El anuncio del presidente Gustavo Petro, quien decretó que el salario mínimo para 2026 tendrá un aumento del 23%, desató una oleada de reacciones en el sector empresarial de Medellín y Antioquia, donde los gremios advirtieron que la decisión, adoptada sin consenso, podría tener efectos adversos sobre el empleo formal, la inflación y la sostenibilidad del tejido empresarial, en especial de las pequeñas y medianas empresas.
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Desde la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, su presidenta ejecutiva, Lina Vélez de Nicholls, cuestionó la forma en la que el Gobierno Nacional adoptó la medida. Según afirmó, el anuncio evidencia una incapacidad por parte del Gobierno para la concertación, al no tener en cuenta la opinión de los principales generadores de empleo del país, es decir, el sector privado en su conjunto, que incluye desde microempresas hasta grandes compañías.
“Esto generará una alta inflación, unos altos costos de vida y fomentará la informalidad laboral”, afirmó la presidenta de la Cámara de Comercio de Medellín.
Una postura más crítica fue expresada por la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria, quien calificó el aumento decretado por el Gobierno como “descomunal” y reiteró el rechazo de ese gremio a participar en la mesa de concertación. Según explicó, Fenalco se retiró del proceso al considerar que nunca existió un verdadero diálogo técnico, y que la decisión final fue una imposición de último momento por parte del Gobierno.
Bernal Gaviria advirtió que las consecuencias de este incremento serán “sumamente negativas” y habló de una “masacre de empleos formales” en todo el país.
“Van a ser miles los colombianos que van a migrar a la informalidad, al desempleo y a la pobreza, al hambre, porque a eso condenaron a miles de colombianos. También cerrarán empresas que no van a poder soportar los costos fijos que este aumento representa”, indicó la directora.
Además, Fenalco Antioquia alertó que se presentará un aumento generalizado de precios en múltiples rubros de la economía que están atados al salario mínimo, lo que terminará afectando el poder adquisitivo de los hogares.
Desde Intergremial Antioquia, que agrupa a 35 gremios del departamento, también se emitió una alerta por las repercusiones económicas y sociales de la medida. Su presidente, Nicolás Posada López, aseguró que el aumento “excesivamente alto” del salario mínimo generará presiones inflacionarias, al incrementar los costos de producción y operación de las empresas, costos que inevitablemente serán trasladados a los consumidores.
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Al igual que Fenalco, desde Intergremial señalaron que otro de los efectos será una contracción del empleo formal, ya que muchas empresas se verán obligadas a reducir personal o a frenar nuevas contrataciones. El impacto, dijo Posada, será especialmente fuerte sobre las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 95 % del tejido empresarial colombiano y que cuentan con menores márgenes financieros para absorber incrementos abruptos en los costos laborales.
“Otra consecuencia de este atentado hacia la economía será la sustitución de la mano de obra por tecnología, dado que los costos laborales son demasiado altos en relación con la productividad”, indicó Posada.
Los gremios y empresarios paisas aludieron a que esta decisión es adoptada con “criterios populistas o electorales”, sin un análisis técnico riguroso, lo que a corto plazo, podría asfixiar y acabar con la estabilidad económica y miles de empleos en el departamento.
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