Luego de las revelaciones sobre una fiesta de grandes proporciones en la que participaron los jefes de las bandas presos en la cárcel de Itagüí que son voceros en la estrategia de paz urbana, el Gobierno Nacional informó que los encuentros con estos quedarán suspendidos.
En un comunicado, la delegación de representantes del gobierno de Gustavo Petro, encabezada por la senadora Isabel Cristina Zuleta, manifestó su rechazo a lo ocurrido este miércoles, cuando aconteció la mencionada rumba que tuvo hasta artistas reconocidos, trago por montones y servicio de catering para la provisión de alimentos desde fuera del penal.
“Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, dice el documento.
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A la vez, respaldaron las medidas adoptada por la dirección del Inpec, entidad que anunció en horas de la mañana la salida del director y el coordinador de la guardia de la Cárcel de Itagüí, así como la apertura de investigación contra siete funcionarios que estaban de servicio cuando sucedió el zafarrancho.
Según reveló en sus redes sociales la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, la parranda ocurrió este miércoles, 8 de abril. desde horas de la mañana en la cárcel de Itagüí, para la parranda vallenata fue contratado el artista Nelson Velásquez, lo mismo que el cantante Luis Posada y hay versiones de que también habría actuado una intérprete de música popular.
Pero además, la rumba habría contado con licor en abundancia y alimentos contratados con una empresa por fuera del penal que brindó el servicio.
El costo total habría ascendido a cerca de 500 millones de pesos que se financiaron mediante una “vaca” de los jefes de bandas, según testimonios. Solo a Velásquez le habría pagado 100 millones de pesos.
También, de acuerdo con Carrasquilla, los organizadores habrían aprovechado que el director de la cárcel estaba en su día de descanso y que habría quedado como encargado un mayor de apellido Cipriano, quien habría sido el mismo que estaba a cargo de la vigilancia el 21 de junio del año pasado, el día del famoso “tarimazo”, en que nueve capos de las bandas salieron para un acto en la plazoleta de La Alpujarra, en el centro de Medellín, para un acto con presencia del presidente Gustavo Petro.
Y se habrían valido de la gabela que tienen estos jefes delincuenciales como voceros ante el proceso de ‘paz urbana’, de permitirles la entrada de tres visitantes por cada uno los días miércoles. De esa manera se habrían reunido cerca de cien personas.
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En horas de la mañana ya el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se había pronunciado al respecto.
“Es importante resaltar que esta actividad en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”, aclaró la entidad en el comunicado en el que anunció que abrieron investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio durante los hechos que ahora son materia de investigación y que se autorizó la intervención de grupos especiales al pabellón de alta seguridad.
Del “tarimazo” a la gran rumba
La mesa de conversaciones con los jefes de bandas del Valle de Aburrá presos en la cárcel de Itagüí se inició en junio de 2023, bajo el nombre de Espacio de Conversación Sociojurídico, con miras a lograr unos acuerdos iniciales que garantizaran la convivencia en esta parte del país y con miras a un posible sometimiento de las estructuras de alto impacto.
Para ello el Gobierno les concedió la calidad de voceros a 23 jefes de estas organizaciones. El proceso ha sido polémico por los privilegios que les han concedido y por los pocos resultados que aparentemente arroja.
El hecho más controvertido fue la salida de nueve de esos jefes para un acto especial que ha sido conocido como el “tarimazo”, el 21 de junio del año pasado, en el cual compartieron escenario con el presidente Gustavo Petro.
Pero adicionalmente, en los últimos días la decisión de la Fiscalía de suspender las órdenes de captura contra los 23 capos delincuenciales, ante una petición del Gobierno, produjo un rechazo casi generalizado. Posteriormente, la fiscal Luz Adriana Camargo anunció que se revertiría la medida y solo conservaban el beneficio siete cabecillas.
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