Un grupo armado del noroccidente de Medellín montó su propia red de cámaras de seguridad para ejercer control en las calles de un barrio.
Como si se tratara de una empresa de vigilancia, y ante la vista de los vecinos de un barrio de la comuna Doce de Octubre, los ilegales desplegaron en varios puntos del territorio cámaras para controlar y vigilar de cerca quién entra y sale de la zona.
Pese a que desde hace varios meses los habitantes del sector vienen pidiendo con insistencia la intervención de las autoridades, denunciando estar cansados de un sistema de extorsiones e intimidaciones, el caso se hizo público en días recientes, luego de que la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, exdirectora contra el Crimen Organizado de la Fiscalía, denunciara la situación e instara a la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía a no dejar solos a los habitantes.
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A manera de agravante, la corporada advierte que, aunque desde múltiples entes ya se tiene desde hace buen tiempo conocimiento de la existencia de una plaza de vicio en la zona, serían pocas las acciones de fondo que se han emprendido para restablecer el orden en el territorio, en el que hasta los policías del cuadrante han sido víctimas de asonadas cuando intentan detener a los violentos.
La banda en cuestión aparece identificada como El Polvorín y, según las denuncias ciudadanas, estaría integrada por al menos 60 personas, al mando de un cabecilla identificado como alias el Zurdo.
La banda no solo se dedicaría a la venta de estupefacientes, sino que tendría una amplia gama de formas de extorsión que tienen asfixiados a los habitantes del barrio.
En el caso de los tenderos, las extorsiones incluyen presiones para comercializar productos específicos y pagos que oscilarían entre $1 millón y $5 millones para poder funcionar.
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De igual forma, a los residentes del sector les harían cobros periódicos para permitirles parquear sus vehículos en vía pública y también presiones para comprar unas boletas, de entre $600.000 y $1 millón, cuyos recursos serían empleados para financiar sus actividades ilegales.
También hay casos documentados de domiciliarios que llegarían a la zona para hacer entregas de productos y el grupo hurtaría sus vehículos para luego pedirles pagos exorbitantes, que luego no se traducirían en la devolución de los mismos.
Todas estas actividades estarían articuladas a la red de cámaras que tendrían instaladas en el barrio, que les permitiría no solo monitorear quien entra y sale del territorio, sino anticiparse a acciones de las autoridades.
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“Para ellos poder librarse de la presencia de las autoridades, tienen ese sistema de control de cámaras. Parece ser que el monitoreo y control de esas cámaras se hace a través de una líder, que es la que tiene montado el sistema de cámaras en su casa”, sostuvo la concejala.
Otro de los elementos que están en poder de las autoridades es que los integrantes de este grupo armado también se valdría de su poder en el territorio para individualizar e intimidar a los policías del cuadrante.
Carrasquilla apuntó que tanto su denuncia pública como la que ha hecho la ciudadanía, en las que incluso hay un organigrama de los presuntos integrantes de la estructura, ya están en poder de la Fiscalía y la Policía Judicial.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO consultó con la Secretaría de Seguridad de Medellín, pero no obtuvo respuesta.
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