas como los mototaxis, estos últimos parte de un servicio aún no regulado.
Buscando ponerle orden a esa problemática, y de paso anticiparse al crecimiento urbano que ya está en el horizonte, uno de los principales proyectos en los que avanza la región es la creación de un Área Metropolitana, similar a la que ya funciona en Medellín y a la que también se discute para el Oriente. Este organismo sería la punta de lanza para que municipios como Apartadó, Turbo, Carepa, Chigorodó y Mutatá eventualmente puedan sentarse en una misma mesa para formular proyectos conjuntos y regular el crecimiento.
El organismo tendría funciones para regular las rutas de transporte público, fortalecerlas y tener un ente con capacidad jurídica para contratar obras de amplio alcance.
El reto de Urabá será organizarse desde hoy, cuando todavía hay tiempo de hacer las cosas bien.
Inversión por $100.000 millones despega el plan de acueducto y alcantarillado
En pleno siglo XXI, Urabá mantiene profundos rezagos en sus redes de acueducto y alcantarillado. Aunque en la zona urbana las coberturas son amplias en la mayor parte de los municipios, gran parte de la zona rural es la que tiene los principales faltantes.
En materia de acueducto, de acuerdo con los datos del Grupo EPM, que tiene presencia allí con su filial Aguas Regionales, con corte a 2023 Apartadó tenía una cobertura del 98%, Carepa 93%, Chigorodó 93%, El Reposo 84%, Mutatá 91% y Turbo 79%, siendo esa la ciudad con el porcentaje más bajo.
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Según se desprende de la última Encuesta de Calidad de Vida Antioquia Cómo Vamos, de cifras del Dane y de la Gobernación de Antioquia, se estima que en la subregión por lo menos unos 17.563 habitantes no tienen conexión a la red de acueducto y para cocinar tienen que valerse de las aguas de las lluvias o ir a abastecerse a quebradas. De igual manera, se presume que aproximadamente 12.714 habitantes no tienen servicio de alcantarillado.
En el caso del alcantarillado, uno de los casos que durante los últimos años ha sido más crítico es que el atraviesa Arboletes, cuyos habitantes asentados en las orillas del río Volcán ya se acostumbraron al vaho putrefacto que expele ese río y que incluso ha afectado a los más de 1.600 estudiantes de la Institución Educativa José Manuel Restrepo.
La complicación para ese municipio, y en un problema que comparte con la mayor parte de la subregión, es que pese a necesitar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales para mitigar el problema en su principal río, no dispone de recursos para emprender las obras al ser uno de los 96 municipios del departamento clasificados en la sexta categoría presupuestal, la más baja de todas.
Otro municipio que pasa afugias por su alcantarillado es Turbo, que pese a su tamaño tiene apenas una cobertura del 50,6% en ese servicio.
En este último municipio ni siquiera el corregimiento de Nueva Colonia, que será el lugar que alojará al primer puerto del departamento sobre el Caribe, está al día con su cobertura en alcantarillado.
“De nada nos sirve ufanarnos de que Antioquia tiene mar, de que el Urabá representa la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano después de La Guajira, si no hay agua potable. Nunca va a llegar un hotel de gran envergadura a sentarse en las bellas playas de Turbo, de Arboletes, de Necoclí de San Juan (de Urabá) si nosotros no definimos eso oportunamente”, expresó por ejemplo el año pasado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al referirse a esa situación.
Buscando revertir esa situación, varios proyectos en materia de acueducto y saneamiento básico han surgido recientemente.
En el corregimiento de Nueva Colonia, uno de los más importantes está siendo liderado por el sector privado, en un proyecto bautizado como Juntos por Urabá.
Allí empresas como el Grupo Argos, varias entidades del Gobierno Nacional, Grupo Prisa, Empresas Públicas de Medellín (EPM), Banafrut, Uniban, Greenland Investments, Puerto Antioquia, Bancolombia, Proantioquia, Aguas Regionales, Alcaldía de Turbo, Inversora Fundación Grupo Social y Bio Planta buscan inyectar recursos para construir un sistema de alcantarillado y también 1.000 viviendas, en una inversión aproximada de $100.000 millones.
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Otra iniciativa de largo aliento que se proyecta en la región fue anunciada en marzo de este año por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien señaló que el Grupo EPM, en conjunto con la Gobernación de Antioquia, avanzaba en un plan para modernizar el servicio de acueducto en la subregión, buscando que con recursos propios de Antioquia se lograra superar ese rezago histórico en materia de servicios públicos.
Hacerle frente a la pobreza, la informalidad y el desempleo
Una de las principales paradojas que ha arrastrado Urabá a lo largo de su historia, y hoy sigue siendo un tema crítico, es ser una región rodeada de riqueza pero con altos índices de pobreza e inequidad.
Sin importar que su producción venga en auge y la región se esté posicionando como uno de los principales productores del país de banano, maracuyá, plátano y cacao, 4 de cada 10 habitantes de Urabá aseguraban no tener ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios esenciales en 2023, tal como lo documentó Antioquia Cómo Vamos.
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En materia de pobreza monetaria los indicadores tienen dos caras, ya que mientras por un lado los mismos muestran una mejoría en años recientes, todavía se muestran pronunciados en gran parte de los municipios. Entre 2021 y 2023, la proporción de personas en condición de pobreza monetaria pasó del 71% al 41% en ese último año.
No obstante, en municipios del Atrato Medio como Vigía del Fuerte y Murindó los niveles de pobreza monetaria eran del 52% y 42% respectivamente. En el Centro de Urabá los indicadores eran igual de adversos, con municipios como Chigorodó con un 54% de habitantes en pobreza monetaria y Carepa con 45%. En contraste, los municipios con niveles más favorables para 2023 eran Mutatá con 26%, Necoclí con 30%, Apartadó con 35% y Arboletes con 41%.
Otros indicadores que ilustran los retos de la subregión en esa materia son las personas con necesidades básicas insatisfechas y el déficit de viviendas. Por el primer frente, y en dirección contraria al comportamiento de la pobreza monetaria, los datos muestran que la proporción de habitantes con necesidades básicas insatisfechas pasó de 28% en 2021 a 31% en 2023; lo que significa que un tercio de la población, es decir 1 de cada 3 personas, no podía cubrirse sus necesidades elementales.
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Por el lado de la vivienda, basándose en datos del Dane y de la Gobernación, Antioquia Cómo Vamos alertó en su Informe de Calidad de Vida que en Urabá habría unas 62.959 casas que necesitan ser reemplazadas con urgencia sencillamente porque sus paredes ya no son capaces de brindar protección. De igual forma, los datos daban cuenta de que otras 38.287 viviendas en la región requerían de mejoramientos.
Dentro de los factores que en ese ejercicio de medición se identificaron como claves para darle la vuelta a dicha situación, sobre todo en cuanto a pobreza, estaban el de incrementar el empleo formal y potenciar el sistema educativo. Precisamente en cuanto al empleo, los datos de las cajas de compensación familiar dan cuenta, por ejemplo, que solamente el 19% de las personas en edad de trabajar en Urabá tenían un empleo formal.
En otras variables, la región también tenían datos adversos en comparación con las demás regiones del departamento. De acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida Departamental 2023, elaborada por la Gobernación de Antioquia, la tasa de desocupación en Urabá era del 12,1 (en Antioquia era de 7,4); la tasa de ocupación era de 35,4 (en Antioquia era de 51), y la tasa de empleo informal era de 58,1 (en Antioquia era de 47,4).
Asimismo, la proporción de jóvenes clasificados como que ni estudiaban ni trabajaban para 2023 era la más alta de todo el departamento, con un 43,2%; lo que se traducía en que aproximadamente 1 de cada 2 no se estaban formando ni aprovechando su fuerza de trabajo.
Con la vista puesta en el desarrollo que se espera se detone en la región con su consolidación como nodo portuario del país, en el que se espera que se consolide también un imán para el arribo de nuevas empresas, dentro de los retos a los que tendrá que hacerle frente Urabá estará el de integrar a su población joven al mercado laboral y sincronizar las necesidades que demande el mercado con las capacidades de los jóvenes. De igual forma, el reto a largo plazo es que este proceso sirva como punto de partida para que los municipios de la subregión comiencen a profundizar sus procesos de formalización laboral y así comiencen a cerrarse las brechas sociales, económicas y de infraestructura pública que aquejan al territorio en medio de la ventana de oportunidades que comienza a abrirse.
Acabar con casos de desnutrición infantil: urgencia en la región
En materia social, otro gran desafío que tiene Urabá es proteger a su niñez, en medio de uno de los contextos más complejos en el departamento en asuntos como la desnutrición infantil.
Tan solo en mayo pasado, y en un hecho que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias del departamento, los municipios de Turbo y Arboletes fueron el escenario de los más recientes fallecimientos de menores de edad por desnutrición en Antioquia.
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En el caso de Turbo, el menor fallecido fue un bebé de 7 meses, que fue atendido en el hospital Francisco Valderrama de ese municipio. El segundo caso correspondió al de una bebé de 13 meses también con un cuadro de desnutrición, que pese a fallecer en Barranquilla, había sido remitida allí tras ser atendida en el Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes.
Luego de que se conocieran los casos, Dionisia Yusti Rivas, subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, expresó la consternación de ese ente por los dos fallecimientos y señaló que se iniciaría una inspección a los hospitales.
Ambos casos se produjeron pocas semanas después de que otro niño perteneciente al resguardo indígena Las Playas, en Apartadó, tuviera que ser rescatado por personal médico al tener también un cuadro severo de desnutrición.
De acuerdo con los datos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, para 2023, en Urabá se habían detectado 390 niños menores de cinco años con cuadros de desnutrición aguda, 51 más que en 2022, cuando se habían registrado 339 menores de la primera infancia en esa condición.
Estos datos posicionan a la región como la segunda en el departamento con este tipo de casos.
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Otros indicadores refuerzan la consternación por esa problemática. Por ejemplo, según documentó el programa Antioquia Cómo Vamos, en la subregión por lo menos 2 de cada 5 hogares están clasificados como en inseguridad alimentaria, es decir, que sus integrantes afirman que se están disminuyendo el número de comidas que ingieren y que dicen sufrir sensación de hambre en su día a día.
La situación en este indicador es especialmente sensible en municipios como Vigía del Fuerte, Murindó y Arboletes, en donde el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria severa para 2023 era más del 50%.
En su más reciente informe sobre la desnutrición infantil, la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en inglés), alertó que dentro de las principales causas que se asocian a la desnutrición infantil no solo está la pobreza y la falta de recursos económicos, sino la falta de acceso a agua potable, correctas condiciones higiénicas en el entorno en el que son criados los niños, deficiencias en la lactancia materna y variables culturales, sobre todo asociadas al desconocimiento de las prácticas saludables en el cuidado de los infantes.
Asimismo, todos estos factores, aparecen asociados a la presencia de enfermedades como infecciones respiratorias, parásitos intestinales, diarrea, entre otras afecciones, que también repercuten negativamente en los niños, cuyo organismo puede tener problemas para absorber los nutrientes de forma normal.
Más allá de las dificultades médicas inmediatas, la desnutrición es una problemática con consecuencias a largo plazo. Tan solo en materia de supervivencia, los menores con estos cuadros pueden ver comprometido su sistema inmunológico y pueden tener hasta 11 veces más probabilidades de fallecer por una complicación de salud en comparación con un niño sano.
La desnutrición también se asocia a problemas en el desarrollo cognitivo de los niños, limitando sus capacidades de aprender y tener un rendimiento académico.
De esta manera, ha alertado la Unicef, se reproducen ciclos de pobreza en la que las generaciones posteriores también tienen una alta probabilidad de crecer en condiciones de desnutrición.
Fortalecer liderazgos y el buen gobierno público para erradicar la corrupción
Al igual que en muchas otras zonas del departamento, la corrupción y la cooptación de la administración pública por funcionarios organizados en redes clientelistas es una problemática que afecta a la subregión del Urabá antioqueño.
En una región abocada a resolver grandes retos sociales y fortalecer sus instituciones públicas para que las inversiones puedan transformar el territorio, la pervivencia de las prácticas corruptas constituye una de las principales amenazas para el progreso.
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Tal como lo han advertido organismos como el Instituto Anticorrupción, estas dinámicas no solo generan pérdidas irreparables en los recursos públicos, sino que perpetúan contextos en las que las instituciones encargadas por velar por el bienestar social pierden legitimidad.
“La corrupción es un fenómeno sistémico y estructural que resulta en la pérdida de recursos públicos, el deterioro de las condiciones económicas, sociales e institucionales, y la generación de daños de difícil cuantificación, además de víctimas que rara vez son reconocidas. Este fenómeno se vincula estrechamente con problemáticas estructurales como la elevada desigualdad, la fragmentación política y social, la degradación ambiental y la baja legitimidad de las instituciones”, señaló esa organización.
Recientemente, por poner un ejemplo, algunos gobiernos locales se vieron involucrados en las denuncias por presuntas irregularidades asociadas al escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y tan solo el mes pasado un exalcalde del municipio de San Pedro de Urabá fue encontrado culpable por un juez de conocimiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, por cuenta de un contrato para la construcción de un puente en una vereda.
Sin embargo, más allá de un recuento de casos, otros indicadores dan cuenta de un panorama más amplio, como es el caso del Índice de Gobierno Abierto (IGA), un indicador que mide a los gobiernos en cuanto a su transparencia y buenas prácticas en general. El indicador es aplicado a las 32 gobernaciones y las 1.101 alcaldías de todo el país.
En 2019, justo antes de la pandemia, mientras los 125 municipios de Antioquia tenían un promedio de 67 puntos en este indicador (los indicadores más altos los tenía Titiribí con 87,7 y Rionegro con 86.1 puntos), en Urabá varios municipios estaban muy por debajo de ese promedio, como Arboletes, con 37,5 puntos; y Murindó, 41,7.
Entre las estrategias que se han propuesto para reducir esa alta vulnerabilidad a las prácticas de corrupción, se ha instado a que los entes territoriales adopten prácticas para que la información pública esté disponible en internet para el público general, y así organizaciones ciudadanas, veedurías, medios de comunicación y diferentes actores puedan ejercer control y ayuden también a los organismos de control en su lucha contra las malas prácticas.
Además de los riesgos que trae la corrupción para el erario y la llegada de inversiones para quienes más las necesitan, otras organizaciones han alertado que este fenómeno también dificulta la lucha contra el crimen organizado, que en muchos casos llega a aprovecharse de una institucionalidad débil y logra así crecer a sus anchas y continuar ejerciendo control territorial y las rentas ilegales.
Esta última es una alerta que han formulado organizaciones como el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, desde donde se ha advertido, por ejemplo, que dramas humanitarios como el tránsito de migrantes irregulares se agravan cuando son permitidas por las estructuras armadas que tienen presencia en la zona.
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En un territorio con una alta informalidad, son estas organizaciones armadas las que al final terminan permitiendo el tránsito de los migrantes y a su vez derivan de allí rentas junto a otros actores involucrados en la cadena logística que hace posible dichos tránsitos. Toda una economía entre lo informal y lo ilegal.
Bajo esa misma óptica, otras instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se han puesto en la tarea de repasar y volver a estudiar la historia de la violencia en esa región, han concluido que tanto el Urabá antioqueño como el chocoano tienen dentro de sus desafíos más importantes transformar un pasado en el que modelos ilegales han surgido bajo la sombra y han coexistido con las instituciones.
Seguridad y convivencia: que la legalidad domine el territorio
El dominio territorial que han afianzado los grupos armados en Urabá hace parte de otro de los problemas de gran envergadura que la subregión y sus autoridades tienen sobre sus hombros.
Con matices diferentes a los de otras regiones de Antioquia en donde el recrudecimiento de la violencia ha sido más pronunciado recientemente, sobre todo en la zona limítrofe del departamento con el sur de Bolívar, la Fuerza Pública continúa no obstante teniendo en Urabá uno de sus desafíos mayúsculos.
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El Clan del Golfo, la misma agrupación que hoy se disputa a sangre y fuego con el ELN y las disidencias de las Farc múltiples municipios del Bajo Cauca, el Norte, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueño, ha afianzado su poder durante los últimos años.
Prueba de esa amenaza latente fue la más reciente oleada de atentados en contra de miembros de la Policía y el Ejército, que generó zozobra en varias regiones del país y que tuvo también su capítulo en Urabá, en municipios como Carepa y Chigorodó.
A diferencia de gran parte de la zona limítrofe de Antioquia con el sur de Córdoba y Bolívar, el Urabá antioqueño y chocoano son parte de una franja territorial considerada como de dominio para el Clan del Golfo, y clave además por ser un punto de paso para el tráfico de drogas y el control de otras rentas ilegales.
Por cuenta de la incertidumbre desatada por el llamado “plan pistola” denunciado por la Policía, varios municipios de la región se vieron incluso obligados a imponer restricciones desesperadas buscando estabilizar la situación de orden público.
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En el caso de municipios como Carepa, Necoclí y San Pedro de Urabá, algunas de las fórmulas aplicadas por los gobiernos locales fue imponer el toque de queda para menores de edad, restringir los horarios de operación de los establecimientos comerciales nocturnos y hasta imponer restricciones para vehículos en las vías circundantes a las estaciones de Policía, estas últimas las más vulnerables a la hora de hacerle frente a ataques con un menguado pie de fuerza.
Esta vulnerabilidad del Estado ante los ilegales no es nueva y ya se había puesto a prueba también en 2022, cuando la captura del exlíder del Clan del Golfo, alias Otoniel, dio pie a una ofensiva contra la Fuerza Pública en esa subregión y otros puntos del país.
En materia de seguridad y convivencia, Urabá enfrenta también más problemas a largo plazo.
Otro de los que se destaca es el constante flujo de migrantes irregulares, que durante los últimos años han generado repetidas crisis humanitarias y represamientos, sobre todo en municipios como Necoclí y Turbo.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de que en el Golfo de Urabá, el número de migrantes que circulan viene creciendo así: 109.293 en 2019, 6.465 en 2020, 133.726 en 2021, 248.284 en 2022, 520.085 en 2023.
Además de los represamientos, estos intensos flujos han generado también intensas presiones sobre la limitada infraestructura hospitalaria de la región y han demandado la presencia de entidades del orden nacional para atender otras graves problemáticas como las de niños vulnerables en riesgo.
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De igual manera, las autoridades de la región también tienen en su radar otras problemática de convivencia, entre los que se destaca el incremento de los casos de violencia intrafamiliar y otros flagelos como la violencia contra las mujeres, los niños y los casos de violencia sexual.
Tan solo en los casos de violencia intrafamiliar, los datos de Sivigila dan cuenta que los mismos pasaron de 934 en 2019, a 1.495 en 2023.
Todos estos datos, ilustran la necesidad de los municipios de la región para fortalecer su capacidad de respuesta, no solo en la lucha contra el crimen, sino para garantizar la vida y la convivencia.
Escuche, Antioquia tapa los huecos de Petro:
