Seis de los trece presuntos implicados en el juicio penal por el presunto negociado irregular alrededor del megalote Aguas Vivas se habían opuesto (a través de sus abogados) a la petición del Distrito de Medellín de constituirse en víctima dentro de este proceso, en el cual habría perdido más de 40.000 millones de pesos.
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Luego de que ellos presentaran su argumentación en audiencias pasadas, la jueza 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, quien lleva el caso, se debía pronunciar al respecto este miércoles y lo hizo avalando la petición de la Alcaldía.
En consecuencia, la administración podrá seguir interviniendo como parte con el fin de defender sus intereses, bien aportando pruebas, pidiendo las que considere necesarias o controvirtiendo lo que diga la contraparte, que en este expediente está constituida por el exalcalde Daniel Quintero y doce personas más, entre ellas nueve exfuncionarios de alto rango de su administración y tres particulares.
Así habrían participado
El escándalo de Aguas Vivas tiene que ver con la entrega que inicialmente le hicieron al Distrito de un predio inmenso en la parte alta de El Poblado como reconocimiento de obligaciones urbanísticas futuras (un requisito que tienen los constructores de dejar espacio público para la ciudad por cada proyecto que ejecuten) y después gestionaron para que les reconocieran cerca de $48.000 millones.
Finalmente, esto no se concretó y el lote fue devuelto a sus dueños iniciales, pero posteriormente, además, en mayo de 2023, apareció un decreto que habría terminado valorizándolo porque le quitaba restricciones que tenía para la construcción de proyectos urbanísticos.
El exmandatario y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero, está respondiendo por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos, en tanto que su exsecretario general Fabio Andrés García también está imputado por presunto prevaricato por apropiación en favor de terceros.
Por presunto interés indebido están siendo juzgados Ingrid Vanessa González, exsecretaria de Gestión Humana; Yina Marcela Pedroza, exsubsecretaria legal de Movilidad; Carlos Mario Montoya, exsecretario de Gestión y Control Territorial; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios; Sergio Andrés López, exdirector de Planeación de Medellín; Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución; Alethia Carolina Arango, exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público, y Leidy Jiménez, exsubsecretaria de Proveedores.
Adicionalmente hay tres particulares como posibles autores de peculado: Juan Diego de Jesús Moreno y José Fernando Rueda, representantes de las firmas IDC y Técnicas Constructivas, lo mismo que Juan Manuel Villegas.
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Audiencia duró poco más de una hora
La decisión de admitir la participación de los abogados de la Alcaldía en representación de las víctimas para lo que sigue del proceso fue anunciada en el desarrollo de la audiencia virtual que estaba programada para este miércoles 20 de mayo y que tenía como propósito discutir ese aspecto además de continuar con la sustentación de las solicitudes que habían interpuesto también los defensores de seis de los investigados para que el proceso sea anulado por presuntos vicios de fondo y de forma.
La diligencia comenzó hacia las dos de la tarde, después de los formalismos de llamado a lista para confirmar la presencia de todas las partes. En dicha diligencia, la juez 22 Penal del Circuito se pronunció sobre cada uno de los argumentos que habían sido interpuestos contra esa participación e indicó por qué no era pertinente aceptarlos.
“No hay incompatibilidad”
Una de las tesis esbozadas indicaba que había una incompatibilidad, ya que el Distrito está representado ahora por el alcalde Federico Gutiérrez, quien ha denunciado públicamente un supuesto tinglado de corrupción que habría sido encabezado por su antecesor en el anterior periodo, y a la vez Quintero lo tiene a él denunciado por presuntos actos irregulares en la escrituración de Aguas Vivas en 2019, poco antes de que el actual mandatario entregara su primera administración (está en su segunda alcaldía).
Al respecto, la juez adujo que la denuncia de estos hechos por parte de la administración actual no configura un conflicto de intereses, sino el cumplimiento de un deber legal impuesto por el Código de Procedimiento Penal y el Código Disciplinario Único, que obligan a los funcionarios a poner en conocimiento de las autoridades cualquier acto de presunta corrupción, pero además, que si se llegó a presentar alguna irregularidad en 2019, esa no es materia del presente proceso.
“No es procedente trasladar la responsabilidad penal a terceros no vinculados al proceso ni convertir el reconocimiento de víctimas en un ‘minijuicio’”, añadió.
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Otro argumento de los defensores fue que debe ser la Contraloría Distrital, no la Alcaldía, la que asuma la defensa de la ciudadanía, si se hubiera producido un detrimento patrimonial. No obstante, la juez indicó que acá no solo está en juego el patrimonio económico sino posibles delitos penales que afectarían además el debido funcionamiento de la Alcaldía.
“El Distrito posee un interés legítimo en conocer la verdad para examinar factores internos que contribuyeron a los hechos, cumpliendo los requisitos para ser reconocido como víctima”, añadió.
El abogado Hernández había sugerido incluso que dentro de este proceso no hubo detrimento al erario y para ello se apoyó en un dictamen que hizo la Contraloría Distrital en ese sentido para pedir la nulidad del caso.
En ese sentido, la juez adujo que se trata de dos procesos de naturaleza diferente, pues “la responsabilidad penal es independiente y autónoma de la fiscal, protegiendo bienes jurídicos diversos”.
Recordó también que solo uno de los delitos que están siendo imputados en este caso, el peculado por apropiación, depende de demostrar el detrimento. Además la mayoría de los 13 presuntos implicados están siendo investigados por prevaricato por acción e interés indebido en celebración de contratos.
Próxima diligencia en casi un mes
Tras la lectura del sentido de la determinación de la juez, solo el abogado Luis Antonio Hernández (que representa al exalcalde Daniel Quintero) y Emmanuel Goldstein (abogado de Carlos Mario Montoya) anunciaron que apelarán.
Por esta razón la operadora judicial suspendió la audiencia con el fin de que estos preparen sus argumentaciones.
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Ambos serán escuchados en la próxima diligencia, también virtual, que está planteada para el próximo 2 de julio a las dos de la tarde. Y está prevista una siguiente sesión para el 14 del mismo mes, en igual horario. Después habrá que pactar nuevas fechas.
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