Un total de 51 imputaciones —la gran mayoría a funcionarios de la anterior administración de Medellín y las demás a personas que se relacionaron con ellos— más dos encarcelados y el propio Daniel Quintero acusado ante un juez penal, son signos de la solidez de los procesos por la presunta corrupción que operó dentro de la alcaldía pasada.
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Quintero aparentaba permanecer al margen de la gran cantidad de denuncias de presuntos malos manejos que pulularon en el periodo en que ocupó la alcaldía de Medellín; cuando surgía algún caso concreto contra un subalterno suyo jamás hizo siquiera un pronunciamiento que indicara voluntad de investigar por si se tratara de alguna “manzana podrida” en su redil.
También esquivó los señalamientos contundentes contra su hermano, Miguel Quintero, quien según testimonios habría maquinado una organización para el cobro de coimas a cambio de contratos.
Distintas autoridades, como la Fiscalía, Personería de Medellín, Procuraduría, Contraloría y hasta el Consejo Nacional electoral han abierto procesos por distintas causas, siendo la que más se repite la celebración indebida de contratos.
La administración actual, del alcalde Federico Gutiérrez, ha pedido que estos casos no se traten de manera aislada, sino como un macrocaso, pues consideran que hay un modus operandi común y que la presunta corrupción habría sido una conducta general instaurada y dirigida desde el piso 12 de La Alpujarra, donde despacha el staff de la administración distrital.
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El exalcalde de Medellín siempre ha dicho que las acusaciones en contra de él y su círculo cercano tienen un trasfondo eminentemente político, señalando directamente al alcalde actual, Federico Gutiérrez y al “uribismo corrupto” de urdir los montajes judiciales.
Hasta finales de 2024 se escuchaban quejas por la aparente paquidermia de los organismos de investigación para mover los expedientes y a Quintero solo lo habían tocado casos como el del famoso “cambio en primera” por presunta participación en política durante la campaña de 2022 para Congreso y Presidencia, que tal vez que podían acarrear sanciones disciplinarias y si acaso penalidades económicas.
Sin embargo, 2025 pasará a su historia personal y de la ciudad porque muchos de esos procesos se aceleraron y porque el propio exmandatario local quedó inmerso en un juicio en el que está respondiendo por presunto prevaricato por acción y peculado por apropiación que podría incluso llevarlo a la cárcel.
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Muy temprano, en febrero, la Procuraduría anunció la apertura de investigación contra Quintero por no publicar su declaración de renta, un requisito que es exigido a todos los funcionarios públicos como garantía de transparencia.
Pero en marzo comenzó en serio ese proceso que lo implica más directamente y pone en riesgo su libertad. Se trata del caso Aguas Vivas, donde se superó la etapa de imputación de cargos y Quintero está acusado de presunto prevaricato y peculado, hay nueve altos exfuncionarios suyos, como secretarios y directores de unidades especiales que responden por supuesto interés indebido en celebración de contratos y peculado, más tres particulares con cargos por peculado por apropiación.
Con respecto al caso, Quintero siempre se mostró altanero, expresando que la Fiscalía no tenía pruebas contra él, pero aparentemente se equivocó porque al final del año se concretó una acusación en firme, dando paso a un juicio, etapa a la que solo llegan el 7% de los procesos penales que se abren en Colombia.
Poco a poco le han ido “bajando los humos”, como en la audiencia de imputación de abril, por Aguas Vivas, cuando el juez le hizo varios llamados de atención por varias interrupciones y por una alusión irrespetuosa acerca de que la fiscal había pedido tiempo para ir al baño pero en realidad quería era que alguien le soplara respuestas a las increpaciones que le habían hecho los abogados defensores.
“Ya le he llamado la atención muchas veces frente a sus preguntas y comentarios fuera de contexto e irrespetuosos, incluso en la diligencia del 8 de abril su comportamiento tampoco fue acorde al decoro de este tipo de diligencias”, le dijo el juez 50 Penal de Medellín. Luego añadió: “Usted debe dar ejemplo a la sociedad, usted es una figura pública y hoy por hoy es una persona que tiene el foco de atención de esta diligencia a nivel nacional, entonces ese comentario...”.
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Como Quintero intentó intervenir, el representante de la Judicatura subió el tono de voz agregando: “Usted habla cuando le da la gana y yo le he dicho que yo le doy el uso de la palabra. Cuando yo le dé el uso de la palabra usted interviene y en este momento usted no tiene el uso de la palabra. Sea respetuoso con sus compañeros y sea respetuoso con sus conciudadanos”. Después ordenó apagarle el micrófono.
Fuera de este, otros procesos avanzaron en el presente año. A mediados de julio la Procuraduría General de la Nación anunció apertura formal de investigación contra Quintero, su exsecretaria privada María Camila Villamizar y otros funcionarios administrativos por el manejo que le dieron a los Fondos Fijos Reembolsables, que eran como la caja menor de la Alcaldía. Entre las conductas que indagan hay compras en los restaurantes más costosos de la ciudad que serían irregulares y hasta doble reporte de gastos.
También se realizó la audiencia de acusación para formalizar la imputación de cargos a exdirectivos de Metroparques y contratistas particulares por varios contratos relacionados con el Parque de las Aguas en los cuales se habrían usado mal $4.500 millones.
Igualmente, hubo nuevas imputaciones penales en el caso de la contratación entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús por $16.123 millones.
Y uno de los procesos que más atención concitó, por lo que movió dentro y fuera de las audiencias, fue el de la contratación entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. En medio de las diligencias se reveló un testimonio según el cual quien dirigía el tinglado de corrupción en el AMVA era Miguel Quintero, el hermano del entonces alcalde, junto con un puñado de allegados que habría puesto en cargos clave dentro de esa misma entidad, el Inder, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU).
Días antes, EL COLOMBIANO tuvo acceso a través de testigos a imágenes de Miguel Quintero reunido con esas fichas claves, lo mismo que fotos y videos que él mismo puso a rodar en su círculo íntimo, presumiendo de un Rólex que podría costar entre $70 y $200 millones, un Ferrari (unos $1.500 millones) que habría recibido por una comisión y un apartamento de lujo en El Poblado.
Previamente, en otros informes, este medio había revelado el incremento exponencial del patrimonio de este, quien se ha movido en carros de media y alta gama y en poco tiempo adquirió una casa finca de recreo, un apartamento en El Poblado y un terreno en el Oriente antioqueño.
La información ha llegado a los medios y a la propia Fiscalía gracias a que presuntos implicados están pidiendo pista por un principio de oportunidad, colaborando con las autoridades a cambio de un trato benévolo. Según fuentes cercanas a los procesos por corrupción, si se le da vía libre a esa colaboración el 2026 podría ser un periodo que ofrezca sorpresas.
La directora encargada de la veeduría Todos por Medellín, Lucinda Amaya, destacó la importancia de que varias sanciones disciplinarias han sido ratificadas en segunda instancia y que en el campo penal se hayan producido medidas de aseguramiento, aunque indudablemente, para ella el caso más relevante haya sido el del AMVA-Bomberos de Itagüí porque allí se demostró que las denuncias “no son cuestión de persecución, como se ha dicho en otros escenarios”, sino que finalmente “la Fiscalía ha afinado más sus investigaciones” para develar que no se habría tratado de una apropiación de recursos por uno o dos funcionarios sino de una estrategia bien planeada de alcance general.
El secretario General de la Alcaldía, Sebastián Gómez, agregó: “Seguimos confiando en la justicia, esperamos que avancen los procesos a la etapa de juicio y que se logren dos cosas: recuperar el dinero para el Distrito y que avance el macrocaso, porque esta fue una estructura organizada”.
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En abril comenzó la imputación de cargos contra el exalcalde Quintero, nueve altos funcionarios suyos y los antiguos propietarios de este predio localizado en Las Palmas, por parte de la Fiscalía. El exmandatario está acusado penalmente de posible peculado y prevaricato por firmar el decreto 412 en mayo de 2023, mediante el cual habría hecho una modificación a los usos del suelo que, según la Fiscalía, favoreció a los antiguos propietarios. Este es hasta ahora el caso por presunta corrupción que más directamente toca a Quintero. La última audiencia en etapa de juicio fue en noviembre y continuará en febrero. Por este mismo caso, en noviembre, la Procuraduría también le abrió investigación disciplinaria a él y cinco exfuncionarios.
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Primeros encarcelados por presunta corrupción
El 6 de octubre fueron aprehendidos el entonces gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, el jefe de esa agrupación, Elkin González y la funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá Janeth Rúa por presuntas irregularidades en contratos por casi $18.000 millones. En la audiencia de imputación se revelaron audios, videos y otros materiales que darían pistas no solo de cómo habría funcionado un tinglado corrupto en el Amva sino en otras entidades del Distrito, con la presunta coordinación de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín. Después de la diligencia quedó en libertad González, por considerar el juez que no representa un riesgo para la sociedad ni para el devenir del proceso penal. El proceso augura posibilidades de avance, pues habría implicados buscando un principio de oportunidad.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Daniel Quintero puede ir a la cárcel?
- Sí. En el caso Aguas Vivas enfrenta un juicio por presunto peculado y prevaricato, delitos que podrían acarrear penas de prisión si hay condena.
- ¿Qué es el macrocaso de corrupción en Medellín?
- Es la hipótesis de que varios contratos irregulares obedecen a un mismo esquema coordinado desde la anterior administración distrital.
- ¿Por qué 2026 será clave en estos procesos?
- Porque podrían concretarse principios de oportunidad, nuevas imputaciones y decisiones judiciales de fondo en los casos más avanzados.
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