Hace poco se conoció que por fin la Fiscalía radicó el escrito de acusación en contra de Martha Alexandra Agudelo Ruiz, exsecretaria de Educación de Medellín durante el mandato de Daniel Quintero; Lina Maria Gil Zapata, exdirectora técnica del programa Buen Comienzo durante el mandato anterior; y el contratista Henry Paulison Gómez Montoya, representante legal de la Corporación Colombia Avanza, la empresa untada en el escándalo del programa Buen Comienzo durante la pasada administración.
El escándalo de Buen Comienzo es un entramado de presunta corrupción en el que estaría involucrada la exsecretaria Agudelo, la exdirectora Gil y quienes habrían favorecido de manera ilegal en una contratación supuestamente direccionada hacia Colombia Avanza y que habría alcanzado los $22.000 millones. La pérdida para la ciudad por las irregularidades presuntamente cometidas en ese contrato ascenderían a $2.333 millones.
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A los implicados se les acusa formalmente de incurrir en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación –agravado por la cuantía del contrato de $22.000 millones–, e interés indebido en la celebración de contratos.
Cabe recordar que dicha radicación se esperaba se realizara en el mes de abril, sin embargo ante las constantes suspensiones del proceso de Agudelo y los demás, la tarea había quedado inconclusa. De hecho el 25 de abril se celebró la cuarta audiencia y en ella la Fiscalía se comprometió a que antes de que se acabara mayo estaría listo el escrito de acusación. Sin embargo, este aparece fechado el pasado 4 de junio.
En esa ocasión la sesión alcanzó a comenzar, pero fue suspendida por solicitud expresa del fiscal asignado al caso, el cual manifestó necesitar más tiempo para verificar de manera pormenorizada el acervo probatorio que debe trasladar a la defensa de los implicados, ya que es nuevo en la asignación de la Fiscalía 77 seccional de Medellín.
Según expresó el funcionario, esa revisión era indispensable para garantizar un ejercicio riguroso del debido proceso y con el fin de evitar futuros cuestionamientos por omisiones o deficiencias en el contenido del escrito de acusación.
Aunque el juez de conocimiento aceptó la petición al respecto, advirtió que no admitiría nuevos aplazamientos, a la vez que conminó al fiscal a cumplir estrictamente con los términos procesales.
Ya con el compromiso de la Fiscalía cumplido, se espera que el proceso continúen su desarrollo en la próxima audiencia de juicio, que tendrá lugar el próximo 31 de julio a las 2:00 p.m.
Este ha sido un camino lleno de tropiezos para que se cumplan los cronogramas, que han conducido a que este asunto legal lleve alrededor de dos años sin resolverse.
De hecho, la primera fecha para la acusación era el 29 de agosto pasado, pero entonces la fiscal argumentó que no había podido unificar el escrito de acusación por la “complejidad del asunto y de situaciones propias de su cargo”.
Pero en la nueva fecha (22 de noviembre de 2024) tampoco se presentó ese documento, por lo que se volvió a aplazar para el 7 de abril. El problema al llegar la fecha mencionada es que no se presentó el fiscal porque había renunciado.
