Una jueza avaló la presentación del testimonio de una testigo que está siendo clave en la explicación del presunto entramado de corrupción que habría imperado en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) durante los años 2020 a 2023.
Sobre esa entidad que funge como ordenadora del territorio y autoridad ambiental para Medellín y otros nueve municipios del área metropolitana que circunda a esta ciudad, actualmente hay dos procesos penales: uno tiene que ver con la contratación por casi 18.000 millones de pesos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí y otro, también por contratos por una cuantía similar a la anterior, para algunas obras y el mantenimiento del Parque de las Aguas.
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Justamente en ese último caso, este lunes estaba citada la continuación de la audiencia de acusación contra los exservidores públicos Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del AMVA; Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez Castañeda, exgerentes de Metroparques, y Viviana del Valle Velásquez, exjefe de compras de Metroparques.
Estos están respondiendo por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado.
Pero además figuran en el mismo proceso los particulares Juan Alexander Pino Jaramillo, Fabio Miguel Mestre Espitia, Yamileth Galindez Chilito y Lilibeth Pino Jaramillo; representantes legales de empresas contratistas.
Laura Mejía, exlíder de logística, también figuraba en este expediente, pero le fue aceptado un principio de oportunidad, lo cual significa un trato benévolo de la Justicia a cambio de colaboración.
Los hechos que los tienen respondiendo ante la justicia tienen que ver con tres contratos interadministrativos por 17.450 millones de pesos, suscritos entre el Área y Metroparques entre mayo de 2020 y octubre de 2022, en los cuales se habrían presentado irregularidades dentro de la asignación y ejecución posterior.
Otra arista tiene que ver con la contratación para construir una bodega en 2023, para la cual firmaron un convenio interadministrativo entre el AMVA y Metroparques y luego este último subcontrató las obras con la firma Constru Americana, en un proceso que, como en el de insumos, habría un claro favorecimiento hacia el contratista. Lo otro, según la Fiscalía, es que parte de los recursos se utilizaron para levantar un hangar que no solo no cumplía con los requisitos técnicos, sino que era totalmente innecesario. En eso se gastaron $243 millones de recursos públicos.
En el tema de la bodega también están imputados algunos que ya aparecían en el proceso por los insumos, como María Eugenia Domínguez, Viviana del Valle; igualmente, lo estuvo la exfuncionaria que se convirtió en testigo clave.
Pero además están Carlos Augusto Jaramillo Villareal, exsecretario general de Metroparques; César Augusto Chavarría Munera, exjefe de la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de Logística de Eventos de Metroparques; Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante legal de Constru Americana, y Camilo García Bustamante, contratista de Metroparques.
Ambos procesos tuvieron unificación y están siendo llevados por el Juzgado 38 Penal de Medellín con funciones de conocimiento, el cual había citado la continuación de la audiencia de acusación para este 6 de julio a partir de las diez de la mañana. El primer asunto a tratar era definir si la juez aceptaba que la presunta implicada y testigo que está declarando bajo principio de oportunidad rindiera su testimonio como prueba anticipada.
El argumento para que esto se haga incluso antes de que inicie formalmente la etapa de juicio es que existe riesgo para la testigo por la gravedad de la información que tendría.
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Y la oposición se ha centrado en que eso sería parte de la etapa de juicio -que todavía no tiene fecha de inicio-.
Hasta ahora, Mejía ha hablado ante la Fiscalía acerca de cómo operaba un entramado de presunta corrupción en el Área y lo que ha dicho ha repercutido no solo en el caso del Parque de las Aguas, sino en otro proceso relacionado con la contratación presuntamente amañada con el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, que implicó recursos cercanos también a los 18.000 millones de pesos.
Entre las revelaciones está la manera como Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde de Medellín Daniel Quintero, era el poder detrás del poder en el Área, cuyas indicaciones eran acatadas, según ella, por el director, Juan David Palacio.
También ha señalado que el hermano mayor del hoy superintendente de Salud habría conformado un comité alterno para controlar la contratación y cobrar coimas.
Ese poder, también de acuerdo con el expediente, se habría sentido además en otras entidades como Metroparques, la Empresa de Desarrollo Urbano y el Inder.
Pero no solo ha sido el testimonio, sino que Mejía ha aportado chats, audios y fotos que serían determinantes en la fase de juicio.
A la diligencia de este lunes no se permitió el ingreso de los medios de comunicación, pero una fuente le confirmó a EL COLOMBIANO que la solicitud fue acogida a pesar de la oposición de prácticamente todos los abogados de los acusados.
Después de que la juez le dio el visto bueno a la prueba anticipada, ahora la mecánica sería que Mejía haga de nuevo su relato presentando el material de respaldo que haya, y que tanto la Fiscalía como los abogados de las distintas partes puedan preguntarle en un formato de interrogatorio y contrainterrogatorio. A través de su abogado, esta ha pedido que esto se realice en una audiencia privada, pero aún no se sabe si la juez acoja esa propuesta.
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El juzgado anunció una nueva audiencia para el 30 de julio próximo a partir de las 8:10 a.m. con el fin de que los defensores que interpusieron recurso de apelación sustenten su discrepancia.
En el caso del Parque de las Aguas, también está pidiendo pista para declarar a cambio de beneficios Yamileth Galíndez Chilito, representante legal de 1Soluciones, que es una de las firmas investigadas.
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